Seguridad jurídica, el objetivo común

Por Manuel Alvarez Trongé Para LA NACION
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12 de julio de 2004  

Cuando decimos "seguridad jurídica" estamos hablando del nivel de confianza que genera una nación. La palabra "seguridad" es sinónimo de tranquilidad, de calma, de certeza. Y en ese sentido el concepto "seguridad jurídica" se usa para calificar el grado de respeto por la ley que ofrece un país a sus ciudadanos y a la comunidad internacional. Seguridad jurídica es sinónimo de respeto por las instituciones y es un reclamo de los inversores. El presidente Kirchner trató el tema en su gira por los Estados Unidos y lo colocó como objetivo de su gobierno.

Inseguridad es sinónimo de inestabilidad, y ésta conduce a la frustración. En ese marco, las manifestaciones de apoyo al padre de Axel Blumberg podrían interpretarse no solamente como rechazo por la inseguridad física, sino también como una manifestación de cansancio de la ciudadanía sobre la falta de certezas jurídicas. Veamos si podemos explicar el concepto con ejemplos claros para lograr una comprensión integral.

Todos tenemos tristes experiencias de lo que significa perder la confianza en una persona. Desde un compañero que nos falló y un familiar que nos sorprendió ingratamente con su conducta hasta un amigo que no honró su deuda. Todos ellos son ejemplos que tienen un punto en común: generan inseguridad futura.

Pues bien: por más que nos cueste aceptar la realidad, luego del gran default argentino, éste es el sentimiento que hoy la comunidad internacional experimenta hacia nuestro país. No nos creen, no inspiramos seguridad. Y es lógico que sea así. No es el gobierno actual el que inspira desconfianza ni tal o cual sector de la economía. Es la nación argentina. Todos estamos, de una u otra manera, involucrados en esta situación. De ahí el riesgo país, de ahí la muletilla con que se nos aconseja, insistentemente: "Negocien de buena fe", de allí la escasez de inversiones relevantes.

Es que debemos partir de la realidad: la República Argentina se encuentra transitando por su tercer año en estado de emergencia. Este es un estado de excepción en el régimen constitucional. Esencialmente, la declaración de emergencia permite al Poder Ejecutivo asumir facultades extraordinarias que lo autorizan, en violación de la clásica separación de poderes, a ejercer facultades legislativas. La emergencia argentina ha superado los límites de tiempo previstos en la ley original que la decretó -la 25.561- y ha requerido, recientemente, una segunda ley -la 25.820- para obtener una prórroga. Lo interesante (hasta podría resultar divertido para algunos) es que esta facultad, concedida por la reforma constitucional de 1994, promovida por el ex presidente Menem, autoriza ahora al presidente Kirchner a ejercer "superpoderes" parlamentarios. Es bueno recordarlo: esas facultades delegadas no pueden incluir la concesión al Ejecutivo de "supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o de persona alguna". Así lo establecieron nuestros sabios constitucionalistas de 1853, en el artículo 29. Agregaron que cualquier acto violatorio de este principio "lleva consigo una nulidad insanable, y sujetará a los que lo formulen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria". Es éste un precepto que está absolutamente vigente y que asombra por su dureza, pero que se comprende en el marco del celo de los redactores de la Constitución, precisamente, por otorgar seguridad jurídica a nuestra nación. Los constituyentes comprendieron que era la base del desarrollo.

En este punto llegamos a la esencia del análisis: generar confianza es, hoy, el desafío crucial de la Argentina. En eso coinciden quienes reclaman seguridad física y quienes reclaman seguridad jurídica. Cuando evaluamos cómo hacerlo, debemos tener presente, en primer término, que para inspirar seguridad y confianza a las comunidades nacional e internacional es necesario un plan de país para el largo plazo, con metas claras para la Argentina del año 2010, cuando se cumplirá nuestro segundo centenario, y pensando ya en 2025. ¿Quién está delineando este plan? Luego de la enorme violación de lo pactado, a nuestro país no le va a resultar fácil ser creíble. Debemos poner manos a la obra en un programa nacional para el próximo cuarto de siglo. Generar confianza es sinónimo de respeto, y eso es lo que se le pide a la Argentina para que seamos considerados un país con seguridad jurídica: respeto por las normas, respeto por los tratados internacionales, respeto por los fallos, respeto por los contratos y por las instituciones.

En ese camino hacia la seguridad jurídica, así como la Argentina tiene que ser consciente de que el punto de partida es el respeto, también debe tener en claro que sólo en el marco de un plan de largo plazo puede pedir comprensión.

La consigna, entonces, es trabajar en ese proyecto de la Argentina a 20 años vista. Tanto los inversores, nacionales e internacionales, como los empresarios argentinos con negocios en nuestro país, los sindicatos y las asociaciones intermedias y el ciudadano común deben comprender que esta primera etapa estará signada por renunciamientos, para lograr un futuro mejor.

Todos hemos perdido, y debemos perder algo más, con el claro objetivo de recomponer la Nación y salir de la emergencia. Para esto se necesitarán gestos de grandeza y una alianza Estado-sector privado más fuerte que cualquier discrepancia. Todos los sectores deberán aportar para este objetivo: la Justicia, el Poder Legislativo, los políticos, los periodistas, los inversores y los Estados extranjeros. Esta es la convocatoria a una gran empresa nacional, verdadera reconstrucción de la Argentina del siglo XXI. Este debería ser nuestro Pacto de la Moncloa, con la mirada en dos décadas futuras y en la consolidación de una Argentina que ofrezca un alto grado de certeza jurídica a la comunidad. El mundo y, particularmente, la región están pendientes de este tópico. Así deben interpretarse los acuerdos de libre comercio, tanto en Europa como los avances con Chile y las negociaciones que ahora comienzan Perú y Colombia con los Estados Unidos. Estos acuerdos no sólo pretenden desarrollar el comercio, sino también asegurar la institucionalidad de los países que serán socios de los convenios regionales.

Un país que pretende desarrollarse puede carecer de recursos naturales, puede tener escasos habitantes, puede tener una ubicación geográfica que lo margine de los centros de poder del mundo, pero lo que no puede dejar de ofrecer es el valor de la seguridad jurídica. La falta de inversión, el desempleo, la criminalidad y los diferentes problemas que enfrentamos son sólo efectos. La causa es la incertidumbre generada por la falta de respeto a las normas. La Argentina tiene hoy una oportunidad histórica: demostrarle al mundo que, aun en épocas de crisis, adecuará las relaciones futuras, honrando, en el tiempo que sea necesario, el valor supremo de las leyes y los derechos adquiridos para alcanzar el fino equilibrio entre respeto y comprensión.

Esto requiere un plan para el largo plazo, que debe ser respaldado por los dirigentes de nuestro país y que servirá como la mejor garantía para llegar a ser habitantes de una Argentina con seguridad jurídica. No hacerlo puede ser nuestra condena.

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