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Justicia: paso hacia la transparencia

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17 de octubre de 2005  

El convenio firmado por el Consejo de la Magistratura con la Auditoría General de la Nación (AGN), para someter su gestión administrativa y presupuestaria al control de ese organismo, es un paso fundamental para alcanzar la máxima transparencia que debe caracterizar al Poder Judicial.

Las sospechas de corrupción que se instalaron en la sociedad sobre algunos organismos del Estado también alcanzaron, en los últimos tiempos, a la Justicia. Por ello es rescatable y debe ser aplaudida la determinación del Consejo de la Magistratura de colocarse bajo la lupa de un organismo de control externo.

En el acto de la firma del convenio, el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Enrique Petracchi, destacó la importancia del acuerdo como un paso significativo que hace a la transparencia de la Justicia.

El Consejo, que entre otras atribuciones tiene a su cargo la selección de los jueces y la administración del Poder Judicial, fue incorporado en la reforma de la Constitución de 1994, pero se instaló recién en 1998. Reúne una serie de poderes y atribuciones que lo hacen apetecible para las distintas fuerzas políticas y diversos sectores sociales.

Por tratarse de una institución sobre la que se depositaron tantas expectativas para mejorar el sistema judicial, es tiempo de revisar el cumplimiento de sus objetivos y de sus funciones, la estructura que se le dio, el reparto de la representación, lo actuado en materia de administración, la adecuación de la ley al modelo constitucional, y, en particular, el cumplimiento de las funciones de selección y de remoción de los magistrados. En este contexto adquiere relevancia el seminario "El Consejo de la Magistratura emplazado a reformarse", que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) proyectan realizar el año próximo.

La decisión de someterse al control de la AGN es la continuación del camino trazado por la Corte Suprema de Justicia, que a fines de 2004 había firmado un convenio similar para avanzar hacia una mayor apertura y transparencia. Por ese acuerdo, toda su actividad presupuestaria, económica, financiera y patrimonial quedó bajo el control de la AGN.

La Corte, para permitir y facilitar su seguimiento externo, ratificó su propósito de que los actos de administración que son de su competencia -de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución nacional- sean auditados por la Auditoría General de la Nación, para asegurarse de ese modo la corrección de los procedimientos.

De manera similar, el contrato suscripto por el Consejo de la Magistratura establece que la AGN realizará "auditorías externas de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, técnica y normativa de la Administración del Poder Judicial de la Nación".

Incluye un plan de trabajo de 16 puntos y contempla aspectos de auditoría general, como un relevamiento de la normativa de compras y contrataciones, presupuesto y plan anual de compras, y otros más específicos, como la revisión de las reparaciones en edificios del Poder Judicial y procesos de adquisición de equipamiento informático.

Es una decisión auspiciosa que merece ser aplaudida, porque se ha dado un paso adelante en favor de la transparencia y la credibilidad del organismo que tanta injerencia tiene en la administración de justicia de nuestro país.

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