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Un proyecto que despierta dudas

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28 de enero de 2007  

El gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley de reforma previsional, que permitirá a los afiliados del sistema de capitalización privado (AFJP) pasar al régimen estatal de reparto. La iniciativa causa preocupación y dudas porque, de algún modo, reactiva el sistema jubilatorio en poder del Estado, al que se había pretendido dejar atrás por insostenible.

No debe olvidarse que la decisión de migrar de un sistema a otro, traducida en una ley sancionada hace poco más de 13 años, respondió a la evidencia de la inviabilidad del régimen tradicional. El aumento más que proporcional de la población pasiva frente a la activa había llevado a una crónica insuficiencia de los recursos del sistema previsional frente a los crecientes montos exigidos para el pago de jubilaciones y pensiones.

La iniciativa oficial establece un período de 180 días desde su sanción legislativa para que los actuales aportantes, sin límite de edad, puedan pasarse de un régimen a otro. Tras ese lapso, la opción sólo se podrá ejercer cada cinco años y se fijará que los hombres podrán hacerlo hasta los 55 años y las mujeres hasta los 50, es decir, diez años antes de jubilarse. Además, se obligará a las administradoras de jubilaciones y pensiones (AFJP) a reducir las comisiones que actualmente cobran a sus afiliados y les coloca un límite máximo del 1 por ciento del salario.

La propuesta de reforma se conoce en momentos en que las cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) están equilibradas gracias al aumento de la recaudación impositiva y mientras las AFJP consiguen una buena rentabilidad. Sin embargo, subsisten dudas sobre su instrumentación y el impacto que tendrá en el actual sistema.

De acuerdo con los anuncios, los aportes de los trabajadores que ingresan en el mercado laboral y por indecisión no eligen hacia dónde dirigirlos, en lugar de ser sorteados entre las AFJP que cobran menos comisión, como ocurre ahora, irán directamente al sistema de reparto. Como hoy sólo tres de cada diez nuevos trabajadores en relación de dependencia eligen voluntariamente, los aportes del 70 por ciento de ellos engrosarán las arcas de la Anses.

Esto último tendrá un importante impacto fiscal, al sumar unos 700 millones de pesos por año al Estado, que ayudarán a apuntalar un cuadro de solvencia que podrá deteriorarse en un futuro próximo. El gasto jubilatorio estatal se potenciará por efecto de los ajustes de las retrasadas prestaciones medias y altas, y por la incorporación de cientos de miles de nuevos jubilados que están aprovechando el generoso nuevo régimen que permite jubilarse sin haber hecho aportes. Además, en un año electoral importante no es descabellado estimar que, a la par de los aumentos que consigan los trabajadores en actividad, el Gobierno disponga de subas en los haberes medios y altos, que tan rezagados han estado en los últimos años.

Como principio, el mecanismo presentado por las autoridades nacionales es importante porque introduce el concepto de libertad de elección. Sin embargo, con la reforma se termina alentando el retorno a un sistema que la Argentina se propuso dejar atrás y que hoy muchos países quieren abandonar porque la cantidad de aportantes es cada vez menor frente al aumento del número de quienes perciben las jubilaciones. El mejoramiento de la calidad de vida en el mundo en general y las nuevas tecnologías que han redundado en una mayor expectativa de vida han castigado, en cambio, a los sistemas previsionales tradicionales e impulsado a los Estados a proponer reformas.

La creación del sistema de capitalización para las jubilaciones, que motivó la constitución de las administradoras de fondos, ha sido una de las transformaciones estructurales más relevantes de los últimos años. Su implementación aseguró a cada aportante la propiedad de sus contribuciones. Los fondos son administrados bajo determinadas reglas que protegen de la mejor forma posible su valor real. Se creó suficiente competencia entre administradoras y se dio libertad a los afiliados para traspasar su fondo acumulado, de una a otra administradora.

Las comisiones y el costo del seguro de vida e invalidez fueron, ciertamente, motivo de preocupación; sin embargo, se fueron reduciendo y son comparables a los de otros países que cuentan con sistemas similares. En todo caso, la reducción de los aportes personales desde un 11 por ciento a un 7 por ciento del salario, dictada durante la emergencia económica sólo para el régimen de capitalización y para aumentar el salario disponible, ha ocasionado una desproporción de las comisiones, además de afectar el futuro nivel de las prestaciones jubilatorias de quienes están en ese régimen.

El sistema de capitalización ha sido objeto de un permanente ataque por quienes desean ver un Estado con mayores funciones y suponen que este sistema expone un carácter capitalista. Ha habido una permanente acción ideológica para adjudicarles a las administradoras un rol que las muestra como apropiándose de los fondos. De allí ha sido fácil captar una opinión pública propensa a aceptar teorías conspirativas, que hablan de manejos espurios o como mínimo interesados. Las encuestas de opinión muestran un cierto arraigo de estas visiones, dato que no debe de haber sido ajeno al Gobierno a la hora de los anuncios.

Poco más de una década atrás se encaró una reforma que serviría además -como ha ocurrido en Chile- como motor del desarrollo del mercado de capitales. De esa forma se quebraba también una tradición lamentable e histórica en el país de echar mano al sistema jubilatorio público para tapar agujeros fiscales, lo cual transformaba a las cajas previsionales en barriles sin fondo, que no podían afrontar la obligación de abonar haberes acordes con los aportes realizados por los empleados en relación de dependencia o los trabajadores autónomos.

Las modificaciones introducidas a fines de 2001 para ampliar el porcentaje de inversión de las AFJP en bonos públicos terminó desvirtuando el sistema y los fondos de capitalización fueron usados también para tapar agujeros fiscales. La crisis financiera de fines de 2001 y 2002 y el default de la deuda pública significaron la pérdida de miles de millones de pesos de las cuentas de capitalización. Esa mala experiencia, sin embargo, no debe neutralizar los avances y efectos positivos del sistema que ahora se pretende modificar.

El Estado y los argentinos en su conjunto hemos hecho un enorme esfuerzo para poder afrontar ese cambio estructural fundamental para el país, por lo cual sería contraproducente introducir reformas de tal magnitud, que signifiquen tirar por la borda los avances conseguidos. Tenemos suficiente experiencia sobre el manoseo al que ha sido sometido el sistema jubilatorio, que condenó a la pobreza a cientos de miles de jubilados que en su plenitud cumplieron a pie juntillas con sus obligaciones previsionales.

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