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Presiona el Gobierno a las telefónicas

Tironeo: sobre la base de un índice de reclamos, la Casa Rosada impulsa la desregulación del negocio; qué dicen las empresas.
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8 de noviembre de 1997  

El Gobierno postergó anoche una definición sobre la prórroga por tres años de la exclusividad de las licencias que tienen las compañías telefónicas.

Ello se produjo en medio de una trabada negociación entre la Secretaría de Comunicaciones y Telefónica de Argentina y Telecom, que en 1990 recibieron esa promesa como parte de las condiciones de la privatización de la ex Entel.

Esa prórroga está condicionada a que las empresas cumplan con una serie de objetivos de calidad y cantidad de servicio, pero mientras éstas sostienen haber superado esas exigencias, el Gobierno argumenta que algunas metas no han sido alcanzadas satisfactoriamente y que, por lo tanto, el mercado debe abrirse a la competencia. Telefónica y Telecom consideran que el Gobierno busca acelerar el fin de la exclusividad sin fundamentos que respalden la idea de que ellas no cumplieron.

Sin embargo, fuentes de alto nivel de una de esas compañías aceptaron ayer que el Gobierno parece haber encontrado un indicador "marginal", pero sensible, para presionar a las operadoras y obligarlas a negociar una salida intermedia, esto es, un acortamiento de los tres años de prórroga.

Pero la posición y la situación de las empresas no es la misma. Por un lado, Telefónica parecería más permeable a una discusión sobre la reducción de la exclusividad. No se sabe qué compensaciones pretendería a cambio de eso. En cambio, Telecom se mantiene inflexible e insiste en los tres años más de exclusividad. En su caso, parece que los flancos que elGobierno considera vulnerables, para la empresa son fácilmente defendibles, y para eso hasta estaría decidida a llevar su pleito a un tribunal de arbitraje internacional. "Si fuera por el Gobierno, ayer terminaba la exclusividad, pero no pueden hacer oído sordos a los compromisos asumidos", admitió un alto funcionario a La Nación .

A última hora de ayer, la Secretaría de Comunicaciones informó que, por orden de la Justicia, el Gobierno se encontraba impedido de pronunciarse acerca de la exclusividad. A instancias de la presentación de un particular, a la que después se sumó la Asociación Consumidores Libres, la Justicia determinó que la Secretaría debe convocar a una audiencia pública antes de definirse sobre la prórroga -o no- hasta el año 2000 de la restricción al ingreso de nuevos operadores, un derecho que adquirieron las actuales licenciatarias a cambio del cumplimiento de ciertas metas.

Más allá de los vericuetos jurídicos que amenazan prolongar la cuestión, el Gobierno se encuentra atrapado en una disyuntiva:a la intención de desregular el mercado cuanto antes -y abrir una carrera por bajar precios e incorporar nuevos servicios-, se le contrapone la necesidad de cumplir los compromisos internacionales.

Los reclamos

Según un ejecutivo de una de las telefónicas, en la evaluación de las metas presentadas por las telefónicas, Comunicaciones le dio "mucha importancia a indicadores que parecían relativamente marginales", entre ellos, el índice de reclamos.

La diferencia de desempeño entre Telefónica de Argentina y Telecom se basaría entonces en cuán rápido y bien fueron resueltos los reclamos de los clientes de ambas compañías.

La ley de reforma del Estado autorizó al Ejecutivo a negociar acuerdos bilaterales de promoción y protección de inversiones extranjeras, y en esa dirección se alcanzaron 39 convenios que obligan al Gobierno nacional a garantizar el cumplimiento de todos estos acuerdos:en caso de que no cumpla, el Estado debe indemnizar al inversor. Estos acuerdos de protección alcanzan, entre otros países, a Francia, Italia y España.

"Es un tema contractual;no político", dijo un ejecutivo de Telecom a La Nación . "La inseguridad jurídica se acrecienta si todos los contratos que firmó el Estado pueden ser vetados por un particular", en referencia a la causa en contra de la extensión de la prórroga iniciada por Martín Youssefian. "O si el Estado no es el primero en respetar las reglas que estableció", agregó otra fuente cercana a las discusiones con el Gobierno.

En caso de que no se extienda la prórroga de exclusividad, Telecom Argentina mantendría la posición más dura. En primer lugar, si el Ejecutivo decide no otorgar la prórroga, ese grupo -en el que confluyen France Telecom y Telecom Italia- pretende una indemnización por la pérdida de rentabilidad que le ocasionaría dejar de ser la única operadora en su zona. La máxima concesión que haría Telecom sería la de acortar estos tres años a 1999, época decisiva para el menemismo.

Un duopolio

Otra de las versiones indicaba que las operadoras habrían propuesto que se mantuviera la exclusividad por un año, y luego se convirtiera en un duopolio, con competencia sólo entre Telefónica y Telecom. El secretario de Estado de Comercio Exterior de Francia, Jacques Dondoux, se reunió con el secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath, y le expuso claramente la posición oficial francesa:que la extensión de la prórroga se resuelva favorablemente. Kammerath habría contestado escuetamente que "el Gobierno está conversando con las dos compañías", sin comprometerse en sentido alguno.

Luego, en un almuerzo con la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, Dondoux afirmo que su gobierno espera que la Argentina "mantenga la estabilidad de las reglas del juego de las privatizaciones", y "un Estado de Derecho donde la ley se cumpla".

Ya rigen las nuevas tarifas

Hoy comienzan a regir la nueva estructura de nuevas tarifas instrumentada por la Secretaría de Comunicaciones antes de las recientes elecciones legislativas, a las cuales se sumarán los nuevos reajustes en las llamadas internacionales adelantados ayer por el Gobierno.

En la semana anterior a la votación del 26 de octubre último, el Gobierno anunció rebajas de entre el 25 y el 50 por ciento en llamadas locales, interurbanas e internacionales, sobre la base de la la eliminación de las horas pico y extendiendo la franja nocturna, que antes comenzaba a las 22 y ahora será a partir de las 20 y que siempre implica un abaratamiento de las tarifas regulares.

Aunque desde la Secretaría de Comunicaciones se desmintió que se tratara de una renovación automática de la exclusividad, estas rebajas fueron interpretadas, tanto de parte de las empresas que prestan el servicio como de los legisladores de la oposición, como un aval oficial a la continuidad del monopolio hasta el 2000.

Facultad del Estado

Durante los siete años de exclusividad, las rebajas fueron del 2 por ciento anual, y ahora se llega al 4 por ciento, algo que en el pliego de privatización de Entel estaba previsto en caso de que se prorrogara la exclusividad.

El establecimiento periódico de "precios tope", también denominados "price caps", es una facultad reservada para el Estado sólo para el caso en que se mantuviera el monopolio de las empresas, porque de lo contrario, comenzarían a regir valores establecidos por el mercado en el libre juego de la oferta y la demanda.

En su momento, Telefónica de Argentina aseguró que las rebajas se debían a una medida "electoralista" por parte del Gobierno.

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