Una cámara ordenó que se suspendan los ajustes

Un tribunal de segunda instancia confirmó la medida cautelar de la jueza María Sarmiento, que había sido reclamada por el defensor del pueblo.
(0)
15 de febrero de 1997  

Los ajustes en las tarifas de teléfonos quedaron suspendidos ayer, con el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que confirmó la resolución de la jueza María Sarmiento, contraria al rebalanceo dispuesto por el Gobierno.

El fallo de la cámara es el primero que produce un tribunal de segunda instancia y abre una doble vía. Por un lado, la jueza, que decidió la medida cautelar provisional de no innovar, debe resolver sobre el fondo del asunto, es decir, si el rebalanceo tarifario estuvo bien o mal dispuesto.

Pero, por otro, es muy probable que el Gobierno presente un recurso extraordinario, para llevar el tema a la Corte. Y aquí vuelve a manejar las cartas. Porque si bien el fallo de la cámara mantiene la suspensión de la aplicación del nuevo cuadro tarifario, si el Gobierno presenta el citado recurso y la cámara decide elevarlo a la Corte (lo concede), esta decisión de por sí deja sin efecto la medida cautelar. En otras palabras, en veinte días se volvería a aplicar el nuevo esquema de tarifas hasta que la jueza decida el fondo del asunto.

La jueza Sarmiento había hecho lugar a una presentación del defensor del pueblo de la Nación, Jorge Maiorano, quien interpuso un recurso de amparo contra la decisión oficial.

El nuevo cuadro tarifario fue dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo el 30 del mes último, y su aplicación desató una profunda controversia en distintos sectores.

Hasta el momento, la situación es la siguiente:

  • Varios jueces dictaron medidas cautelares, algunos para suspender el rebalanceo y otros para sostener su aplicación. Concretamente, hubo tres fallos contrarios al ajuste, dos en la Capital Federal y uno en Mendoza. Otros dos, favorables al decreto oficial, surgieron del juez de Córdoba Ricardo Bustos Fierro.
  • La resolución de la cámara -de jerarquía superior-, según se coincide en el ámbito judicial, suspende el rebalanceo a partir de la notificación a las partes.
  • El Gobierno, sin embargo, insiste en que el decreto con los ajustes tiene plena vigencia. Así lo hizo saber ayer por medio de un comunicado de la Secretaría de Comunicaciones.
  • Ello permite suponer que el Gobierno recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para asegurar el restablecimiento del nuevo cuadro tarifario. Algunos observadores presumen que la Corte podría utilizar el recurso del per saltum para resolver sobre la aplicación de los nuevos valores.l La cuestión de fondo, es decir, la legitimidad de los aumentos y rebajas tarifarias, deberá ahora ser decidida nuevamente por la jueza María Sarmiento. Así lo dispone el fallo de la Cámara de Apelaciones.
  • Las empresas telefónicas aducen que no han sido notificadas de la resolución del tribunal superior, por lo cual mantienen las nuevas tarifas.
  • Las facturas con los ajustes se comenzarán a distribuir a principios de marzo. Si hasta ese momento el Gobierno no recurrió a la Corte Suprema de Justicia, las empresas telefónicas no podrán incluir en su facturación los nuevos valores.
  • La maraña judicial que se generó con esta cuestión desató una fuerte controversia en el Gobierno. El secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, se quejó porque son pocos en el oficialismo los que acompañan su cruzada para defender el ajuste. Al mismo tiempo, los legisladores del PJ evalúan que la aplicación del nuevo cuadro tarifario comenzó a ocasionar un alto costo político para el oficialismo.

    Un reajuste crucial para las empresas

    Dilema: con la aplicación del rebalanceo sería factible lograr una mayor equidad tarifaria entre los usuarios del sistema.

    En horas en que todavìa no sabe a ciencia cierta cuál será la evolución del entredicho judicial que se generó sobre el nuevo esquema tarifario telefónico para Telefónica y Telecom la resolución de esa crisis es crucial para el desarrollo de sus planes de inversión.

    Simplemente porqué las rebajas ahora concedidas en la larga distancia y las comunicaciones internacionales requieren de una compensación económica que las autoridades hicieron recaer sobre un mayor costo fijado para los abonos vigentes en las áreas urbanas y sobre el precio de los pulsos correspondientes a las llamadas establecidas en las horas pico.

    Horas antes de que el Jefe del Estado, Carlos Menem, se embarcase con rumbo al Sudeste Asiático, entre otras personalidades en compañía de los titulares de Telecom, Juan Carlos Masjoan, y de Telefónica, Javier Nadal Ariño, un colaborador del primero de esos empresarios explicò que el rebalanceo hace imposible desvincular las rebajas tarifarias de los aumentos.

