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Cavallo: "No se investiga la verdadera corrupción"

Dice que se activan denuncias para confundir a la gente
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15 de mayo de 2005  

BOSTON.– Mientras se pasea por los jardines de la Universidad de Harvard, donde enseña como profesor visitante, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo hace todo lo posible por no involucrarse en la guerra de acusaciones de corrupción por sobresueldos, que protagonizan, por estas horas, ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem.

Afirma que se está “prostituyendo toda la lucha anticorrupción”, y aunque debía presentarse pasado mañana ante el juez Jorge Ballestero –lleva la causa de los sobresueldos–, sus abogados plantearon que Cavallo ya había sido juzgado y absuelto por el delito de enriquecimiento ilícito y no corresponde que se lo someta a otro proceso. Después de insistentes pedidos, aceptó una entrevista con LA NACION para hablar, por primera vez, de esta causa y de otras sospechas de corrupción que tiene, tanto del gobierno de Menem como del de Eduardo Duhalde y del de Néstor Kirchner.

–En su sitio de Internet usted negó haber recibido sobresueldos y habló, en cambio, de un sistema de reintegros de gastos protocolares. ¿De dónde venían esos fondos? ¿Quién los pagaba? ¿Dónde se pagaban?

–El dinero venía de la SIDE, de la partida que corresponde a la ley secreta 18302, porque el presidente Menem había dispuesto que los reintegros de gastos protocolares se hicieran desde esa asignación presupuestaria. Yo siempre insistí en que era muy importante la transparencia, por eso planteé a todos los funcionarios que recibían reintegros de gastos protocolares que los declararan a la DGI para explicar y justificar el nivel de sus consumos. De otra manera hubieran tenido que mentir respecto del nivel de gastos de sus respectivas familias.

-En cualquier empresa, un reintegro se hace siempre contra la presentación de comprobantes de gastos. ¿En el gobierno de Menem nadie los presentaba?

-No, porque obviamente no podían solicitarse reintegros de gastos por montos mayores que los que gastaba el funcionario. De ahí que nunca se habló de sobresueldos sino de reintegros de gastos.

-La ex secretaria de Recursos Naturales María Julia Alsogaray declaró que todos los ministros, secretarios y subsecretarios recibían ese dinero y lo repartían entre sus subalternos.

-Le pido que no confunda lo que dijo María Julia con lo que yo escribí en mi sitio. Yo sostuve que había un sistema de reintegros por gastos protocolares de hasta un determinado monto. Obviamente, los funcionarios tenían que pedir los reintegros, y si lo hacían estaban obligados a declararlos ante la DGI. Todos tenían derecho a recibirlos, pero alguien puede no haberlos solicitado.

-Según su nota en el sitio de Internet, un ministro recibía hasta 6500 dólares mensuales por gastos protocolares. Pero supongamos que se gastaban sólo 500 dólares, ¿qué pasaba con los otros 6000?

-No podía gastar menos de 6500 dólares simplemente porque no los hubiera podido declarar. Porque ante la DGI se debe declarar tanto el reintegro de gastos como lo que se llama la renta consumida, o el nivel de consumo, que es el nivel de gastos del contribuyente. Así que siempre el monto recibido como reintegro de gasto tenía que ser inferior al monto consumido.

-Supongamos que yo soy ministro y recibo todos los meses 6500 pesos, pero mis gastos son inferiores a esa cifra. ¿Qué pasa con la diferencia?

-Primero, es una situación que no se podría dar, porque alguien que gasta menos de 6500 dólares no podría reclamar reintegro por 6500 dólares.

-¿Entonces esa persona reclamaba menos?

-Obviamente. Si alguien no gastaba el dinero, no tendría por qué haber recibido ese dinero.

-Si no había que presentar comprobantes, ¿cómo se sabía si ese gasto se había hecho efectivamente?

