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Por la denuncia de coimas fue indagada Matilde Menéndez

Adrián Ventura
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28 de junio de 1997  

El juez federal Adolfo Bagnasco indagó ayer a la ex interventora en el PAMI, Matilde Menéndez, por los delitos de cohecho, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que habría cometido mediante irregularidades en la contratación de clínicas psiquiátricas.

La ex funcionaria, que declaró durante casi cinco horas, calificó de "injustas e infundadas" los cargos en su contra y aseguró que no retomará la actividad política, que abandonó hace tres años cuando estalló el escándalo por estas denuncias. "He abandonado para siempre la vida pública", dijo.

La causa se inició hace tres años, cuando el juez de instrucción Juan José Mouhdjoubian detuvo a varios prestadores del PAMI en un procedimiento realizado en el Banco de Crédito.

Se sospecha que el directorio del organismo enviaba los contratos a determinados prestadores a cambio de que éstos pagasen coimas del 25 por ciento de esas sumas a los funcionarios supuestamente involucrados en la maniobra.

Menéndez planteó la incompetencia del fuero de instrucción y la causa finalmente pasó a manos del juez federal Bagnasco.

En el expediente fueron procesados más de una docena de prestadores y el magistrado indagó a ocho altos funcionarios del PAMI, entre ellos los miembros del directorio de la entidad y a su contadora, hermana de la ex interventora. La situación procesal de éstos se resolverá juntamente con la de Matilde Menéndez, cuya situación, según una fuente, sería comprometida.

En declaraciones formuladas en los tribunales de Retiro, Menéndez aseguró que "hay una pericia que determinó que yo recibí el PAMI con 400 millones de dólares en deudas y lo entregué con 500 millones de superávit. No hubo sobreprecios en las prestaciones psiquiátricas".

Durante el interrogatorio, la ex funcionaria rechazó todos los cargos en su contra y aludió a la falta de pruebas para incriminarla. Al respecto, explicó que si bien en el allanamiento del banco citado fueron detenidos varios prestadores, nunca se probó la relación de ellos y de las clínicas que representan con funcionarios del organismo.

Matilde Menéndez hizo pie en los dichos de una testigo que originariamente había afirmado que uno de esos prestadores tenía oficinas en el PAMI, en una zona próxima a la de ella, pero finalmente se desdijo y fue imputada por falso testimonio.

Oro: Piana podría quedar en libertad

Apelación: el fiscal Ossorio pidió que Seligman, procesado por el juez federal Ballestero, sea detenido como organizador de las maniobras.

El titular de Casa Piana, Enrique Piana, sospechado de haber cometido irregularidades con las exportaciones de oro para cobrar reintegros tributarios, que en agosto próximo deberá someterse a un juicio oral en los Estados Unidos, podrá recuperar la libertad si deposita una fianza de un millón de dólares y se aviene a utilizar un brazalete electrónico que lo delataría automáticamente a las autoridades si se aleja más de 200 metros de la casa que él mismo eligió, según una fuente cercana a la pesquisa norteamericana de las maniobras con oro.

En tanto, el fiscal Miguel Angel Ossorio pidió a la Cámara Federal la detención de Miguel Seligman por entender que éste, mano derecha de Piana en esa firma y recientemente procesado por el juez federal Jorge Ballestero, no es un simple miembro de la asociación ilícita, como lo consideró el magistrado, sino uno de sus organizadores, por lo que debería estar en prisión.

Una veintena de empresas -entre las que figuran Casa Piana y el Banco Baires- y sesenta personas están sospechadas de fraguar exportaciones de oro a los Estados Unidos y Suiza, lo cual les habría permitido a esas firmas cobrar indebidamente reintegros tributarios desde 1992 a 1995, a la vez que habría permitido a empresas norteamericanas y suizas lavar dinero, sobrefacturando lo que realmente pagaron por el metal precioso.

Uno de los imputados, Piana, no pudo ser indagado en nuestro país, porque está a disposición de un jurado de Nueva Jersey, que lo juzgará en agosto.

Según explica Ossorio en su escrito ante la Sala II de la Cámara Federal, hay empresas como Juncadella y Prosegur que concentran gran parte de los negocios y las exportaciones pasaban inexorablemente por el depósito fiscal de Ezeiza (Edcadassa).

Ossorio enfoca la maniobra de modo distinto de como lo hace Ballestero. Según el fiscal, ella no pudo haberse realizado sin la connivencia de funcionarios de la Aduana y de la DGI -organismos de control que pagaron los reintegros y reembolsos- que también deberían ser indagados.

El fiscal también sugiere que el régimen legal que permitió estas operaciones fue amañado y que Seligman tendría en la ejecución de los hechos una importancia mayor que la que le atribuye el doctor Ballestero.

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