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La intervención a Santiago del Estero

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2 de abril de 2004  

Al aprobar la ley que dispone la intervención federal a Santiago del Estero, el Congreso nacional ha dado un paso decisivo -aunque tardío- hacia el desmantelamiento de un sistema político oprobioso, de reminiscencias semifeudales, en el que las instituciones se han ido degradando y en el que impera desde hace décadas un asfixiante y anacrónico personalismo.

Hacía ya tiempo que LA NACION venía reclamando a los poderes federales, desde su columna editorial, que se pusiera fin a los abusos del régimen encabezado por el veterano caudillo Carlos Juárez, que durante medio siglo gobernó la provincia sin sujetarse prácticamente a control alguno. En nuestro editorial del 11 de este mes, sin ir más lejos, titulado "Una intervención que clama al cielo", insistimos en que es imprescindible desmontar cuanto antes el ignominioso clima de violencia y opresión imperante en la provincia. Por entonces, el ministro del Interior consideraba que no estaban dadas las condiciones para la adopción de esa medida extrema y así lo afirmó en un artículo publicado en nuestro diario. Los hechos han demostrado, finalmente, que el doctor Aníbal Fernández no tenía la visión correcta del tema.

Las causas judiciales abiertas contra la ex gobernadora, Mercedes Aragonés de Juárez, que asumió el Poder Ejecutivo provincial después de que su marido lo ejerciera durante varias décadas, fueron los últimos detonantes de la reacción en cadena que llevó al Congreso de la Nación a dictar la intervención. En las últimas semanas la situación se fue tornando cada vez más tensa, en la medida en que se fueron conociendo los pormenores de la sórdida red de espionaje ilegal montada por el oficialismo para reunir elementos relativos a la intimidad personal de los ciudadanos. En dependencias del gobierno se había ido formando así un archivo cuyo contenido se utilizaba para amedrentar o extorsionar a los opositores.

Entretanto, las demandas penales contra Carlos Juárez por abuso de autoridad, administración fraudulenta, usura y daño patrimonial en perjuicio de la provincia se han seguido multiplicando. Ayer, finalmente, un juez federal ordenó la detención del matrimonio Juárez, que quedó bajo arresto domiciliario.

La ley que se ha aprobado dispone con sobrada razón la intervención de los tres poderes de la estructura constitucional santiagueña. No podía ser de otro modo, pues la Legislatura ha estado completamente sometida al poder administrador y una parte significativa del Poder Judicial ha carecido también de la necesaria autonomía para resistir las presiones del absolutismo provincial, aunque no faltaron en la provincia -es justo destacarlo- magistrados de conducta ejemplar que defendieron, asumiendo toda clase de riesgos, su independencia y su dignidad. Lamentablemente, la mayor parte de esos jueces dignos tuvieron que alejarse, finalmente, de la provincia.

El abominable doble crimen de La Dársena, del que fueron víctimas dos jóvenes mujeres, contribuyó a crear en la opinión pública un generalizado sentimiento de indignación, sobre todo a partir del momento en que se tuvo la clara sensación de que en esos asesinatos estaban comprometidos personajes vinculados con el oficialismo provincial, en el contexto de un cuadro de corrupción que guardaba sugestivas similitudes con el del caso María Soledad Morales, acaecido en Catamarca durante el gobierno de Ramón Saadi.

Los escándalos que se fueron registrando a través del tiempo como consecuencia de la constante tendencia del gobierno provincial a imponer su voluntad con mano férrea sin el más mínimo respeto por los derechos y las libertades de los ciudadanos son sobradamente conocidos, pues la prensa de todo el país los fue registrando paso a paso. El régimen juarista persiguió con saña, por cierto, a todas las organizaciones periodísticas opositoras o disidentes que intentaron abrirse camino en el territorio provincial y en más de una oportunidad amenazó a los corresponsales y enviados especiales a Santiago del Estero de los diarios nacionales o de otras provincias.

El juarismo intentaba, así, mantener a la provincia en un riguroso aislamiento. Pero su intento fue vano, pues el heroísmo con que varias generaciones de santiagueños defendieron la libertad y la dignidad de su suelo fue minando el poder del régimen hasta lograr que el país entero tomara conciencia de la necesidad de poner fin a su dominación.

El derrumbe del juarismo en Santiago del Estero debe servir como una oportunidad para que los argentinos reflexionemos sobre determinadas características estructurales de la vida política nacional. En el espejo santiagueño pueden verse reflejados otros regímenes que ostentan, también, reminiscencias semifeudales y en los cuales imperan estructuras políticas habituadas a perpetuarse en el poder. Es hora de que crezca y se consolide en todo el país una conciencia vigorosa sobre el valor de la democracia, que sólo es concebible allí donde existe la saludable práctica de la alternancia en el poder. No es casual que Adolfo Rodríguez Saá haya figurado entre los escasísimos legisladores que votaron contra la intervención.

La organización republicana no debe estar contenida sólo en la letra ritual de las constituciones: debe estar presente también en el espíritu vivo de la experiencia democrática y cívica con que cada sociedad se gobierna a sí misma. El molde de los feudalismos familiares anacrónicos debería desaparecer de la faz institucional argentina. Con el juarismo, deberían caer también los últimos bastiones del clientelismo político que, con distinto pelaje, extiende todavía su sombra sobre otros territorios provinciales.

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