-Insisto que en la declaración ante la DGI, obligatoria para todos los que recibían ese dinero, debía incluirse el monto recibido y de ahí surgía de inmediato la comparación con la renta consumida. Por eso siempre me negué a hablar de sobresueldos: no hubiera estado encuadrado en este régimen un sistema que le diera, por ejemplo, a un ministro 30.000 o 50.000 o 100.000 dólares por mes. Si lo declaraba ante la DGI iba a saltar claramente que estaba recibiendo mucho más que el monto de su consumo.

-Muchos no declararon ante la DGI esos ingresos extras?

-Bueno, no estarían recibiendo reintegros de gastos. Son cosas diferentes. Por un lado está el mecanismo sobre el que yo hablé en el gabinete para instruir a la gente que lo incluyera en sus declaraciones impositivas. Otra cosa diferente es un sistema de sobresueldos, del que yo nunca participé y del que aparentemente algunos funcionarios dicen que sí participaron, como el ex ministro de Defensa Camilión (Oscar). Eso nada tiene que ver con el régimen del que yo hablé en el gabinete.

-¿Pero usted sí recibía reintegros por gastos protocolares?

-Por supuesto, eso lo recibí y lo recibieron los funcionarios a los que les correspondía por el nivel que tenían.

-¿Y nunca fueron reintegros por más de 6500 dólares?

-No, nunca.

-¿Desde cuándo y hasta cuándo los recibió mensualmente?

-Durante todo el período en que fui ministro de Economía. Sin embargo, hasta el 30 de mayo de 1994 esos reintegros me fueron abonados con los recursos de la ley 18.302, que son fondos provenientes de la SIDE. De ahí en adelante, por mi insistencia, se abonaron desde el presupuesto nacional ordinario, y de manera totalmente pública, no secreta. Se lo hizo sobre la base de un decreto que yo promoví, que es el decreto 838, de 1994. Como se vio en mis declaraciones juradas ante la DGI, el origen de esos reconocimientos de gastos fue diferente si se considera el período 1991-1993 o el de 1994 en adelante. Porque de 1994 en adelante el origen no son los recursos de la ley 18.302 sino los del decreto 838/94. Esto fue un tema que se discutió ampliamente en aquella época, se hicieron investigaciones penales al respecto y hubo pronunciamientos muy claros de la Justicia. Se sostenía entonces que era incorrecto declararlos como renta exenta y la Justicia dijo que era correcto.

-Usted habla de reintegros de gastos y María Julia Alsogaray señala que los reintegros escondían sobresueldos. Usted, esos reintegros, ¿de quién los recibía?

-Todos los recibíamos de los mecanismos habituales de pagos de sueldos. No se los depositaba en nuestras cuentas sino que los recibíamos en efectivo.

-¿En un sobre?

-La verdad es que no me acuerdo si era o no con sobres.

-¿Quién le daba el dinero?

-El subsecretario de Administración del Ministerio de Economía. Me parece asombroso que sobre estos temas se hagan interrogatorios así, públicos, cuando ya declaré todo ante la Justicia. Además, hay algo que no entiendo. ¿Por qué se trata de confundir a la opinión pública? Hay una gran campaña para confundir a la opinión pública. Se habla de sobresueldos pagados desde gastos reservados y se habla de malversación de fondos a partir de los recursos de la ley secreta 18.302. Es asombroso que se trate de imputar a quienes cobraron reintegros de gastos protocolares dentro de un régimen transparente que, además, fue convalidado por la Justicia. ¿Por qué no se investiga a los que administraron los gastos reservados? Porque los gastos reservados estaban asignados a la SIDE y a unos pocos ministerios, no al de Economía. Si se quiere investigar si hubo o no malversación de esos fondos, lo primero que se tiene que hacer es preguntarles a los que fueron responsables de administrar esos fondos.

-Hay un punto en que la versión de los sobresueldos y la suya de los reintegros coinciden: la persona que supuestamente distribuía el dinero, al menos en el Ministerio de Economía, era el subsecretario de Administración, Luis Murina.

