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La República de pie

Por Félix Loñ Para LA NACION
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4 de enero de 2007  

Se destaca en la gestión del Gobierno el objetivo preeminente de establecer un régimen hegemónico, que vacía al Congreso de su función legislativa y fiscalizadora de la actuación del Presidente. Esto está siendo posible por la docilidad del oficialismo legislativo y sus aliados, que han optado por hincarse ante el poder.

Ratifica el propósito mencionado la actitud de la senadora Fernández de Kirchner, autora de una propuesta –convertida en ley– para reducir la cantidad de miembros de la Corte Suprema, que se difundió ampliamente como si fuera una iniciativa exclusiva cuando en el Congreso se habían presentado veinticinco proyectos en el mismo sentido que nunca merecieron la atención de los gobernantes.

La pretensión de que sólo vale lo que la senadora propugna revela una retrógrada altivez imperial.

La tendencia hacia el autoritarismo puede culminar, mediante la práctica del más crudo nepotismo, en un intercambio de la primera magistratura entre los integrantes del matrimonio presidencial para eternizarse, así, en el poder.

Es oportuno recordarles a quienes se encuentran tentados de transitar por la huella que está trazando el oficialismo que Juan Manuel de Rosas, en carta dirigida a Juan Felipe Ibarra, manifestó: “Es preciso no contentarse con hombres ni con servicios a medias y consagrar el principio de que está contra nosotros el que no está del todo con nosotros”.

De modo similar, el apoyo al Presidente supone la sumisión incondicional, siendo elocuente ejemplo de ello la defenestración del ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo.

Es imprescindible desbaratar la maquinación descripta. Para ello, debe valorarse la trascendental lección de dignidad que brindó el pueblo misionero y el mensaje político que nos dejó, consistente en que la unión hace la fuerza y que no hay adversarios invencibles, aunque dominen los resortes del poder.

Cumplir con ese legado impone plasmar una amplia convergencia de diversas agrupaciones en torno de objetivos compartidos y de un candidato común a presidente.

Alcanzar esa meta requiere el cumplimiento de algunos recaudos. Entre ellos, cabe mencionar la necesidad de identificar con certeza al adversario, que es el proyecto hegemónico del Gobierno, cuya instrumentación conspira contra la consolidación de la democracia.

Asimismo, se habrán de evitar las descalificaciones innecesarias de quienes aspiren a participar en la gestión de la alternativa, siempre que coincidan con los fines perseguidos.

Para ello, se debe recordar que el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que fue la piedra basal de la organización nacional, materializada en la Constitución de 1853, fue suscripto por los gobernadores que hasta la batalla de Caseros habían consentido la tiranía rosista. Ello fue posible porque el lema de Urquiza fue “ni vencedores ni vencidos”. Enfrentarse por lo sucedido es detenerse en el pasado. El esfuerzo se ha de poner en la conquista del futuro.

También debe considerarse que el logro de Misiones es el comienzo y no el final de la lucha. El camino hacia el poder exigirá aplicar el mayor empeño en limar las asperezas y buscar, con generosidad y afanosamente, los puntos de coincidencia.

Además, habría que formular una declaración de principios que expresara la devoción por la República y el compromiso de elevar la calidad institucional, sobre la base de la instauración de un robusto Estado de Derecho, que se sustente en el respeto de los derechos de todo, y la reconstrucción de una autoridad genuinamente democrática.

Por último, se tendría que acordar un plan de acción de gobierno, con indicación de los lineamientos esenciales, que marcara el rumbo por seguir respecto de cuestiones prioritarias.

Entre los puntos por considerar pueden mencionarse éstos:

1) Fortalecer el Congreso. 2) Aprobar un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos. 3) Promover un pacto para la Justicia con el fin de afianzar la eficacia de la función judicial. 4) Reformular la reglamentación del Consejo de la Magistratura. 5) Garantizar el acceso a la información y la adjudicación transparente de la publicidad oficial. 6) Promover un crecimiento económico equilibrado y orientado hacia el pleno empleo y el progreso con protección social. 7) Impulsar el diálogo entre empresarios y trabajadores para consensuar políticas económico-sociales. 8) Modificar el sistema provisional con objeto de resguardar la movilidad de los haberes.

Se justifica elaborar una declaración de principios y un plan de acción de gobierno sobre asuntos concretos para impedir la reiteración de un fracaso como el de la Alianza, que se había montado sobre un declamatorio programa con el que era fácil coincidir, pero que no fue útil para definir y aprobar las medidas que debían adoptarse.

Resulta ineludible recordar que un gobierno de nuevo signo tendrá la preocupación de superar la ineficiencia del actual, cuya gestión se caracteriza porque pospone la solución de problemas graves –como la pobreza, la inseguridad, la inequitativa distribución de la riqueza, la crisis energética y la zigzagueante política exterior– recurriendo al empleo de rústicas simplificaciones (subsidios, controles de precios, la confrontación sin fundamento).

Los misioneros pusieron a la República de pie. Ahora le corresponde a la dirigencia política culminar esa tarea en el orden nacional. Ese es el gran desafío que deben encarar los líderes en quienes recae la gran responsabilidad de lograr la coincidencia en una candidatura presidencial que reúna a toda la oposición democrática para posibilitar el ascenso al poder de un gobierno que, con la mirada puesta en el porvenir, realice una fecunda transformación.

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