Seguirán los cortes: rechazó La Haya el pedido uruguayo

Por 14 votos a 1 consideró que los piquetes no le causan a Uruguay un "perjuicio irreparable"; hubo festejos en Gualeguaychú, que endurecerá la protesta; Kirchner, eufórico, llamó al diálogo
Gabriel Sued
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24 de enero de 2007  

LA HAYA.– El tono monocorde con que la presidenta del tribunal, la baronesa británica Rosalyn Higgins, leyó las 14 páginas de la resolución y la estructura propia del fallo hicieron que la expectativa se mantuviera durante casi todos los 40 minutos que duró la audiencia. Como en las buenas películas de suspenso, el desenlace se produjo en forma abrupta y con la contundencia de un cross a la mandíbula.

Por 14 votos contra 1, la Corte Internacional de Justicia rechazó ayer el pedido que había presentado Uruguay para que la Argentina pusiera fin a los cortes de rutas fronterizas que vecinos de Entre Ríos mantienen en protesta por la instalación de una fábrica de celulosa en Fray Bentos, frente a las costas de Gualeguaychú.

En un fallo de perfil técnico, en el que no se analizó la legalidad de los piquetes, el tribunal sostuvo que no estaba convencido de que los cortes de rutas estuvieran causando un perjuicio irreparable para los derechos que Uruguay reclamaba en este caso, esto es, la instalación de la papelera. Un argumento equivalente había usado la Corte en julio, cuando rechazó el pedido argentino para que se dictara una medida cautelar que detuviera la construcción de las plantas. Entonces, la votación también había sido de 14 a 1.

La contundente sentencia provocó un estallido de festejos en Gualeguaychú, donde los vecinos salieron a recorrer las calles y prometieron endurecer la protesta. Horas más tarde, el presidente Néstor Kirchner –visiblemente eufórico– se mostró dispuesto al diálogo con Uruguay, y reprochó a los medios periodísticos por haber mencionado la posibilidad de un fallo adverso para el país.

Pese a esa reacción, el litigio abierto aquí sigue: los jueces todavía deben resolver sobre la queja argentina por la posible violación del tratado que ambos países firmaron en 1975 para la administración conjunta del río Uruguay, y cuya resolución final sólo se conocerá en uno o dos años.

"Está a la vista que, más allá de los bloqueos, la construcción de la planta de Botnia progresó significativamente desde el verano de 2006", dice el fallo, que contó con la única disidencia del juez ad hoc designado por Montevideo, el español Santiago Torres Bernárdez.

"En consecuencia, la Corte entiende que las circunstancias, tal como se presentan hoy ante el tribunal, no ameritan el dictado de una medida cautelar", concluye.

Unos minutos después de que la presidenta del tribunal leyera esa frase, cerca de las 10.40 (las 6.40 en la Argentina), varias copias del texto completo de la resolución, escrito en inglés y en francés, esperaban en unas carpetitas amarillas sobre una mesa colocada en una de las puertas del Gran Salón de Justicia, el principal del Palacio de la Paz, sede de la Corte.

En contraste con el revuelo que la decisión causó en el lejano Arroyo Verde, centro de las protestas de los vecinos de Gualeguaychú, en la audiencia desarrollada en esta ciudad -con el frío que atravesaba la barrera del bajo cero- no hubo gritos ni llantos ni, mucho menos, cánticos de alegría.

Los miembros de las delegaciones argentina y uruguaya siguieron la lectura del fallo en silencio y sin inmutarse, sentados separados, en dos mesas largas y angostas, colocadas en la primera fila de la sala y cubiertas con manteles de pana verde.

A menos de cuatro metros de distancia, algo más elevado, estaba el estrado donde se ubicaron los 15 jueces, cubiertos con sus largas togas negras y un pañuelo blanco alrededor del cuello que les cubría casi todo el pecho.

Las delegaciones conservaron las formas incluso tras el ansiado desenlace. Tanto que para un espectador desorientado habría sido muy difícil saber quiénes eran los vencedores y quiénes los vencidos.

En representación de la Argentina estuvieron el director del Instituto de Servicio Exterior Argentino, Horacio Basabe; el embajador en los Países Bajos, Santos Goñi; la jefa de la misión de Cancillería, Susana Ruiz Cerutti, y los abogados Alain Pellet y Marcelo Cohen. Por Uruguay, Héctor Gross Espiell, embajador en Francia y jefe de la misión; Carlos Gianelli, embajador en Washington; Carlos Mora Medero, embajador en La Haya, y el abogado Alain Boyle.

Luego de que los jueces salieron en fila por una puerta lateral del salón, los representantes argentinos se recluyeron en una sala asignada al país, situada del otro lado de una gran escalera de mármol blanco que ocupa el centro del hall de entrada del palacio. Con la excepción de Ruiz Cerutti, la encargada de atender a la prensa.

"Estamos satisfechos de haber encontrado eco en el tribunal. El fallo de hoy sirve para eliminar la cortina con la que se quería ocultar el tema por el que la Argentina acudió a este tribunal, la violación del Estatuto del Río Uruguay que significa la instalación de las fábricas en Fray Bentos", dijo, enfática.

La diplomática añadió que la resolución de los jueces "pone en evidencia que lo que falta es voluntad política de Uruguay para sentarse a negociar".

Resignados

Los uruguayos fueron los últimos en abandonar el salón. "Nuestra posición no ha sido acogida, pero es inapelable y obligatoria", dijo Gross Espiell, algo resignado pero con su mejor sonrisa. Enseguida agregó: "Una cosa importante es que la Corte dijo que esto abre la vía del diálogo".

En rigor, el tribunal no fue tan explícito. Llamó a ambos países a cumplir las obligaciones que les imponen las leyes internacionales, a aplicar "con buena fe" los procedimientos de consulta y cooperación previstos en el Estatuto del Río Uruguay y a evitar cualquier acción que pudiera hacer más difícil la solución del conflicto.

Si bien el tribunal no hizo caso al pedido argentino para que se declarara incompetente, en el fallo se rechazaron los tres puntos reclamados por Uruguay: el primero sobre los cortes y los dos restantes para evitar que la Argentina tomara medidas que agravaran la disputa.

Como ocurrió cuando la Corte rechazó un pedido argentino para paralizar las obras en Fray Bentos, en la sentencia de ayer los magistrados aclararon que la decisión no implicaba de manera alguna un prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo y que Uruguay conservaba el derecho a volver a pedir en el futuro el dictado de una medida cautelar.

El próximo paso del proceso será dentro de seis meses, cuando Uruguay presente la memoria en la que debe responder a los cuestionamientos planteados formalmente por la Argentina la semana pasada.

Luego, deberá decidir la Corte. Muchos aquí, sin embargo, apostaban anoche a que la solución se encontrara antes, a más de 10.000 kilómetros de distancia de estos tribunales, en una mesa en la que se sienten los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez.

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