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Transparencia pública y bienestar

Por Nadin Argañaraz Para LA NACION
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28 de noviembre de 2004  

Una condición básica para lograr un correcto funcionamiento del Estado, y una mayor correspondencia entre lo que éste ofrece y lo que la sociedad demanda, es la disponibilidad de información acerca de los actos de gobierno.

Se trata del elemento primario del que se deben hacer los ciudadanos para poder premiar las buenas acciones y desalentar los desvíos cometidos. Desde otra perspectiva, los mecanismos de participación política, cualesquiera que fueren ellos (voto, debates, etc.), fallarán o serán subutilizados, si el acceso a la información pública es muy costoso o si peor aún, esta última se encuentra ausente.

Esta exigencia de información se acrecienta en una estructura federal con varios niveles de gobierno como la de nuestro país. En efecto, se requiere de un gran control ciudadano sobre políticos y burócratas, a los efectos de evitar que la exacerbación de gastos fijos y de administración impidan alcanzar las ganancias de eficiencia que promete un gobierno descentralizado.

Un bien escaso

¿Por qué la información suele ser un bien escaso, especialmente cuando se refiere a las acciones del Gobierno?

En primer lugar, debe decirse que la información es un bien público. La distinción principal de este tipo de bienes es que pueden ser consumidos simultáneamente por varias personas sin que éstas se vean afectadas en su bienestar (consumo no rival). Una vez provistos, lo más eficiente es abrir su consumo a todos los ciudadanos.

En el caso de la información, puede ilustrarse el punto con un ejemplo cotidiano como lo es el pronóstico del tiempo: todos los ciudadanos pueden beneficiarse en forma simultánea de esta información y no sería eficiente excluir a alguien del acceso a la misma.

Otras de las características de los bienes públicos es que suele ser técnicamente imposible o económicamente muy costoso excluir del consumo del bien a quién no paga por el mismo. En el ejemplo del pronóstico, si bien puede establecerse algún mecanismo a los efectos de cobrar por la información, el problema surge en torno de cómo hacer para que ésta circule sólo entre personas que han pagado por la misma y cómo evitar el incentivo natural de las personas a comportarse como usuarios gratuitos de la misma.

Los bienes públicos generan entonces un gran dilema al mercado: ¿cómo proveer un bien que los ciudadanos simulan no desear y que resulta difícil de cobrar? El mercado falla en presencia de bienes públicos y una solución posible es que el Estado se haga cargo de su provisión.

Ahora bien, en el caso particular del bien público información, y particularmente cuando ésta se refiere a los propios actos de gobierno, surge una restricción adicional relacionada a los incentivos de políticos y burócratas: ¿tienen éstos incentivos a proveer información completa de su propia gestión? ¿Es razonable pensar que dejarán fluir incluso aquella que ponga en riesgo sus intereses?

Por este motivo, es que resulta sumamente importante contar con un marco legal que garantice el acceso a la información pública y establezca un mecanismo operativo y creíble de sanciones sobre aquellos que, bajo la obligación de hacerlo, no suministren la información solicitada (o la información correcta). En definitiva, que contrarreste cualquier incentivo tendiente a evitar que se conozca claramente lo que sucede en el Estado.

¿Y por casa cómo andamos?

En el ámbito nacional existe un caudal importante de información de tipo estadístico (aspectos presupuestarios, de deuda pública, impositivos, etc.) y de simple acceso relativo vía el web-site que dispone el gobierno central en Internet. Pero existe una carencia significativa de indicadores de gestión, que en definitiva son los que resultan más útiles a la hora de la valoración ciudadana, así como de un programa sistemático de divulgación que permita llegar al público no especializado y facilite el procesamiento de la información.

Debe advertirse también, que en materia de transparencia fiscal la Argentina no se encuentra bien posicionada hoy en los rankings internacionales. Por ejemplo, en el Indice de Transparencia Presupuestaria, que es elaborado bajo la coordinación de la International Budget Project, la Argentina se ubica en el octavo lugar de diez países latinoamericanos relevados. Según este indicador, nuestro país es uno de los menos transparentes de América latina en lo que hace a la preparación, ejecución y control del presupuesto.

En el ámbito provincial se han producido ciertos avances en los últimos años. Hoy en día todas las jurisdicciones provinciales cuentan con un sitio oficial en Internet, proporcionando algunas de ellas información estadística sobre presupuestos y ejecuciones presupuestarias, además de legislación fiscal, aspectos de la normativa impositiva, etc. De todos modos, existen otras provincias que presentan sólo información parcial e incluso algunas de éstas que directamente no utilizan este poderoso instrumento de difusión para publicitar cuestiones fiscales.

De un relevamiento propio realizado en julio de este año, surgió que sólo 12 de las 24 jurisdicciones (incluyendo CABA) publicaban en los sitios web las ejecuciones presupuestarias 2003, y sólo 7 son las que exponían el presupuesto del año en curso.

Por último, en el ámbito municipal, la situación resulta bastante más preocupante. De un relevamiento de 100 municipios de todo el país (los más grandes de cada provincia según población), se desprende que 70 de ellos cuentan con sitio web oficial, pero menos de 10 disponen de información presupuestaria. Es decir, menos del 10% de los municipios "grandes" facilitan el acceso a este tipo de información pública.

Puede inferirse a partir de estas cifras que resta mucho por hacer en materia de provisión y acceso a la información pública, especialmente en los niveles subnacionales de gobierno.

En tres niveles

Como apreciación final, vale la pena resaltar que es esencial para el buen funcionamiento de nuestra economía, contar con un Estado de puertas abiertas, transparente, que permita que la participación política de los ciudadanos se canalice de la forma más constructiva posible y que se alcancen los mejores resultados en materia de prestación de bienes y servicios públicos.

El desafío alcanza a los tres niveles del Gobierno. Como ciudadanos, nuestro compromiso debe ser involucrarnos de una manera más concreta en la tarea de monitoreo de los actos del gobierno, si pretendemos que estos últimos no se aparten de su objetivo natural, que sin dudas debe ser el de procurar el mayor bienestar del conjunto.

El próximo domingo: el columnista invitado será Miguel Angel Broda.

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