-Esa es una mentira absolutamente burda. Murina era el subsecretario de Administración del ministerio y por lo tanto todos los pagos del ministerio se hacían a través de él, era el rol institucional que le cabía. Todo esto de que él repartía sobres es una infamia. Es una mentira que se basa en los dichos de una persona a la que Murina, yo y muchos otros miembros de la Fundación Mediterránea ayudamos de nuestro bolsillo para que se llevara a cabo el tratamiento psiquiátrico al que se tenía que someter. Esa persona, Enrique N´Haux, cuyas condiciones de salud se pueden detectar con sólo verlo en la TV o escucharlo por radio, tiene gravísimos problemas de salud mental. Una persona hace una acusación en un libro, que dice que es mitad real y mitad ficción, y en base a eso ponen en los diarios y en la boca de todo el mundo a un funcionario honesto como Murina, que cumplía con su deber.

-La reunión de gabinete a la que se refirió Alsogaray, en la que usted habría ordenado la obligación de declarar los sobres?

-Yo nunca hablé de sobres. Hablé de reintegros de gastos protocolares, que es la terminología que siempre utilicé. Al confundir los pagos ilegales que se puedan haber hecho, se pretende ahora investigar este tema recurriendo a las declaraciones impositivas de los funcionarios honestos que recibieron reintegros de gastos y que los declararon frente a la DGI. Me refiero a pagos ilegales que la SIDE o quien sea pueda haber hecho a funcionarios o a otras personas, porque denuncias de pagos ha habido muchísimas en los últimos 22 años. También en la época de Alfonsín se hablaba de que desde la SIDE se hacían pagos a periodistas y a otra gente.

-¿Por qué había que declarar ese dinero ante la DGI como rendición a las ganancias cuando en realidad eran gastos atenientes a la función pública?

-Porque cuando un funcionario incurre, por ejemplo, en gastos que tienen que ver con su vida familiar o su función, los tiene que declarar ante la DGI, tiene que explicar con qué recursos hizo frente a esos gastos.

-Pero irían por separado?

-No. Si yo gasto para agasajar a una persona en mi casa, o en mis tareas como ministro, lo que gasto y pago lo tengo que declarar como renta consumida en mi declaración de bienes. Eso lo sabe cualquiera que ha llenado un formulario de impuesto a las ganancias y debió explicar cómo se financian sus gastos. Por eso hay una sección que dice Explicación de los Gastos y de las Variaciones Patrimoniales.

-En su sitio de Internet usted dijo que la declaración de sus reintegros de gastos protocolares incluidos en la declaración jurada anual fue tomada como justificación legítima de sus variaciones patrimoniales entre 1998 y 2003. Pero si fueron gastos, ese dinero no puede haber aumentado su patrimonio?

-Por supuesto, es que variación patrimonial no sólo es suma, sino resta. En mi caso, hubo muchos años en que tuve variación patrimonial negativa, porque gasté más de lo que recuperé como reintegro de gastos y también en concepto de salarios. Cuando entre lo que se recupera de gastos y los ingresos por salarios no se cubre la renta consumida, existe una variación patrimonial negativa.

-¿Usted salió del gobierno de Menem con más o menos dinero con el que entró?

-Sobre todo en los años 2000 y 2001 sufrí una gran reducción de mi patrimonio, y también en el año 2002.

-Eso fue durante el gobierno de Fernando de la Rúa. No me contestó qué sucedió en el de Menem.

-Fue un período largo. En el ínterin, vendí un campo que había comprado antes de ingresar en la función pública, y eso me dio un cierto aumento patrimonial. Pero los detalles de mis variaciones patrimoniales están absolutamente declarados ante la DGI y, además, son públicas. Así que, sobre eso, que además ha sido investigado por la Justicia, que dictó un sobreseimiento en una acusación falsa de enriquecimiento ilícito, ya está dicha la última palabra. No entiendo cuál es el objetivo de todo este interrogatorio.

