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Sigue la guerra judicial por el casino

Un juez porteño lo encerró en un "corralito" y otro federal levantó las vallas
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18 de mayo de 2006  

En un nuevo capítulo de la guerra judicial por el casino flotante, la justicia porteña dispuso ayer que la Ciudad de Buenos Aires colocara un corralito en torno de uno de los dos barcos que funcionan en Puerto Madero como casinos flotantes y multó a la empresa que los explota con 200.000 pesos diarios por desobedecer la orden de clausurar la embarcación que él mismo había impartido. Pero otro juez federal, una hora y media más tarde, ordenó levantar las vallas y volver a permitir el acceso del público, ante un recurso de amparo de la empresa.

Esta controversia, cuyo telón de fondo es quién tiene poder sobre el juego en la ciudad de Buenos Aires, si el Estado nacional o el porteño, y quién es la autoridad de aplicación -si la justicia porteña o la federal-, ya llegó a la Corte Suprema de Justicia, la que debe decidir al respecto.

La Constitución de la ciudad de Buenos Aires y la ley de juego prevén que la facultad es de la ciudad, pero la Lotería Nacional entiende que el manejo de las apuestas no estuvo entre las facultades delegadas por la Nación al distrito cuando éste obtuvo su autonomía.

Anoche, el gobierno porteño dijo que se sumará a la presentación que está radicada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único tribunal común a a la justicia de la ciudad y la federal. "Es voluntad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no desobedecer ninguna orden de juez competente, por ello se busca que la Corte Suprema determine qué juez es el competente. Debe aclararse que el gobierno reivindica la competencia local sobre los juegos de azar, del mismo modo que la reivindica sobre la policía, la justicia, el transporte, etc. Así lo hará constar en la presentación judicial", se sostiene en un comunicado oficial.

La última batalla de esta guerra judicial se comenzó a librar ayer, cuando el juez en lo contencioso administrativo de la ciudad Roberto Gallardo, a pedido del abogado Ricardo Monner Sans, que presentó la demanda, entendió que el casino desobedeció la orden que había dado en marzo último de no poner en funcionamiento un segundo barco, el Princess, por estar expresamente prohibido por las normas porteñas. Por eso, en su fallo de ayer, le impuso al casino una multa diaria de 200.000 pesos hasta que cumpliera la sentencia.

Además, en esa resolución, notificada a las 17 de ayer, ordenó al gobierno porteño que colocara una valla que impidiera el acceso de vehículos y personas al Princess. Ese vallado fue custodiado por la Guardia Urbana y por un patrullero de la Policía Federal.

Las vallas estaban a unos 100 metros de las salas de juego desde el playón de estacionamiento.

Pero a las 18.30 otro fallo del juez en lo contencioso administrativo federal Sergio Fernández ordenó a la Prefectura Naval que permitiera el funcionamiento del barco, al hacer lugar a un recurso de amparo de la empresa Cirsa, que maneja el barco.

Fernández se arrogó toda decisión sobre el asunto por entender que, como juez porteño, su colega carece de jurisdicción en asuntos federales y que el Casino está situado, justamente, sobre aguas nacionales.

Esta controversia, que ya motivó dos clausuras del primer barco y una del segundo, está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Aunque la solución de fondo del conflicto pasará por la política y por cómo se repartirán las ganancias del juego la Nación y la ciudad.

Antecedentes

27 de marzo de 2006

  • La Policía Federal, por orden del juez porteño Roberto Gallardo, clausuró y desalojó uno de los dos casinos flotantes de Puerto Madero, al entender que su funcionamiento viola las leyes de la ciudad.
  • 27 de marzo de 2006

  • Cinco horas después de la clausura ordenada por Gallardo, el juez federal Sergio Fernández dispuso que se reabrieran las puertas del casino clausurado. El buque objeto de la polémica es el Princess.
  • Marzo de 2005

  • Gallardo ordenó al gobierno porteño la clausura del otro casino flotante, llamado Estrella de la Fortuna, el primer barco donde se apuesta en máquinas tragamonedas y a la ruleta electrónica desde 1999. Pero otro juez federal la levantó.
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