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Ordenan detener a dos ex gobernadores

Intervinieron Misiones en la dictadura
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26 de enero de 2006  

POSADAS.- La justicia federal de Misiones dispuso ayer la detención de dos ex gobernadores de Misiones que actuaron durante el último gobierno militar.

A la vez, se ordenó la detención de dos coroneles que ejercían altos cargos aquí y de otros funcionarios del régimen, acusados de "privación ilegítima de libertad agravada por torturas y homicidio calificado".

Los ex militares están bajo sospecha de haber estado involucrados en la desaparición del ex decano de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) Alfredo González y de otras veinte personas.

La orden de detención comprende a los capitanes de navío Rodolfo Poletti, ex interventor militar de Misiones entre 1977 y 1978, y de Fernando Di Fonzo, que fue su ministro de Gobierno y posteriormente se desempeñó como gobernador interino en 1978.

Asimismo, fue detenido el entonces jefe del Area 232, coronel Humberto Caggiano Tedesco -que permanece internado en el Hospital Militar de Buenos Aires- y el coronel Francisco Javier Molina, jefe de la policía provincial en aquellos años, que fue arrestado en su domicilio de Paso de los Libres. Además, se ordenó la detención del suboficial de Gendarmería Manuel Acosta, por similares motivos. Cabe consignar que los marinos Poletti y Di Fonzo todavía no fueron localizados y son buscados por la Policía Federal en todo el país.

Un juicio de la verdad

La resolución fue adoptada por el juez subrogante de Posadas, Eduardo José Bonetto, que instruye la investigación de uno de los juicios de la verdad que se lleva a cabo por primera vez en la capital misionera. La causa también es impulsada por Amelia González, hermana del ex decano de Facultad de Ingeniería Química.

Las audiencias comenzaron ayer y varios testigos prestaron declaración, al igual que oficiales penitenciarios y policías locales actualmente en situación de retiro, a los efectos de aportar datos pertinentes en torno de su participación en actos represivos ocurridos hace casi 30 años, considerados "delitos de lesa humanidad" y que, por lo tanto, son imprescriptibles.

En la audiencia también estuvo presente la titular del área jurídica de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana María Figueroa, quien viajó expresamente para el acto procesal.

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