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Los jubilados ya no tienen el 82%

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5 de enero de 1997  

El ministro de Economía, Roque Fernández, y el secretario de Seguridad Social, Carlos Torres, se mostraron satisfechos por el reciente fallo de la Corte Suprema que reconoció deudas por movilidad que afectan a alrededor de 70.000 jubilados.

Los funcionarios revelaron aspectos hasta ahora poco difundidos de la sentencia, a la que Fernández asignó tanta importancia institucional como a las leyes de emergencia económica, reforma del Estado y convertibilidad.

Los puntos destacados por los funcionarios son los siguientes:

  • La sentencia establece que a partir de la sanción de la denominada ley de solidaridad previsional no existe otra movilidad que la que anualmente fije el Congreso en la ley de presupuesto.
  • De este modo, quedan desterrados todos los mecanismo indexatorios, incluidos los fijados por leyes especiales.
  • También confirma el final de la obligación de mantener una relación entre el haber previsional y los sueldos de los trabajadores activos.
  • Con este criterio, desaparece el 82% móvil para los jubilados.
  • Ratifica la constitucionalidad del tope de $3100 para la jubilación máxima y los recortes de haberes practicados por aplicación de la denominada ley de solidaridad previsional.
  • Dispone que la movilidad automática de las jubilaciones no es una garantía constitucional.
  • El fallo sólo beneficia a los jubilados que iniciaron juicios por actualización de haberes por el mismo motivo.
  • Confirma la preeminencia de la ley de convertibilidad para eliminar indexaciones, sobre las otras leyes que anteriormente dispusieron esos mecanismos.
  • Deja en manos del Ejecutivo la decisión sobre la forma en que se hará el pago.
  • Confirma el criterio de que las sentencias contra el Estado son sólo declarativas, y que se pagan cuando se cuenta con los fondos.
  • De este modo, no se retorna al criterio de ejecutividad de las sentencias, que hubiera obligado al Estado a pagar, sin tomar en cuenta la disponibilidad de fondos o no.

  • Al poner como fecha tope para la movilidad el 30 de marzo de 1995, deja muy poco margen para que jubilados afectados presenten ahora juicios. Sólo podrían reclamarse _según la interpretación del Gobierno_ de las deudas no prescriptas, que abarcan sólo dos años hacia atrás.
  • Fernández y Torres dijeron que se pagará en efectivo a los mayores de 76 años o en casos de justificada urgencia, y en la medida que alcancen los $20 millones asignados por el Congreso para cubrir las demandas previsionales.

    Esa suma debe utilizarse para cubrir también otros miles de sentencias adversas al sistema previsional.

    Al resto se le pagará en Bocones, y los dos funcionarios calcularon que la operación de regularización estará completada antes de que finalice 1997.

    La deuda por movilidad acumulada ente el 1º de abril de 1991 y el 30 de septiembre de 1992 se pagará en los actuales Bocon previsional en dólares o pesos de las series uno y dos.

    Para abonar el títulos la deuda acumulada entre el 1º de septiembre de 1992 y el 30 de marzo de 1995 será necesaria la emisión de una tercera serie de Bocon previsional, para lo cual será necesaria una nueva ley del Congreso.

    Torres calculó que para que los 70.000 beneficiados cobren el haber recalculado será necesario que se completen los trámites judiciales de comunicación de la sentencia al Anses, cálculos de las deudas y reformulación de los haberes previsionales de los jubilados.

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