Hay que cuidar la conducta pública

Adrián Ventura
Adrián Ventura LA NACION
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24 de enero de 1997  

Esta semana, la mirada internacional nuevamente estuvo puesta sobre el problema de la ética en la Argentina.

Ese fue uno de los temas que más interesó al ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter durante su reciente visita privada a nuestro país en varias conversaciones con funcionarios y fue un recurrente tópico en un almuerzo realizado el lunes con seis personalidades del ámbito privado local.

Allí, Carter, cuyo objeto de interés principal son los derechos humanos y la conducta pública, agobió a los comensales con preguntas -cuyas respuestas escuchó muy atentamente- sobre la forma en que se nombran los jueces en nuestro país, la corrupción en el poder, el grado de pobreza y la relación entre todos estos problemas. Uno de los presentes le dijo que el principal problema en la Argentina es la Justicia.

No es la primera vez que la cuestión de la ética en la Argenntina está en boca de funcionarios o ex mandatarios norteamericanos. En la agenda de Washington, la corrupción en Latinoamérica figura en un lugar destacado.

Pasos importantes

Por cierto que nuestro país dio muestras importantes de sus esfuerzos en esa materia.

El año último, el entonces ministro de Justicia Rodolfo Barra suscribió en Caracas la Convención Interamericana contra la Corrupción y nuestro Congreso fue el primero del Cono Sur en ratificarlo.

Hace varios meses, el gobierno de ese país le sugirió a Menem la necesidad de crear la Oficina de Etica Pública, similar a la que funciona en Washington y que conduce Stephen Potts.

Por eso, el ministro del Interior, Carlos Corach, en diciembre último dio correctamente el puntapié inicial para plasmar tal proyecto: anunció la inminente creación de esa repartición y organizó un seminario que tuvo a Potts por principal orador. En marzo remitirá el proyecto a sesiones ordinarias del Congreso.

Para hablar sobre este tema, La Nación se entrevistó con Carlos Manfroni, ex miembro del grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA), redactor de la citada convención, titular de la Fundación Etica Pública y una de las personas que se reunió con Carter.

-¿Una oficina para la ética puede traer soluciones reales o es una pantalla?

Es un instrumento muy importante, porque pueden adoptarse medidas muy concretas, nada vagas, para luchar contra la corrupción.

También habría que crear una comisión, al estilo de la convocada por el gobierno de Chile, formada por personas notables, de incuestionable prestigio, para que desde fuera del Gobierno sugieran cursos de acción.

-¿Qué se puede hacer para evitar el enriquecimiento de los funcionarios públicos?

Tal como se exige en los Estados Unidos para los más altos funcionaarios federales y también en varios Estados de ese país, aquéllos deberían presentar declaraciones juradas públicas de su patrimonio. Ni siquiera basta con que sean secretas, porque es importante que haya transparencia.

Deba haber un registro informático, operado por abogados y por contadores, que hagan un seguimiento estricto de los patrimonios de los funcionarios y que los comparen con sus ingresos.

En muchas ocasiones, las licitaciones públicas no logran evitar los actos de corrupción.

Por un lado, para que haya transparencia no es suficiente que se permita a las empresas hacer impugnaciones una vez que se presentaron las ofertas, sino que ellas deben tener además la previa posibilidad de objetar la redacción del pliego.

También habría que crear un registro nacional de licitaciones, con utilización de la computación, para entrecruzar todas las licitaciones, incluso las internacionales.

Ese registro serviría, por un lado, para comparar los precios que pagan los distintos organismos de la administración pública por el mismo producto o servicio, y por el otro, para detectar si la misma empresa realiza ofertas diferentes a esos organismos u maneja en la Argentina precios y sumas distintas de las que pide en otros países por esos mismos bienes y servicios.

-¿Qué mejoras se pueden introducir en el ámbito judicial?

Para que haya mayor transparencia en los procesos se deben crear los juicios por jurados, que permiten la participación ciudadana y, fundamentalmente, introducir la elección popular de fiscales.

También hay que garantizarle al informante de actos de corrupción la posiblidad de reservar su identidad y de seguir, en forma anónima, el trámite de su denuncia.

-¿Y en materia de legislación?

Hay muchas cosas que el Congreso puede hacer, como regular el manejo de los fondos partidarios, mejorar el sistema electoral para que los diputados representen más al pueblo que al partido, y crear la figura penal del soborno transnacional, que está en la Convención Interamericana, pero que el Congreso aún no tipificó como deito en el Código.

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