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Felipe Solá, al rojo vivo

La mayor de las provincias, con una cantidad de votantes que la hacen clave en cualquier elección, entró en déficit y reclama que haya otra vez asistencia financiera especial
Pablo Morosi
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23 de julio de 2006  

LA PLATA.–“Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero cada día tenemos menos posibilidades para responder adecuadamente a las necesidades y demandas de servicios para los bonaerenses.” La frase del ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Otero, precedió a un hondo silencio.

Sobre su escritorio, en el primer piso del edificio donde funciona la sede de la cartera de Hacienda provincial, Otero no dejó planilla sin analizar para defender su gestión y desligarla del negativo resultado fiscal previsto para el actual ejercicio: un déficit de caja que el ministro estima en $ 500 millones, aunque analistas privados ubican por encima de esa cifra. Por ejemplo, un reciente informe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) calculó que este año el déficit de la principal provincia argentina llegaría a $ 800 millones.

Según datos de la Contaduría General bonaerense, durante el primer cuatrimestre del corriente año la mayor provincia argentina incrementó un 29,2% sus gastos, en comparación con el mismo período de 2005. Esa suba representó un déficit de $ 259 millones que contrasta con el superávit de $ 971 millones que exhibía la provincia en el primer cuatrimestre del año pasado.

Sólo en 2004, la provincia gobernada por Felipe Solá consiguió un superávit fiscal que dejó en las arcas provinciales $ 547 millones a fines de ese año. Cuando Solá asumió, en e-nero de 2002, en reemplazo de Carlos Ruckauf, el déficit se ubicaba en $ 3182 millones. A fines de ese año, el desequilibrio se redujo a $ 1736 millones y en 2003 cayó a $ 219 millones. En 2005, las cuentas provinciales volvieron al rojo: el déficit fiscal fue de $ 361 millones. Un trabajo realizado por especialistas del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE), que sigue de cerca los números de la provincia, sostiene que "el comportamiento deficitario se explica básicamente por el desbalance en los gastos corrientes, que crecieron en $ 1376 millones".

El informe señala como el rubro de mayor impacto los aumentos salariales, que representaron una suba de $ 848 millones. "El significativo incremento de las remuneraciones se asocia a los aumentos otorgados a los agentes de la administración a partir de marzo último", se indicó.

El último aumento a los docentes provinciales, otorgado a fines de febrero, a poco del comienzo del ciclo lectivo, implicó nada menos que $ 650 millones extras que no estaban contemplados en el presupuesto.

La provincia se vio forzada a seguir la impronta marcada, a nivel nacional por el ministro de Educación, Daniel Filmus, y por la ley de financiamiento educativo, que impactará con mayor fuerza en las cuentas provinciales en 2007.

Otero reconoce que el punto de inflexión lo marcó la política salarial. En 2005 el gasto en personal subió un 40%, un porcentaje que podría repetirse este año. No obstante, el ministro considera que "existe un problema estructural de distribución de los ingresos que perjudica a Buenos Aires y al resto de las provincias y que genera una dependencia cada vez mayor del tesoro nacional, que colisiona contra la capacidad de diseñar políticas autónomas", argumentó.

El economista Dante Sica, titular de la consultora Abeceb, coincidió en que hay que observar "la cuestión estructural de la distribución de ingresos que presenta a un Estado Nacional líquido y con recursos determina en mucho la situación y provoca la fragilidad de las cuentas públicas de Buenos Aires y del resto de las provincias".

En ese sentido, los ingresos coparticipados por la Nación a las provincias disminuyeron del 44,8 % en 1993 al 32,5 % repartido en 2005. Consecuentemente, lo recibido por la provincia de Buenos Aires también cayó: pasó del 24,2 % al 21,3 % en el mismo período.

