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Empresas sin protección jurídica

El país enfrenta reclamos por no menos de US$ 42.000 millones por no cumplir contratos, desde privatizaciones de servicios públicos hasta títulos de la deuda; hace poco fue George Bush quien pidió a Néstor Kirchner un cambio en la situación
Diego Cabot
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13 de noviembre de 2005  

Hace una semana, en la IV Cumbre de las Américas, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, introdujo dos palabras que estaban fuera de la agenda de los mandatarios. Apenas dos palabras: "seguridad jurídica".

No es difícil imaginar el significado de las palabras. Ahora bien, ¿qué significa que haya seguridad jurídica en un país? Y lo que es más dificil aún: ¿cómo se arregla esta situación?

Según varios especialistas consultados por LA NACION, la seguridad jurídica tiene que ver con la previsibilidad de las normas, con su estabilidad y con la seguridad que de la Justicia efectivamente protegerá el cumplimiento de las normas. Cuando estas condiciones no se dan, los contratos se rompen, las inversiones de largo plazo buscan otros receptores y la Justicia se tapona de expedientes.

Para pasar la emergencia, el Estado se valió de medidas extremas que, justificadas o no, dejaron una cola de reclamos que podrían llegar a los 42.000 millones de dólares. Ese monto fomentado por el abrupto cambio normas, quizá sea la mejor explicación práctica de qué significa seguridad jurídica.

La crisis de fines de 2001 y la posterior caída de la convertibilidad fueron algunos de los disparadores de miles de causas que lo tienen al Estado como demandado. Uno de los fueros más afectados es el contencioso administrativo porteño. Hasta el momento, los doce jueces de primera instancia y las cinco cámaras de apelaciones tramitaban alrededor de 40.000 causas por año. Según la cámara del fuero, los juicios ingresados superan los 200.000, que, sumados a las apelaciones y a los incidentes (juicios paralelos) que se deben ingresar, alcanzan a aproximadamente 600.000.

Según un informe de la Procuración del Tesoro del año pasado, los jueces devolvieron a los ahorristas 4342 millones de pesos.

Sin embargo, cualquier número queda corto si el contrapeso son lo reclamos que la Argentina enfrenta en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (Ciadi, según sus cifras en inglés). Allí anidan 36 causas que, sumadas, orillan los 17.000 millones de dólares. Las empresas reclaman allí que la Argentina incumplió con las condiciones contractuales al dictar las leyes de emergencia que terminaron pesificando sus activos locales y sus tarifas.

Pero no todo queda ahí. En distintas partes del mundo, tenedores de títulos de deuda pública caídos en default recurren a cuanto tribunal les permite tratando de cobrar la totalidad de sus bonos, aunque, por ahora, no han logrado ningún beneficio.

Y si a la calculadora aún le alcanzan los ceros, se puede seguir sumando: si cada uno de estos bonistas inicia un juicio para reclamar la totalidad del pago del título, el Estado acumulará reclamos por alrededor de 24.000 millones de dólares, monto que representan el 24% de los bonistas que si bien no ingresó al canje, no renunció al derecho de reclamar. ¿Podría darse este escenario?

La respuesta es que sí, por lo menos si el resquicio que abrió la Justicia porteña en un fallo que trascendió esta semana se generaliza. En esta sentencia, el fuero contencioso administrativo ordenó al Estado a devolver el dinero que corresponda a capital e intereses a un tenedor de bonos en default que no aceptó ingresar en el canje de deuda que impulsó el Gobierno este año.

El fallo despertó fuerte preocupación en el Palacio de Hacienda. Frente a la Casa Rosada saben que este antecedente podría convertirse en un problema con resultado incierto.

Sin embargo, al otro día, otro juez equiparó la disputa. A diferencia de la sentencia anterior, esta vez la Justicia se inclinó por la solución inversa: le dio la razón al Estado y no hizo lugar al reclamo del ahorrista.

En los estudios de abogados ya se canalizan varios reclamos de ahorristas extranjeros que buscan amparo en el fuero que alguna vez fue el salvavida de los ahorristas pesificados.

Finalmente, la cuestión deberá ser saldada por la Corte Suprema. Y de esa solución, quizá lleguen tiempos mejores para la seguridad jurídica perdida.

El juez nacional en lo civil, Ricardo Li Rosi emparentó el problema de la seguridad jurídica con el valor de la palabra y de fortaleza de los contratos. "El marco jurídico es el basamento sobre el que se construyen los contratos. Si el basamento es endeble, el edificio sobre el que se construye el contrato no es seguro", dijo el también director ejecutivo de la Academia Judicial Internacional, con sede en Washington, para América latina.

"Además -agregó-, el cambio constate en la legislación hace que la gente no tenga confianza al empeñar su palabra."

Lejos de las declaraciones filosóficas, un importante abogado de la City porteña habló de las situaciones prácticas que entorpecen el mundo de los negocios. "La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanza mucho, el Gobierno cambia las reglas, la discrecionalidad con las que se cambian las normas y la superposición de las normas regulatorias entorpece cualquier operación", enumeró el abogado.

