Separaron a Bonadío de la causa AMIA

La Cámara Federal interpretó que perdió imparcialidad, y que fue juez y sospechoso a la vez; analizan su conducta
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19 de noviembre de 2005  

Comenzó ayer a saldarse una de las cuentas pendientes en la investigación del atentado a la AMIA: la causa en que se investigan maniobras de encubrimiento o intentos de construir una verdad falsa para cerrar el caso a cualquier precio puede descongelarse con la designación de un nuevo juez.

Tres jueces de la Cámara del Crimen, actuando como conjueces en la Sala I de la Cámara Federal, expulsaron de esa investigación al juez federal Claudio Bonadío y enviaron los antecedentes de su decisión a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Le reprocharon falta de imparcialidad y haber mantenido un doble rol de magistrado y sospechoso.

Los jueces Gustavo Bruzzone, Carlos González y Jorge Rimondi recordaron que Bonadío debió haberse apartado voluntariamente del caso cuando el Gobierno imputó en la causa al ex ministro del interior Carlos Corach, pues Bonadío había sido su segundo cuando el ahora ex funcionario se desempeñaba al frente de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, durante la gestión de Carlos Menem.

Están imputados en esta causa el ex juez federal Juan José Galeano, el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, varios agentes de inteligencia y el único preso en la causa, Carlos Telleldín.

Tras el sorteo de rigor, el caso quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien fue designado hace un año.

Tras un lustro de trámite y una vez que el Tribunal Oral Federal Nº 3 absolvió a todos los acusados de ser la conexión local del atentado, Bonadío citó a 37 personas a prestar declaración. Son aquellas a las que había señalado el tribunal oral como supuestas responsables de urdir una verdad falsa, pagándole a Carlos Telleldín por su declaración contra Juan José Ribelli y otros cuatro policías bonaerenses. La idea del tribunal oral era que el Estado se había complotado para cerrar el caso con una verdad ajustada a su conveniencia política.

De esas 37 indagatorias, llegó a concretarse una docena, pero el trámite quedó paralizado cuando Bonadío fue recusado por el abogado de Ribelli José Manuel Ubeira y por Alejandro Rúa, titular de la unidad de investigación de la causa AMIA del Ministerio de Justicia.

En la lista de acusados no figuraba Corach, para quien Rúa había pedido la indagatoria, tras una solicitud de investigación del tribunal oral. Allegados al ex ministro dijeron a LA NACION que mantiene el respeto de siempre por Bonadío y que la decisión lo tranquiliza porque cualquier medida que hubiera tomado este juez con respecto a su persona hubiese sido sospechada de inmediato.

"Hay dudas razonables sobre el proceder imparcial del juez", dijeron los magistrados. Bonadío debió evaluar su apartamiento voluntario del caso, según dijeron los jueces al recordar lo dicho por la sala II de la Cámara, pero adoptó decisiones posteriores en la causa, sin mensurar, supuestamente, la relación funcional directa que había mantenido en el pasado con Corach.

Según el informe que envió la Presidencia de la Nación -dice el fallo-, Bonadío fue asesor de Corach del 19/9/90 al 8/9/92 y su subsecretario de Asuntos Legales, del 8/9/92 a 30/6/94, pero, al ser requerido, sólo hizo una indicación genérica de sus antecedentes laborales en el Gobierno.

El expediente del que ha sido apartado Bonadío se había iniciado en el 2000 por los dichos de Claudio Lifschitz, ex prosecretario de Galeano, quien dijo que la causa AMIA fue "boicoteada" y que los "errores" que ocurrieron allí no fueron "por omisión o negligencia". Este ex funcionario fue el primero en hacer referencia a la pérdida de evidencias en la causa.

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