El escenario se ensombrece más aún si se tiene en cuente que, además, en el presente año la provincia debe enfrentar el pago de $ 3450 millones por vencimiento de su deuda, de ellos $ 2450 millones son obligaciones con la Nación. Para ello, la provincia recibirá un aporte extra de $ 2000 millones, según lo anunciado hace un par de meses por la ministra de Economía Felisa Miceli.

Pero en 2007, la provincia deberá pagar $ 3800 millones, de los cuales $ 2800 millones el acreedor es la Nación. Hace tiempo que Otero busca sin suerte una renegociación con el gobierno Nacional. No obstante, el ministro no pierde la esperanza de que, antes de fin de año, Miceli convoque a las provincias con una propuesta de solución.

Solá ensayó algunas alternativas para conseguir fondos frescos. Afianzó el plan antievasión, comandado por el hiperquinético subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, a quien respaldó en la aplicación de facultades extraordinarias contra los deudores.

Además dispuso un aumento en el impuesto inmobiliario rural por el que obtendrá unos $ 550 millones en este año y, hace unas semanas, acordó un aporte extraordinario con las empresas concesionarias de bingos que, a cambio de una extensión de sus contratos hasta 2021, cederán a las arcas provinciales $1430 millones, de los cuales 430 ingresarán antes de fin de año. Ahora estudia un aumento en el impuesto inmobiliario que afectará a los propietarios de casas de más de $ 150.000 de valuación fiscal.

Pero nada parece suficiente y el panorama para la segunda mitad del año no se presenta apacible. Según el secretario general de ATE bonaerense, Hugo Godoy, "agosto será un momento en que los conflictos podrían generalizarse". Al reclamo por nuevos aumentos salariales, impulsado por los sindicalistas, se suma el pedido de pase a planta permanente de unos diez mil agentes -3000 de ellos docentes- y la presión por la aplicación de un plan de recategorización de agentes públicos, que, de ser convalidado implicaría unos $ 100 millones adicionales.

La imprevisibilidad de los aumentos salariales, una administración ineficiente y lo que se considera una exagerada estimación del resultado de la recaudación son los puntos más reprochados al Gobierno desde la oposición. Es que, según el presupuesto aprobado la provincia debería incrementar en un 27% los ingresos tributarios propios, pero en lo que va del año fue sólo del 22,5%.

"El gobierno incurrió en un grosero error político y económico al definir el presupuesto 2006 porque no midió el impacto de los aumentos de salarios y al calcular el crecimiento de la recaudación cayó en un voluntarismo irresponsable", señaló el diputado radical Marcelo Elías, que en la última sesión presentó un proyecto para crear la Comisión Provincial para la Recuperación Fiscal integrada por los tres poderes para "realizar un análisis y estudio integral de la situación fiscal".

Para el titular provincial de ARI, Carlos Raimundi, "el Gobierno no puede pretender desligarse de sus responsabilidades hablando de la mala distribución de fondos. El peronismo gobierna hace dos décadas y sólo ha exhibido ineficiencia a la hora de administrar los recursos".

Otero se enoja cuando escucha las críticas: "Hemos recuperado los salarios en un 22% respecto de diciembre de 2001. Hicimos un esfuerzo enorme, pero nos preocupa mucho que, pese a esto, los empleados estatales de la provincia son de los peor remunerados respecto del resto de las provincias", dijo y consideró que "es preciso poner coto a la puja salarial".

El funcionario destacó los esfuerzos para ordenar el gasto y lo comparó con otras jurisdicciones: "Mientras la provincia gasta $ 1343 por habitante, en promedio, el resto eroga $ 2078".

Sobre la evolución de la recaudación provincial, el ministro se mostró confiado en que "todavía creemos que podremos cumplir la meta del 27 % de incremento de la recaudación". Además subrayó que "es necesario tener en cuenta que hasta el momento no se han podido usar a pleno los instrumentos especiales aprobados por la Legislatura para Rentas debido a diversas interpretaciones judiciales que aún están por resolverse".

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