-¿Por qué cree que vuelven a surgir sospechas en contra de usted?

-Es clarísimo que toda vez que se investiga la corrupción en la Argentina se trata de involucrar a gente que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad porque no ha incurrido en actos de corrupción, pero a la que se la trata de mezclar para que los demás, que sí son corruptos y que sí han cometido actos ilícitos, la pasen bien, o se les diluya la responsabilidad.

-¿Por qué ahora? ¿Por qué cree que Alsogaray dice que se cobraron sobresueldos?

-No sé si esto lo motoriza María Julia. Me llama mucho la atención que los medios que han estado motorizando este tema, en realidad, nunca han tenido simpatía por María Julia.

-¿Qué hay detrás de todo esto?

-Es una distracción de la atención para no llevar adelante investigaciones serias de corrupción en general. Se ataca a la transparencia. Esta investigación por supuestos pagos ilegales se orienta al único mecanismo transparente, que es el de reintegros de gastos protocolares, que no puede haber movilizado más de 40 millones de dólares en el período de cuatro años que estuvo en vigencia. Y resulta que el total de gastos reservados en los diez años del gobierno de Menem fue de, quizá, 1000 millones de dólares. Y la investigación se orienta al único ingrediente transparente y legítimo, que ya fue convalidado por la Justicia.

¿Por qué? Porque no se quiere investigar la verdadera corrupción. ¿Por qué hay tanto interés en atacar la transparencia? ¿Por qué no se investiga lo que Gustavo Beliz denunció y que mucha otra gente confirmó, que es lo que pasó en el gobierno de Eduardo Duhalde en materia de gastos reservados justo antes de las elecciones?

¿O por qué el Gobierno no clarifica de manera incuestionable qué pasó con los fondos de Santa Cruz? La mejor defensa que podría tener el presidente Kirchner respecto a las dudas que hay sobre los fondos de Santa Cruz es la transparencia. Si hubiera una rendición de cuentas bien hecha, nadie tendría derecho a dudar. ¿Por qué no se utiliza la transparencia como el mejor antídoto contra la corrupción, en lugar de atacar la transparencia y a quienes la promueven?

-Financiar gastos protocolares a través de una ley secreta, ¿no le parece poco transparente?

-Es que no estamos hablando de la ley 18.302 sino de un sistema de reintegros de gastos protocolares que el presidente dispuso que se financiara con recursos de la ley 18.302 entre 1991 y mayo de 1994. Si el presidente podía disponerlo o no, es una cuestión que tendrán que preguntarle al presidente y a quienes tenían la responsabilidad de manejar los recursos de la ley 18.302.

-¿Usted en algún momento trató de que ese sistema de reintegros no se financiara a través de esta ley?

-Yo promoví que los fondos surgieran del presupuesto ordinario y que no fueran secretos.

-¿Y quién dijo que no?

-Dijo finalmente que sí el presidente Menem cuando firmó el decreto 838 de 1994. Pero me parece una pérdida de tiempo para los lectores y para el diario LA NACION utilizar un reportaje como éste, que no le he concedido a ningún otro medio desde hace prácticamente tres años, para seguir haciendo preguntas sobre un sistema en el que hay pronunciamientos judiciales. Que es un tema que desde 1994 está dotado de la máxima transparencia y que antes de eso también tuvo un mecanismo transparente, como fueron las declaraciones juradas ante la DGI, y no hablar de la verdadera corrupción que existió y que probablemente existe en el país.

-Hay cosas que no quedan claras. Por ejemplo, si los reintegros que se otorgaban eran fijos o variables.

-Es un tema que está explicado en mi sitio. De ese tema no voy a seguir hablando porque es una pérdida de tiempo. De los gastos reservados deberían hablar los que tuvieron la responsabilidad de administrarlos.

