2001-2003: historia de dos países

Entre la salida de De la Rúa y este diciembre de 2003, otro país comenzó a construirse. Pero aunque el clima social ha cambiado, las demandas de renovación política permanecen latentes en un debe difícil de superar
Martín Dinatale
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21 de diciembre de 2003  

De la ilusión al abismo hay unos pocos pasos. A dos años de la profunda crisis de diciembre de 2001 que culminó con la caída de Fernando de la Rúa, la Argentina transita por una delgada línea que separa la peligrosa debilidad de las instituciones y la percepción de una salida definitiva del tormento político y económico que desde hace años sufre el país.

Está claro que lejos quedaron las imágenes de un país que se incendiaba con el correr de las horas y en el que las cacerolas pedían "que se vayan todos". Pero el temor al regreso de la violencia está latente y la realidad de una democracia en su plenitud aún no ha llegado para los argentinos.

El presidente Néstor Kirchner no se cansa de repetir que "todavía estamos en el infierno". Eduardo Duhalde sostiene, cuando evalúa la problemática piquetera, que un día la democracia va a decir basta". Por no hablar de los referentes de la oposición, que todavía no ven que el país haya salido de la transición en que se sumergió luego del 20 de diciembre de 2001.

Con ciertos matices hay una coincidencia inevitable entre dirigentes, analistas políticos y referentes de las organizaciones no gubernamentales: la Argentina tiene una extensa deuda en el plano institucional, político y social tendiente a satisfacer los reclamos de la ciudadanía. Todavía no se han dado demasiadas respuestas.

Cinco presidentes en menos de dos años, la devaluación de la moneda, el ingreso en default, la muerte de dos piqueteros, las elecciones presidenciales y provinciales o un lento reacomodamiento de la economía no han hecho cambiar al país de una situación de debilidad.

Según un estudio de la consultora Equis realizado sobre 960 casos de la Capital y del Conurbano, la sociedad parecería haber bajado su nivel de presión sobre la clase política. Mientras que en diciembre de 2001 el sondeo arrojaba que el 35 % de la gente veía como principal problema de la crisis a la clase política, este mes se observó que esa percepción cayó al 9,6%.

Sin embargo, el nivel de cuestionamientos a los dirigentes políticos sigue siendo elevado y el estudio no ha tomado en cuenta las recientemente renovadas denuncias de corrupción en el Senado donde los legisladores vuelven a estar en el ojo de la tormenta.

Reforma política

Es esta misma clase política la que no ha logrado dar respuesta plena a una profunda reforma del sistema de funcionamiento de los partidos políticos, del proceso eleccionario y de padrón de votantes, de la designación de candidatos y de los mecanismos de participación y control ciudadano.

"Parece ser que desde los partidos políticos no hubo un aprendizaje del mensaje ciudadano de ?que se vayan todos´ porque, por ejemplo, la designación de candidatos no se hizo en función de la ley de internas abiertas partidarias", expresó a LA NACION Norberto Borzese, representante de la Mesa de Diálogo Argentino.

En rigor, el Congreso sancionó una ley de elecciones internas abiertas obligatorias para designar a los candidatos presidenciales, que luego no fue cumplida a raíz de las peleas en el justicialismo desatadas entre Carlos Menem y Duhalde.

Hay que destacar, de todos modos, que el gobierno de Kirchner hizo algunos esfuerzos por lograr mayor calidad institucional al emitir los decretos que promueven el acceso público a la información del Estado, la regulación del lobby y los mecanismos para realizar audiencias públicas en la elaboración de normas de entes reguladores. Además, las organizaciones no gubernamentales y el Gobierno comenzaron a elaborar desde hace un mes una agenda de temas para avanzar con la reforma política que está postergada desde hace más de cinco años.

Desde el peronismo, el ex jefe de gabinete de Duhalde y actual diputado bonaerense Alfredo Atanasof ensaya una suerte de autocrítica hacia la corporación política: "En el peronismo, al igual que otros partidos, necesitamos acercarnos aceleradamente a la sociedad que se nos aleja porque --dijo-- hoy estamos ajenos a las organizaciones no gubernamentales, a los piqueteros, a las asambleas barriales que debemos incorporar".

