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Ya funciona otro barco casino en Puerto Madero

La justicia porteña dice que es ilegal; la federal lo autoriza
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20 de enero de 2006  

En medio de una disputa entre la justicia porteña que lo considera ilegal y la justicia federal que protegió su funcionamiento, abrió ayer sus puertas al público un segundo casino flotante en Puerto Madero, junto al barco que ya funcionaba como sala de apuestas.

El nuevo barco, el Princess, de cuatro pisos lujosamente alfombrados, cuatro barras y techos dorados, cuenta con máquinas tragamonedas, ruleta electrónica y su juego vedette es el Wild Race, una carrera de caballos virtual, donde los animales son casi idénticos a los reales. Ayer a la tarde, con el motor en marcha, hacía sonar su sirena.

"¡Adelante!, Tiene cuatro niveles y hay brindis gratis en todas las barras", invitaba una promotora a los apostadores, ayer, a las 19.

Anoche, voceros de la empresa española Cirsa, que explota ambas salas de juego, dijeron a LA NACION que no se trató de una inauguración formal, la cual está prevista para marzo. "Se invitó a los clientes frecuentes a conocerlo y vinieron técnicos de España para ajustar las máquinas", dijeron las fuentes. Ante la evidencia de que se estaba apostando en la nueva sala, afirmaron que la "única manera de probar las máquinas es usándolas".

Y agregaron: "Actuamos dentro de la ley. Hay jueces que se exceden en sus funciones, pero existe un perfecto estado de legalidad en el marco de la justicia federal".

Ayer, nadie estaba preocupado por problemas legales. Copa de champagne en mano, los apostadores se distribuían por los cuatro pisos con barras y no se despegaban de las maquinitas. El barco cuenta con dos ascensores que permiten recorrerlo sin esfuerzo. "¡Esto es mejor que Palermo!", se entusiasmaba un señor de pantalón claro y camisa bordó. "¿Donde están las carreras de caballos?", preguntaba otro a su lado y se dirigía hacia la pantalla de plasma donde equinos de videojuego atravesaban una meta virtual. Cerca de allí, otras pantallas de plasma reflejaban una ruleta y el lugar donde caía la bola, mientras los apostadores elegían su número en una con touch screen individual.

La batalla legal por la habilitación de este segundo barco es casi tan larga como los cuestionamientos que todavía enfrenta en los tribunales el primero. El 21 de noviembre del año pasado, hace casi dos meses, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad, con la firma de los jueces Edgardo Russo y Nélida Daniele, entendió que esta segunda embarcación era ilegal.

"Sin perjuicio de que resulta a todas luces ilegal la instalación de un nuevo casino en Buenos Aires, la falta de una licitación para la instalación del primero resulta de imposible encuadre legal", afirmaron los camaristas.

Pero el Casino flotante presentó un recurso de amparo ante la justicia federal. El juez Sergio Fernández, del juzgado N° 2, ordenó al gobierno porteño que "no puede adoptar medidas que afecten los derechos de la empresa Casino de Buenos Aires sobre el barco Princess", hasta tanto se resuelva el fondo del asunto. Ese fallo fue apelado por el gobierno de la ciudad el 16 de diciembre, dijeron fuentes locales.

El casino flotante siempre argumentó que la justicia porteña no tiene competencia para decidir sobre el funcionamiento del barco y que es la justicia federal, nacional, la que debe decidir sobre eso.

El problema de fondo es quién tiene el control del juego en la ciudad. Las normas locales, incluida la Constitución y la justicia porteña, dicen que la Ciudad. La Corte, también, pero Lotería Nacional y algunos tribunales federales dicen que es de la Nación. La pelea no es menor, pues se trata de una puja que involucra 3760 millones de pesos en apuestas recibidas, al año, entre el casino y las tragamonedas.

El casino flotante nació en 1999 merced a una resolución del gobierno de Carlos Menem y a un decreto que le permitió a la empresa operadora quedarse con el 80 por ciento de las ganancias y dejar el 20% restante en manos del Estado.

Pero la Constitución porteña estableció que la ciudad de Buenos Aires es la que regula, administra y explota los juegos de azar, lo que dio origen al conflicto. Además, la Constitución permitió transitoriamente a la Ciudad firmar convenios con Lotería Nacional para revisar las concesiones en vigor, como la del casino. Así se firmó un convenio entre la Ciudad y Lotería Nacional donde se preveía el segundo barco.

"Se impone poner de resalto la falta de transparencia en el procedimiento de aprobación de la nueva sala", dijeron los camaristas, que pidieron a la Ciudad que analizara con Lotería Nacional la manera de cerrar el casino y evitar la segunda sala de juego, que ya funciona.

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