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Derogarán un dudoso decreto

Sustituirán con una ley una norma poco transparente para las contrataciones públicas.
Mariano Obarrio
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23 de febrero de 2000  

"Este decreto es suicida", dijo el experto en políticas de combate a la corrupción Carlos Manfroni, titular de la Fundación de Etica Pública. Lo escuchaban, atentamente, el vicepresidente, Carlos Alvarez, y una docena de funcionarios del Gobierno, que asintieron. Sin más, Alvarez anunció que se derogará por completo el decreto 1547/99, que creaba incentivos para la corrupción en las compras del Estado.

El nuevo régimen, añadió, se instrumentará por ley, pero mientras se discuta la ley se creará un decreto provisional y más transparente que el 1547/99. Esa norma fue firmada por el ex presidente Carlos Menem, el 7 de diciembre último, tres días antes de dejar el poder.

"El decreto se va a derogar y se va a proyectar una ley de compras del Estado, para lo cual en su momento se pedirá cooperación a los expertos", contestó Alvarez.

Pese a que el decreto 1547/99 creaba condiciones de poca transparencia, era defendido por algunos sectores de la administración del presidente Fernando de la Rúa.

El diseño en el mediano plazo de un proyecto de ley busca otorgar mayor jerarquía y peso jurídico al régimen de contrataciones de bienes y servicios del Estado. Se consultará para ello a entes oficiales, a empresarios y a organismos no gubernamentales (ONG), con el fin de conferirle una base de consenso.

El decreto provisional, sin los vicios del 1547/99, buscará no dejar un vacío legal durante la discusión parlamentaria, que no terminaría antes del 2001. Se desconocen aún detalles del inminente decreto, aunque se sabe que será consultado con los sectores interesados.

La norma temporaria estaría lista el 15 del mes próximo, según informó a La Nación Marcos Makón, secretario de Modernización del Estado, que reporta a Alvarez.

El decreto objetado fue suspendido por otro decreto, el 137/99, de De la Rúa. Rige así el sistema de compras de 1956, con sus decretos reglamentarios 5720/72 y 826/88. En la norma menemista se destacaban los siguientes defectos:

  • Se eliminaba la publicidad para las compras inferiores a $ 750.000. En la actualidad se publican todas las compras superiores a $ 100.000.
  • Se cargaba a las impugnaciones con una garantía del 3% del valor de la oferta del ganador.
  • Se facultaba a funcionarios para desestimar a discreción ofertas de personas con quienes considerara inconveniente contratar.
  • Todo ello, además de una serie de puntos cuestionados (de los que se informa en el recuadro que acompaña esta nota), constituía un paquete ideal para disminuir la transparencia, el control y la libre concurrencia de los oferentes, según expertos y funcionarios.

    Para derogar el decreto 1547/99 se emitirá en esta semana otro decreto de uno o dos artículos.

    Reunión decisiva

    En la decisiva reunión de ayer hubo dos visitantes ajenos al gabinete. Uno de ellos, Manfroni, fue lapidario. "Los expertos coinciden en que hay tres causas fundamentales para incentivar la corrupción: falta de transparencia, de competitividad y libre concurrencia, y el poder discrecional del funcionario. Este decreto reúne todas las condiciones en un grado superlativo", dijo.

    Luego objetó y fundamentó uno por uno los artículos. Los funcionarios asintieron a cada punto que mencionó el experto.

    "En épocas en que los informes de las consultoras internacionales miden el riesgo país y los capitales se trasladan en segundos de un país a otro, la inseguridad jurídica puede ser muy grave. Este decreto es suicida", dijo Manfroni.

    Manfroni preside la Fundación de Etica Pública; fue uno de los redactores de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la OEA; publicó una serie de tres libros sobre el tema; tiene excelente relación con la embajada de los Estados Unidos y se codea con agencias anticorrupción de Washington.

    Manfroni criticó el decreto en una nota publicada por La Nación , el domingo 13 del actual, y en un artículo de opinión publicado anteayer en el diario Clarín ("Control para las compras del Estado").

    El otro invitado fue Alejandro Dubinski, del Foro Social para la Transparencia, y se refirió a "la necesidad del control ciudadano".

    Más allá de Alvarez y de Makón, participaron los secretarios general de la Presidencia, Jorge de la Rúa; de Hacienda, Mario Vicens; de Legal y Técnica, Héctor Rodríguez; y de Gestión Pública, Leandro Popik; el titular de la Oficina Anticorrupción, José Mazzoni, y el síndico General de la Nación, Rafael Bielsa (Sigen).

    Según fuentes que participaron de la reunión, Manfroni y Dubinski se retiraron conformes de la Casa Rosada por el "alto grado de respeto" que demostraron Alvarez y el resto de los funcionarios.

    "Ahorrar $ 200 millones"

    El vicepresidente, Carlos Alvarez, dijo ayer en la Casa Rosada que el nuevo régimen de compras y contrataciones de bienes y servicios para el Estado le permitirá a la administración pública ahorrar "unos 200 millones de pesos", en comparación con el sistema anterior.

    Durante una reunión de funcionarios, como se informa por separado, se resolvió derogar el controvertido decreto 1547/99, que el ex presidente Menem había firmado tres días antes de dejar el poder.

    Alvarez dijo que se diseñará un proyecto de ley para "garantizar la eficiencia y la transparencia en la compra, ampliar la concurrencia y facilitar la participación de las Pyme, y evitar el margen de discrecionalidad que les daba a los funcionarios el decreto anterior".

    Subrayó que la norma de Menem "era muy funcional al sistema de corrupción que se observaba en las compras del Estado", y "pensamos que hubo sobreprecios de más de 150 millones de pesos".

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