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Los fiscales van tras los falsificadores

Pablo Lanusse y Norberto Quantín integran el grupo investigador, los laboratorios piden más control en las provincias
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31 de julio de 1997  

El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, decidió integrar una comisión especial de fiscales para que se investigue la venta de medicamentos adulterados.

El grupo estará dirigido por el fiscal ante la Cámara del Crimen Norberto Quantín e integrado por los fiscales de primera instancia José María Campagnoli, Adrián Giménez, Ana María Jacobucci y Pablo Lanusse.

"Es terrible que alguien lucre con fármacos que la gente compra para salvar vidas; es realmente aberrante", se indignó Becerra al explicar a La Nación las razones que lo llevaron a formar la comisión.

Los representantes del Ministerio Público asignados para esta investigación, que centralizará la información sobre causas en trámite en las que se investiga el expendio de remedios falsificados, "son todos funcionarios con férrea voluntad de individualizar a los responsables", según el procurador.

Actualmente están abocados a importantes pesquisas que involucran a legisladores, funcionarios y ex funcionarios de la comuna porteña.

Problemas en el interior

El descubrimiento, anteayer, de un lote de Novalgina falsificado acentuó la controversia respecto de la magnitud del mercado clandestino de drogas.

Mientras los laboratorios, legisladores y consumidores exigieron ayer explicaciones acerca de la calidad de la fiscalización efectuada sobre los fármacos, el ministro de Salud aseguró que la venta de remedios falsificados "es un episodio definitivamente resuelto".

Los laboratorios argentinos agrupados en Cooperala advirtieron que existe falta de control de las autoridades sanitarias sobre los medicamentos que circulan en el país y atribuyeron esa situación a la ausencia de una "política concertada" entre la Nación y las provincias, que permita llevar un "registro único" de los laboratorios, farmacias y droguerías de la Argentina.

El director ejecutivo de la cooperativa, Santiago Ballesty, se quejó porque la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) -dependiente de la cartera de Alberto Mazza- "no logra desde hace años aunar una política concertada con las provincias" y permite que "cada una tenga su propias normas sobre habilitación de laboratorios", que escapan a la fiscalización nacional.

Intervención de diputados

También el diputado frepasista Juan González Gaviola puso la mira sobre la Anmat, al presentar un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique las medidas de control que implementa actualmente el organismo ante los reiterados casos de falsificación de remedios.

El legislador consideró que el gobierno nacional debe impulsar una investigación exhaustiva para tener un mayor control sobre la cadena de comercialización de fármacos para evitar que la adulteración se convierta en una práctica común.

En junio último, La Nación dio cuenta de la venta de medicamentos falsificados en todo el país.

El informe señalaba que el 10% de los fármacos en circulación está adulterado. Eso significa unos 500 millones de pesos sobre los 5000 millones que al año mueve la venta de medicamentos en el país.

Ese mes, la diputada Cristina Zuccardi (Frepaso) requirió que la Comisión de Salud de la Cámara baja citara al ministro Mazza y al director de la Anmat, Pablo Bazerque, para que aclararan el tipo de controles efectuados a los medicamentos, la periodicidad de los mismos, el registro de denuncias en el sistema de farmacovigilancia y la intervención de la Justicia ante la presencia de delitos de adulteración.

El director de Cooperala también apuntó a la Justicia, al señalar que es "imprescindible" su actuación "con mayor celeridad" una vez que el Ministerio de Salud detecta laboratorios o droguerías clandestinas o la venta de remedios falsificados.

Sobre este punto, explicó que como la cartera tiene potestad para clausurar estos establecimientos por 90 días, si después la Justicia no toma cartas en el asunto, se ve obligada a levantar la sanción.

La sorpresiva reacción del Ministerio Público parece dejar ahora en evidencia nuevas dudas sobre la calidad de los controles que se aplican en la materia.

El mercado negro

Si se suman las partidas adulteradas, las robadas y las ingresadas ilegalmente en el país, el mercado negro maneja en la Argentina una rebanada superior al 10 por ciento de los medicamentos en oferta, Los productos de procedencia ilegal llegan a la población luego de una cadena de intermediarios que tiene como eslabón clave a droguerías. Estos negocios deben tener como único proveedor a los laboratorios; las irregularidades se dan cuando no se cumple con esa obligación.

Según dijeron fuentes del sector farmacéutico, parte del problema se origina cuando se producen falsos remedios, generalmente inocuos. La calidad de la copia que se consigue en envases facilita su llegada a las farmacias. Buena parte de las fábricas ilegales se encuentran en Brasil y Paraguay e ingresan las drogas al país por contrabando.

En otros casos, los mayoristas comercian con piratas del asfalto, que ofrecen descuentos de hasta el 50% del valor original de la mercadería.

Los farmacéuticos que adquieren partidas apócrifas suelen no darse cuenta del engaño, ya que las droguerías clandestinas falsifican también las facturas y los recibos.

Todas éstas maniobras posibilitan que arriben al mercado remedios que no pasaron control sanitario alguno.

Juicio político

El bloque de diputados del Frepaso pidió el juicio político de Alberto Mazza "por el mal desempeño de sus funciones al frente del Ministerio de Salud y Acción Social".

Mazza "es responsable de la absoluta falta de programación que tienen como lógica y obligada consecuencia la desprotección y abandono del sector de la población que padece de SIDA", aseguraron los frepasistas por medio de un proyecto de resolución.

El problema está resuelto, según Mazza

(DyN).- El ministro de Salud y Acción Social, Alberto Mazza, deslindó ayer la responsabilidad de la Nación en el control de la venta de medicamentos adulterados, al adjudicar esta función a las provincias, y consideró "definitivamente resuelto el episodio".

"La responsabilidad de venta de medicamentos ilegales está en farmacias y droguerías, y el control de ellas corresponde a cada una de las jurisdicciones y no está en el área de la Nación, donde trabaja la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat)", sostuvo el funcionario.

Mazza formuló estas declaraciones en Casa de Gobierno, luego de participar del acto de lanzamiento de la campaña de prevención de enfermedades cardiovasculares.

El ministro señaló que "la desregulación de la actividad farmacéutica, promovida en su momento por el Ministerio de Economía, no ha tenido un peso específico en esto".

Pese a que ya se detectaron al menos nueve marcas de remedios adulteradas, el ministro insistió en que la Argentina "consiguió un extraordinario avance en el control de medicamentos".

Mejorar los controles

Frente a la conmoción social que provocó el descubrimiento de remedios falsos, que a simple vista son iguales a los verdaderos pero no incluyen la droga esencial o lo hacen en una mínima cantidad, Mazza dijo que "es un episodio ya resuelto definitivamente", a la vez que desestimó la aparición de nuevos casos.

"Este fenómeno es un hecho delictivo que ocurre en la cadena de distribución y por eso estamos trabajando en una comisión para dictar nuevas normas que perfeccionen los mecanismos de control", agregó cuando se lo consultó sobre las medidas que su cartera está evaluando para detener ese tipo de maniobras.

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