    En el caso concreto de Telecom simplemente porqué las reducciones acordadas para la larga distancia implican para esa compañía resignar ingresos anuales por un monto de 500 millones de dólares.

    Como contrapartida de esas bonificaciones que mayoritariamente beneficiarán a los usuarios del interior, los mayores ingresos emergentes del aumento de los abonos y de la eliminación de los pulsos libres tendrían capacidad como para generar fondos por un monto cercano (siempre para Telecom) del orden de los 400 millones de dólares.

    Los 100 millones de dólares que por diferencia aparecen como una eventual pérdida para Telecom deberían compensarse en teoría por un crecimiento del tráfico telefónico que potencialmente debe ría generar el cuestionado rebalanceo.

    Con inversiones que para este año obligarán a Telefónica comprometer recursos por 900 millones de dólares y otros 800 millones para el caso de Telecom en caso de aplicarse sólamente las rebajas tarifarias, tal como lo han propuesto muchas entidades de defensa de los consumidores, las empresas se verían privadas en un plano no mayor a seis meses de viabilidad económica.

    Ese hipotético esquema, coinciden los técnicos de ambas licenciatarias, sólamente podría aplicarse en una empresa como la ex ENTel cuyos quebrantos operativos eran soportados por el Tesoro nacional.

    Las cifras mencionadas para el caso de Telecom ilustran, a juicio de esos voceros del sector empresarial, sobre la amplitud del subsidio tarifario que hasta ahora perjudicó a las fuerzas productivas y a la poblaciones del interior.

    Una puja que perjudica al interior

    Representantes de los distintos sectores políticos y económicos de las provincias se opusieron al fallo de la Cámara en lo Contenciosos y Administrativo que resolvió volver al antiguo cuadro de tarifas telefónicas.

    Estos argumentaron que las nuevas tarifas permiten reducir los costos provinciales y eliminar una distorsión en los cuadros tarifarios del interior, que en definitiva subvencionaban a la Capital.

    Aún medidas de protesta contra el decreto 92/97 habían sido recibidas con desagrado por autoridades, representante de comercios y Pymes, y usuarios del interior. El miércoles último un ex legislador del Chubut, integrante de la lista Verde del Partido Justicialista de esa provincia, José Salvador Arrechea, calificó el apagón telefónico organizado por diferentes agrupaciones políticas opositoras de la Capital Federal como un acto unitario opuesto a los intereses económicos del interior.

    En momentos en que arrecian los fallos contradictorios sobre el controvertido rebalanceo telefónico que impuso rebajas del 54 al 71% en las llamadas de larga distancia e internacionales, alzas del 50% en los abonos residenciales y un encarecimiento del 33% en el costo de los pulsos de las llamadas realizadas en las horas pico (10 a 13), lo cierto es que el esquema tarifario de transición que lanzó la Secretaría de Comunicaciones implicará, a juicio de los especialistas, un verdadero relanzamiento económico de ese sector a nivel nacional, beneficiando tangencialmente a las economías provinciales.

    El dilema

    La cuestión central gira en torno a una vieja polémica, que parce no superarse: quien debe subvensionar a quien. El antiguo cuadro tarifario beneficiaba a los usuarios de la capital, el nuevo, en cambio, parece favorecer a los del interior. Un término medio, es decir sólo bajas en las llamadas interurbanas e internacionales es impensable porque significaría perdidas cuantiosas que las empresas telefónicas no podrían enfrentar.

    Así planteada la situación, queda ahora en manos de la justicia la verdadera decisión salomónica, en lo que a intereses de los usuarios respecta.

    Desde las empresas telefónicas se ha intentado sopesar los beneficios con los perjuicios. Un vocero de Telefónica expresó con referencia al espíritu del decreto que su rasgo básico consistió en rebajar pesos y subir centavos. Las mayores bajas -recordó- se produjeron en los niveles tarifarios más altos concernientes a las comunicaciones internacionales e interurbanas, en tanto que las aumentos afectan a las comunicaciones más bajas, que son las del ámbito urbano. Por su parte los indicadores parecen sostener este aparente, o no , dilema. Los índices de variación de las facturas promedios en la Pampa, por ejemplo, indican que en esa provincia las facturas bajarán un 15 por ciento.En la provincia de Chubut la rebaja en las facturas promedio alcanza el 25 por ciento (la disminución de la tarifa promedio de comercial llega al 40 por ciento). En la provincia de San Luis la variación de la factura promedio bajó un 19 por ciento.Por otra parte en esta capital, sólo el aumento del abono significa, para la categoría residencial, un aumento de 8 pesos en el bimestre, a lo que se debe agregar la eliminación de pulsos libres y los aumentos en la hora pico y en el horario nocturno.Estas cifras confirman de alguna manera, el argumento recurrente en las distintas audiencias públicas, quien debe subvencionar a quien.

    Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

    Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?