El especialista en derecho administrativo del estudio y socio del estudio M. & M. Bomchil, Guido Tawil, dijo a LA NACION que el principal problema es la percepción de que los problemas no se han solucionado. "Sin embargo, respecto de la ruptura de los contratos, no ha habido solución; las ejecuciones hipotecarias siguen sin definiciones y los ahorristas aún no tienen un sentencia que aclare la cuestión", sostuvo uno de los abogados más escuchados entre sus pares.

"Los cambios permanentes son los que generan seguridad. Para que haya inversiones es necesario mejorar las normas y tener más estabilidad en las reglas", agrego.

En el mismo sentido, Enrique del Carril, socio fundador del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (Fores) tampoco dejó afuera la seguridad individual a la hora de conceptualizar la seguridad jurídica.

Cuatro pilares

Según su visión, el concepto tiene que ver con cuatro cosas: seguridad física, regularidad y eficacia en los mecanismos de aplicación del derecho, claridad de las normas y estabilidad. "Hay que analizar cómo está la Justicia para juzgar la seguridad en la Argentina", manifestó Del Carril.

Hace pocos días, representantes de la Federación Argentina de Colegio de Abogados (FACA) estuvo en la IV Cumbre de las Américas. Los presidentes de todos los países -incluido el propio Bush- se llevaron un documento elaborado por la institución. Allí dejaban claro que uno de los problemas del país es la seguridad jurídica, aunque apartándose de la visión empresaria de que afecta la estabilidad de una inversión o aumenta el riesgo al momento de decidirla.

"Uno de los puntos que reclamamos es la seguridad jurídica. Creemos que tenemos un problema grave en las instituciones jurídicas, que están avanzadas por la política", dijo el presidente de la entidad, Carlos Andreucci.

La percepción de la FACA coincide con algunos datos cuantitativos. Según el Indice de Confianza en la Justicia elaborado por la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, la Fundación Libertad y Fores alcanzó en julio pasado un valor de 46,5 (en una escala donde el cero expresa el mínimo de confianza y cien, el máximo), lo que representa una disminución de la confianza del 4,5% en comparación con marzo de 2005. Los valores son prácticamente idénticos a los de un año atrás.

Todos los consultados dejaron en claro que los sucesivos quiebres de las normas en la Argentina han tenido que ver, con las crisis económicas.

"Es cierto que una crisis socio económica de la magnitud obligó al Estado a dictar normas extraordinarias. Ahora estamos en un período de estabilidad económica, que normalmente facilitan la seguridad jurídica", concluyó Li Rosi.

"Enfrentar la emergencia con leyes que le falta coherencia, es un factor de inseguridad -dijo Del Carril-. Hay muchas regulaciones de los organismos del Estado que suelen ser inconstitucionales y que están cambiando la legislación." A modo de ejemplo, rescató la modificación de las indemnizaciones laborales, recientemente bajada por el Ministerio de economía de un 180% a un 150 por ciento. "Esto es una facultad del Poder Legislativo, y sin embargo lo hace el Ejecutivo. Eso crea inseguridad jurídica", concluyó.

Tawil considera que la mayoría de estos temas se terminan con diálogo político. "Se buscan soluciones espasmódicas y a corto plazo. No se ha puesto como prioridad restaurar el proceso", agregó.

* * *

Agosto de 2001: ley de intangibilidad de los depósitos: "[...] El Estado en ningún caso podrá alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera; esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional, u otro activo del Estado nacional, ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar las tasas pactadas, ni la moneda de origen, ni reestructurar los vencimientos, los que operarán en las fechas establecidas entre las partes".

Cinco meses después la ley era derogada. En poco tiempo el Estado afrontó 200.000 amparos.

Pocos sectores a salvo

No todo está perdido. Si bien hay algunos sectores que son paradigma de la falta de seguridad jurídica, existen otros que, pese a la crisis y a la emergencia, pudieron sortear el cambio de leyes y mantuvieron su regulación.

Uno de ellos es la minería, que en el último tiempo se ha posicionado como una de las actividades que tiene mayor crecimiento.

Aunque es cierto que el valor de los metales en el mercado internacional ha ayudado, no menos cierto es que la estabilidad normativa con la que convive el sector desde mediados de los años noventa es otra de las razones del despegue.

Uno de los socios del estudio M. & M. Bomchil, Guido Tawil, consideró que la estabilidad tributaria de los proyectos mineros, que no se tocaron durante este tiempo, es un excelente ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien.

Actualmente, el crecimiento del sector se ha multiplicado, ha mecanizado zonas alejadas y puesto en marcha economías regionales. En 2004, las inversiones en exploración y explotación crecieron y los envíos subieron un doce por ciento. Según la Secretaría de Minería de la Nación, la tendencia continuará: para el año próximo estima inversiones por 1300 millones de dólares y exportaciones por otros 1500 millones.

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