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Por una Justicia mejor

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29 de abril de 2005  

Desde hace décadas la sociedad argentina ha demandado -y demanda- en forma insistente un servicio de Justicia independiente, eficiente, eficaz y productivo, que brinde resultados palpables para los ciudadanos.

Todas las encuestas se han encargado de señalar la imagen que la ciudadanía tiene sobre el funcionamiento del Poder Judicial y su percepción acerca de que el acceso a la Justicia y su gestión han sido influenciados por prácticas irregulares. En todos esos sondeos de opinión pública, las cifras dejan entrever un tan grave como elevado componente de descrédito e incredulidad.

La confianza en la Justicia, la convicción de que los jueces y los tribunales van a responder adecuadamente, y mediante una pronta y correcta aplicación de las leyes a las demandas de los ciudadanos, es un elemento esencial para el mantenimiento del respeto al ordenamiento jurídico y de la convivencia ciudadana. Y es un requisito previo ineludible para que puedan cumplir efectivamente sus funciones; para que sus decisiones sirvan de orientación a la interpretación y aplicación de la ley en las relaciones interpersonales, y para que la solución de conflictos no dependa de un predominio social o económico.

En este sentido, merece destacarse la tarea que desde hace muchos años viene realizando el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), organización no gubernamental dedicada al fortalecimiento de la Justicia a través de la investigación, capacitación y asistencia técnica, y a la mejora permanente del sistema judicial de nuestro país y América latina.

Con dicha finalidad, Fores tiene previsto desarrollar diferentes proyectos durante 2005, entre los que cabe destacar el que está dirigido al análisis sobre la selección, el desempeño y la remoción de los jueces. Es necesario encarar dicho proceso con un perfil de juez deseado, toda vez que no hay Justicia sin buenos magistrados. No menos importante es la iniciativa por la cual se analiza la gestión judicial, cuyo objetivo es contribuir a que sea más eficiente, disminuyendo demoras y aumentando la satisfacción de los usuarios.

La elaboración de un plan enfocado hacia la erradicación de los vicios o las conductas ineficientes debe estar orientada hacia la identificación de áreas disfuncionales de la organización y los riesgos que cada área específica conlleva. Partiendo de este supuesto, se deberían desarrollar procedimientos, sistemas y controles encaminados a la eliminación de los riesgos y a construir mayor confianza en el sistema. Esta confianza es el resultado de una Justicia justa, transparente y eficiente.

En consecuencia, debe promoverse el Estado de Derecho que garantice la seguridad jurídica y un sistema de Justicia efectivo, basado en principios de imparcialidad, acceso, eficiencia, independencia, transparencia y credibilidad, sin discriminación. No es posible avanzar hacia un crecimiento sustentable y equitativo sin que haya progresos en la seguridad jurídica, y en la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

No es posible un desarrollo equitativo sin la protección de los derechos de los ciudadanos dentro de un marco jurídico integral. El Gobierno tiene que asegurarse de que cuenta con este marco para proteger la propiedad, los derechos individuales y las relaciones laborales. Asimismo, tiene que asegurar que el sistema esté administrado de forma eficaz y equitativa por una administración de Justicia que sea honrada e imparcial.

Las instituciones judiciales son la piedra angular de cualquier sistema republicano, pero las demoras crónicas, la falta de confianza del ciudadano, las dificultades para acceder a la justicia, la ausencia de independencia en ciertos magistrados, la corrupción y el deterioro de la infraestructura afectan sus bases.

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