Sin embargo, para el Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, la crisis política ha quedado superada por las elecciones nacionales y provinciales de este año. "Hoy el cuestionamiento a la dirigencia política es marginal", señala Tullio a LA NACION, al ratificar que en las últimas elecciones hubo un 75% de nivel de participación y el voto positivo (por un partido político) fue del 97%.

Es cierto que el menemismo como fuerza interna del PJ y el propio Menem están casi extinguidos de la política. También lo están en cierta medida Raúl Alfonsín, Chacho Alvarez, y Fernando de la Rúa. Pero vuelven a aparecer dirigentes que se creían desterrados como Adolfo Rodríguez Saá o Luis Barrionuevo

A la vez, en más del 60% de las elecciones provinciales quedó demostrado que la gente no optó por un cambio porque los poderes locales se perpetuaron y el PJ sigue siendo el partido hegemónico en todo el país. En tanto, el radicalismo sigue sin reponerse tras la caída de De la Rúa y la oposición encabezada por el ARI, de Elisa Carrió, y Recrear, de Ricardo López Murphy, son fuerzas que han quedado muy desdibujadas en el Congreso ante la abrumadora mayoría peronista.

Se ha anunciado con estridencia una renovación de la política desde el esquema kirchnerista de la "politica transversal". Aunque se comprobó que, en muchos casos, se trata de dirigentes reciclados por fuera de la estructura del PJ que son apoyados por el Gobierno en el nivel nacional pero que están severamente cuestionados por la gente en sus distritos.

La protesta social protagonizada en gran medida en diciembre de 2001 por las asambleas barriales y los cacerolazos de la clase media descontenta con el corralito bancario pasó a un segundo plano para dar lugar al avance de los grupos piqueteros.

A la distancia de los hechos ocurridos en la Plaza de Mayo en diciembre de 2001, López Murphy dijo a LA NACION: "Lamento que una pueblada haya podido más que los mecanismos constitucionales". Pero remarcó que "lo más trágico es que la lógica colectiva vio posible que se interrumpiera el orden constitucional".

Visto a la lejanía, el politólogo de la Universidad de Buenos Aires Ricardo Sidicaro sostiene que, ante los grupos piqueteros, "es natural que la clase política tenga temores, porque son referentes de la autorepresentación de la protesta" que, en muchos casos, no son controlados por el Gobierno.

En rigor, Kirchner no sabe aún qué medidas tomar ante estos grupos. Opta por el diálogo en lugar de la represión pero no logra unificar posturas o morigerar a los sectores más duros. Deambula entre un discurso que cuestiona los cortes de ruta y dialoga con esos mismos exponentes.

Planes sociales

Pocos días después de que la Asamblea Legislativa proclamara a Duhalde como presidente interino para salir de la crisis se creó el mayor plan social de la historia argentina: el Jefes y Jefas de Hogar, que, en un primer momento, contó con un millón de beneficiarios y que, actualmente, llega a 2.200.000 personas.

Este megaprograma social se convirtió en la herramienta de Duhalde para frenar el incendio al que estaba sometido el país. Fue quizá la clave para apaciguar los caldeados ánimos sociales, sacar a la gente de las calles en forma urgente y disminuir los niveles de pobreza y desocupación en aumento.

La Mesa de Diálogo Argentino fomentó la creación de este programa y se crearon consejos consultivos, que, en teoría, iban a estar conformados por representantes del Estado y de la sociedad civil a fin de establecer un mayor control de los planes.

La realidad abrumó a los funcionarios del gobierno de Duhalde y una lluvia de denuncias de irregularidades en el manejo de programas llegó de la mano de la apertura del plan Jefes y Jefas de Hogar. Los punteros políticos, primero, y algunos grupos piqueteros después, se ubicaron en el ojo de tormenta de estas denuncias. Desde la Auditoría y la Sindicatura General de la Nación hasta Cáritas y otras organizaciones no gubernamentales se denunció el manejo clientelista de este programa. A la vez, se observó un bajo nivel de constraprestación laboral entre los beneficiarios del programa.

