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Nuevos conflictos de interés

Por Carlos Weitz Para LA NACION
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20 de junio de 2004  

Los conflictos de interés existen desde el comienzo mismo de la humanidad. Una de las funciones del Estado que ya casi nadie discute (aunque algunos "dinosaurios" intelectuales aún no se han extinguido) es regular mercados imperfectos caracterizados por fuertes asimetrías en desmedro de los más débiles.

La naturaleza y la estructura de los mercados financieros constituyen un abono para la proliferación de conflictos de interés de distinta índole.

Una de los casos más usuales se da cuando se concentra en una misma cabeza la administración de fondos propios y la de terceros. El carácter dominante que han alcanzado los conglomerados financieros en el nivel mundial ha potenciado este problema.

Las organizaciones que agrupan a los reguladores financieros (de valores, bancarios, de seguros y pensiones) en el nivel mundial han puesto la lupa sobre este fenómeno y han generado nuevas leyes y efectuado recomendaciones que en la Argentina se han seguido en forma inconexa.

El doble papel de auditor y consultor de Andersen en el caso Enron fue una de las semillas que posibilitaron uno de los fraudes más dañinos que han sufrido los inversores norteamericanos en las últimas décadas. Preguntas tales como "¿quién audita a los auditores?" recibieron una respuesta legal rápida y contundente por parte del Congreso norteamericano con la sanción de la ley Sarbanes-Oxley.

Sin embargo, el conflicto original parte del hecho de que los auditores externos así como las compañías calificadoras deben analizar a aquel que les paga sus honorarios, por lo que su independencia se ve comprometida en forma natural.

El fiscal general de Nueva York, Elliot Spitzer, ha descubierto y penalizado a bancos de inversión cuyas áreas de estudios recomendaban productos, que "casualmente" eran vendidos por la misma institución con los correspondientes ingresos por comisiones. Como resultado de estos escándalos las empresas han modificado sustancialmente su manera de actuar, imponiéndose las denominadas "murallas chinas" que separan taxativamente los sectores que pueden incurrir en conflictos de interés dentro de una misma compañía.

Uno de los más pujantes conglomerados financieros chilenos (Inverlink) surgido en la última década, ha sido desmembrado por un fraude en el que utilizaba distintas empresas del grupo en beneficio de algunos de sus accionistas y en desmedro de sus inversores. Este escándalo ha abierto una discusión en la sociedad chilena, que está replanteando la normativa y supervisión sobre estos gigantes financieros.

A diferencia de lo que algunos creen, una mejor regulación ayuda al crecimiento de los mercados, los torna más competitivos, abre mayores oportunidades de negocios, permite que se brinden mayores servicios a los consumidores.

La quintaesencia del conflicto de interés en nuestro país está dada por la mal entendida autorregulación del mercado de capitales argentino, donde los propios agentes bursátiles son los que deben juzgarse cuando uno comete una infracción. La Argentina es el único país del mundo donde el regulador (la Comisión Nacional de Valores) no está facultado para sumariar y castigar comportamientos que pueden afectar a inversores en ese mercado.

El propio Banco Central, al concentrar la política monetaria y la supervisión de entidades financieras puede verse enfrentado a conflictos de interés a la hora de decidir si emitir o no moneda para rescatar a determinadas instituciones.

En síntesis, la agenda de temas de regulación financiera que hay que enfocar es diversa y demanda un debate profundo de toda la sociedad.

En los ejemplos mencionados que se refieren a otros países, el disparador de cambios normativos ha sido el estallido de escándalos que han afectado a consumidores de servicios financieros. Esperemos que en la Argentina no haga falta llegar a ese extremo para que nuestros poderes Ejecutivo y Legislativo enfrenten estos problemas con la seriedad que requieren.

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