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Argibay va a la Corte después de un arduo debate en el Senado

Superó los dos tercios de los votos requeridos tras siete horas de sesión
Gustavo Ybarra
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8 de julio de 2004  

Al final de un extenso debate de siete horas y de una tensa jornada, la penalista Carmen Argibay logró que el Senado le diera su acuerdo para ocupar el sitial en la Corte Suprema de Justicia que dejó Guillermo López al renunciar el 1° de diciembre pasado.

La candidata del Gobierno superó con holgura el apoyo de los dos tercios de los senadores presentes -el resultado fue 42 a 17- que establece la Constitución nacional para nombrar a un ministro de la Corte Suprema.

Pero esa relación de fuerzas sólo se alcanzó después de una ardua tarea de negociaciones por parte de la conducción del bloque oficialista de la Cámara alta para impedir que la fuerte resistencia a la controvertida figura de Argibay, por su opinión personal en favor de la despenalización del aborto y su condición de atea, se convirtiera en un trago amargo para el Gobierno.

Ahora, con el acuerdo del Senado en la mano, Argibay quedó a tan sólo dos pasos -el decreto de designación del Poder Ejecutivo y la jura ante sus futuros colegas- de convertirse en la segunda mujer nombrada por un gobierno democrático como jueza del máximo tribunal de la República.

La anterior fue Elena Highton de Nolasco, que asumió el cargo el 28 de junio pasado.

Argibay, que actualmente cumple funciones en el tribunal penal internacional de La Haya que juzga los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, será el tercer juez designado por el presidente Néstor Kirchner en la Corte Suprema desde que asumió el poder, el 25 de mayo de 2003. Los otros fueron Highton y Raúl Zaffaroni.

La votación de ayer finalizó casi igual que la celebrada el año pasado para aprobar el pliego de Zaffaroni -43 a 16 fue el resultado en aquella oportunidad-, aunque en este caso las gestiones para vencer las resistencias a Argibay fueron más fuertes.

Tanto es así que el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, debió llamar por teléfono a la senadora Haidé Giri para que cambiara su voto negativo. "A los jueces de la Corte los nombra el Poder Ejecutivo, y éste es nuestro gobierno; nosotros no somos oposición", sentenció el mandatario provincial para dar vuelta el voto de su legisladora, según confiaron voceros justicialistas.

También fue importante la tarea del presidente del bloque oficialista de la Cámara alta, Miguel Pichetto (Río Negro), y la del titular de la Comisión de Acuerdos, Jorge Yoma (La Rioja), que convencieron a tres senadores del PJ (los santiagueños Mario Mera, María Elisa Castro y el sanjuanino Luis Martinazzo) de que se ausentaran en el momento de la votación.

Estos legisladores habían decidido votar en contra horas antes de la sesión, producto de la fuerte presión ejercida por los obispos de sus provincias, y con su presencia ponían en peligro la aprobación del pliego.

Otro tanto ocurrió con el mendocino Celso Jaque, que soportó un duro embate de Pichetto y Yoma para que cambiara su voto negativo. "Casi lo boxean", graficó una fuente del bloque oficialista. El legislador se retiró sigilosamente del recinto cuando el jefe de su bancada cerraba el debate.

Estas cuatro ausencias, más el cambio de sentido en el voto de Giri, fueron fundamentales para que el pliego de Argibay alcanzara los dos tercios.

Cómo se votó

A pesar de esto, lo concreto es que el bloque del PJ se pronunció en forma dividida, ya que nueve de sus senadores -sobre un total de 34 presentes- rechazaron a la penalista.

Los nueve rebeldes fueron los riojanos Eduardo Menem y Ada Maza; Antonio Cafiero (Buenos Aires); los pampeanos Rubén Marín y Silvia Gallego; Laura Martínez Pass (Entre Ríos); los puntanos Liliana Negre de Alonso y Raúl Ochoa, y Ramón Saadi (Catamarca). También votó dividida la UCR, aunque en este caso sobre 12 presentes sólo votaron en contra Jorge Agúndez (San Luis), Carlos Prades (Santa Cruz) y Marcela Lescano (Formosa).

El resto de los rechazos a Argibay fueron aportados por los provinciales Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador-Salta), Nancy Avelín (Cruzada Renovadora-San Juan), Pedro Salvatori (Movimiento Popular Neuquino) y los tucumanos de Fuerza Republicana Ricardo Bussi y Delia Pinchetti.

Como se desprende del análisis de la votación, el apoyo del radicalismo fue fundamental para que el Gobierno pudiera alcanzar la designación de la penalista. También lo fueron los votos de los monobloques de la centroizquierda -Vilma Ibarra (Frente Grande), Diana Conti (Frepaso), Rubén Giustiniani (Socialista) y Rodolfo Terragno (Radical Independiente)-, de los frentes cívicos de Catamarca (Oscar Castillo y María Colombo) y de Jujuy (Mónica Arancio), y el vecinalista cordobés Carlos Rossi.

Objeciones

La mayoría de las objeciones a Argibay estuvieron dirigidas a su pública posición en favor de la despenalización del aborto y a su condición, también confesa, de atea.

El senador Yoma relativizó esas objeciones al afirmar que esas posturas "no obstan en absoluto como prueba de que actuará fuera de la ley".

Sin embargo, los opositores centraron sus críticas en esos puntos, con embates como el de Menem, que dijo que "Argibay no cree en el derecho natural porque no cree en Dios como fuente de toda razón y justicia, tal como reza el preámbulo de la Constitución Nacional".

Por su parte, Marín dijo que la candidata "no reúne la condición de prudencia que exige ser juez de la Corte", ya que calificó de "imprudentes y provocativas" las declaraciones en las que Argibay se declaró "atea militante".

La puntana Negre de Alonso apuntó a la posición abortista de la candidata. "No se puede respetar la Constitución si no se respeta uno de sus principios fundamentales, como el derecho a la vida."

También hubo objeciones a la falta de antecedentes de Argibay, eje que fue utilizado por Saadi y Agúndez.

La defensa más firme de la candidata estuvo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner (PJ-Santa Cruz), que acusó a los críticos de Argibay de violar la ley contra la discriminación de las personas y sentenció: "Idoneidad y calidad es lo que tenemos que registrar en función de la Constitución Nacional para nombrar a un juez de la Corte".

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