A dos años de la instrumentación del plan asistencial, el gobierno de Kirchner tiene como objetivo central convertir en forma paulatina el plan Jefes y Jefas en un programa que motorice el trabajo genuino. Pero sólo con una reactivación de la economía se irá desactivando este megaplan social. Además, "es necesario que la sociedad tome conciencia de la participación en estos programas para otorgar mayor transparencia y control al sistema", sostuvo el titular de Cáritas, Eduardo Cerantes, a LA NACION.

En caso contrario, tanto la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, como las ONG que participan del control del sistema saben que el programa se podría convertir en una verdadera "bomba de tiempo". Si no se crean puestos genuinos de trabajo que disminuyan el número de beneficiarios del plan y si el Estado no puede mantener los más de 3000 millones de pesos que cuesta este programa anualmente, varios funcionarios y dirigentes coinciden en que la crisis de 2001 será ínfima en comparación con el hipotético escenario de desbarranque social.

Economía

En tanto, la economía está pasando por un momento de incipiente crecimiento del que no se conocen con exactitud sus horizantes.

El país ha salido, al menos temporalmente, del default, pero aún resta saber si el mundo financiero aceptará una quita de la deuda como la que hoy plantea el ministro de Economía Roberto Lavagna.

La devaluación de la moneda que instauró Duhalde se instaló a regañadientes y con crecimientos asimétricos de la economía. Esta medida nunca fue aceptada por la gente. De hecho, una encuesta de Equis de diciembre de 2001 refleja que en aquel momento el 78% de la gente aún se oponía a la salida de la convertibilidad. Pero los argentinos se acostumbraron a vivir en un país sin paridad cambiaria. También tuvieron que aceptar que el corralito financiero fuera una realidad estable y que las salidas que ofrecía el Gobierno nunca serían las óptimas.

Pero no se aceptan aún en la sociedad los elevados niveles de desocupación y pobreza. Si bien la imagen de Kirchner sigue siendo elevada entre la gente, la encuesta de Equis refleja que la desocupación encabeza la lista de temas más preocupante (60,5%), casi al mismo nivel que el problema de la inseguridad (51,5%).

Justicia

La depuración de la Corte Suprema de Justicia encarada por el gobierno de Kirchner fue aplaudida por buena parte del arco político. El PJ logró en el Congreso el apoyo de radicales, legisladores de ARI y de la izquierda para retirar del máximo tribunal a tres jueces.

En este sentido, la encuesta de Equis demuestra que el 76% de la gente vio como un hecho positivo la renovación de la Corte y sólo un 13,6% se opuso a esto.

La ex diputada Carrió observa como "un avance para la democracia" la depuración de la denominada mayoría automática menemista de la Corte. También fue elogiado por la Mesa de Diálogo Argentino, por asociaciones de abogados y por diversas fuerzas políticas el mecanismo de selección de jueces para la Corte que deben pasar por un filtro de las audiencias públicas.

Pero el inminente reemplazo de las vacantes del máximo tribunal comienza a ser visto por algunos como un virtual reemplazo de mayorías proclives al oficialismo de turno. El ex ministro de Justicia de la Alianza y reconocido jurista Ricardo Gil Lavedra expresó a LA NACION que "en un momento en que el Poder Ejecutivo tiene amplias facultades delegadas por el Congreso y mantiene un control dominante de la situación política, dejar en manos exclusivas de Kirchner la designación de jueces para la única institución con valor de control que existe en el país es muy peligroso".

Por otra parte, entre los faltantes que la Mesa de Diálogo Argentino señaló en el área de la Justicia, Borzese enumera la necesidad de revisar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la creación de fiscalías barriales y la promoción de mecanismos de accesibilidad a la Justicia. Y en el debe también cabe recordar el Indice de Percepción de la Corrupción 2003 (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, que ubicó a la Argentina en el puesto 92 del ranking mundial, con un puntaje incluso tres décimas por debajo de la nota que recibió el año pasado. Y esta medición no contabilizó las renovadas denuncias sobre sobornos en el Senado.

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