-¿Quiénes?

-Los presidentes, porque todos tuvieron gastos reservados; los secretarios de la SIDE, los ministros de Defensa, los ministros del Interior. Como ministro de Economía nunca tuve a mi cargo gastos reservados.

-Pero Murina dependía del Ministerio de Economía, ¿no?

-Murina era el administrador de los fondos del Ministerio de Economía como subsecretario de Administración. A él le deben haber enviado el dinero de la SIDE; él no era el que administraba ese dinero.

-¿El lo repartía?

-¿Quién sabe quién lo repartía? No sé si esos fondos venían al Ministerio de Economía individualmente, globalmente. No conozco los detalles. Nunca me metí en la mecánica de cómo se hacían los pagos de la SIDE o del organismo que sea. Ese dinero llegaba a los funcionarios a quienes tenía que llegar.

-A usted, ¿cómo le llegaba y dónde lo recibía?

-Me lo traían a mi despacho. No recuerdo exactamente quién. Además, no me lo daban a mí, se lo daban a mi secretario, seguramente.

-Es curioso que tenga mucha memoria para fechas y números, pero no se acuerde quién le entregaba 6500 dólares mensuales durante casi cuatro años?

-Le insisto, yo le concedí esta entrevista para hablar de los temas que a mí me parece relevante hablar. Esto se está transformando en un interrogatorio que me parece improcedente.

-¿Dónde apuntaría hoy las investigaciones sobre corrupción?

-Soy la persona que más denuncias ha hecho en materia de corrupción y fui perseguido por eso. La corrupción en el caso IBM-Banco Nación se originó en una denuncia de la DGI y yo conseguí las cuentas en que habían sido depositados los pagos ilegales, y logré que el gobierno de Suiza congelara esas cuentas. En los casos de mafias enquistadas en el poder, fui el que hice las denuncias. En los casos de contrabandos, incluidos los que tienen que ver con el oro, fue la Aduana, que dependía de mí, quien hizo las denuncias y yo hice todos los aportes para que se llevaran a cabo esas investigaciones. Además, insistentemente he dicho que deberían investigarse las decisiones que se adoptaron en los primeros días de 2002 por las cuales se produjeron multimillonarias transferencias de riquezas desde los depositantes que estaban atrapados en el corralón de Duhalde en favor de las empresas que estaban endeudadas. Sin embargo, esos temas nunca se han investigado.

-¿De dónde y hacia quién fueron esos fondos en 2002?

-Salieron de los depósitos de la gente, a la que se le quitó más de la mitad de su dinero, y fueron a beneficiar a las empresas que estaban endeudadas.

-¿Qué empresas?

-Todo el mundo sabe en la Argentina cuáles fueron las grandes empresas que se beneficiaron por las transferencias de recursos que dispuso Duhalde. Pero la prensa no lo investiga, no le da importancia. ¿Será porque los diarios también fueron grandes deudores y beneficiarios de estas transferencias de riquezas? Espero que esto lo ponga en el reportaje. Estamos hablando de una transferencia de riqueza por cifras que son del orden de los 40.000 millones de dólares y de transferencias de ingresos, plata que se sacó a los trabajadores y jubilados, más o menos 40 por ciento de sus ingresos reales, que fueron sustraídos a través de la devaluación combinada con pesificación, y que fueron a los productores que sustituyen exportaciones o exportan. Esto se calcula que fue una transferencia del orden de los 20.000 millones de dólares anuales.

¿Esas tremendas transferencias de riquezas se hicieron por errores del gobierno? ¿No hay ninguna razón para sospechar que algunos de los beneficiarios de esas transferencias pusieron ministros en el gobierno, como es el caso de la Unión Industrial Argentina, que logró nombrar a José Ignacio de Mendiguren ministro del gobierno de Duhalde? ¿Esas transferencias no generan sospechas de corrupción?

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