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Por primera vez un gobierno interviene en la estructura del Indec, parece decidido a influir en las estadísticas y el peligro es que el dedo de K tuerza los índices

Nunca antes, ni siquiera en las dictaduras, se desplazó a los funcionarios técnicos porque las cifras no eran las que la conducción política deseaba; hay peligro de un escándalo internacional
Alfredo Sainz
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4 de febrero de 2007  

Como le sucede a la prensa, el hecho de que periódicamente el Instituto Nacional de Estadística y Censos se convierta en el blanco de las críticas de los funcionarios de turno es la mejor prueba de la independencia del organismo encargado de relevar las estadísticas nacionales.

Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo, Bernardo Grinspun y más recientemente Roberto Lavagna comparten el hecho de que en algún momento de su paso por la función pública optaron por "matar al mensajero" cuando se conocía algún índice que no era de su agrado. Por esta razón, si hay algo de lo que no se puede acusar a la actual administración es de originalidad. Cargar contra el Indec fue una práctica compartida por todos los últimos equipos económicos, sin importar si se trataba de un gobierno militar o civil, radical o peronista, neoliberal o progresista. Quizá las mayores diferencias es que esta vez el que arremetió contra el normal funcionamiento del organismo no fue el ministro de Economía, sino el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Y que por primera vez desde el poder político se animan a meterse con la estructura del organismo, a partir del desplazamiento de Graciela Bevacqua como directora del área de precios, en lugar de hacer discusiones técnicas. Y por primera vez también desde dentro del organismo se acusa con todas las letras a las autoridades de querer manipular las cifras.

Los orígenes de los entes oficiales de registro estadístico en la Argentina se remontan a fines del siglo XIX, cuando fue creada la Dirección General de Estadística, aunque tuvieron que pasar más de 70 años para que se concretar el surgimiento del Indec como un organismo independiente. Inicialmente, el instituto dependía del Consejo Nacional de Desarrollo, una iniciativa creada al calor de la Alianza para el Progreso que impulsaba el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy. En los 70 quedó encuadrado dentro del organigrama de la Secretaría de Planificación, que respondía directamente a Presidencia, hasta que cuando en los 90 esta secretaría se disuelve, el Indec pasa a funcionar bajo la órbita del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Más allá de que Cavallo tuvo varios enfrentamientos públicos con el organismo, especialmente cuando se disparó el índice de desempleo, economistas de distintos signos reconocen que fue durante su gestión cuando el Indec ganó en profesionalismo.

Desde la puesta en marcha del organismo, que en enero de 2008 cumplirá 40 años, se llevaron a cabo distintas revisiones del Indice de Precios al Consumidor (IPC) -que junto con el índice de desempleo son los indicadores más populares del Indec-, introduciéndose modificaciones sobre los bienes y servicios que componen la canasta y las características de la población de referencia, pero respetando siempre las recomendaciones de la Oficina Internacional de Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América latina (Cepal).

La actual canasta en la que se basa el índice de precios al consumidor data de una encuesta de gastos de los hogares de 1996, lo que provoca que muchas voces se hayan alzado en el último tiempo criticando que la inflación que difunde el Indec refleja las pautas de consumo de una década atrás.

El Ministerio de Economía ya adelantó que está trabajando en el diseño de la nueva canasta del IPC, que se elaborará a partir de la encuesta de gastos de 2005. En este caso, algunos economistas advirtieron que independientemente de la innegable necesidad de actualizar la medición, los cambios en el índice le terminarán jugando a favor al Gobierno. "La nueva canasta va a ayudar al Gobierno a tener una inflación más baja porque en el índice perderán peso los servicios públicos, que tarde o temprano van a aumentar, mientras que los alimentos, que en términos relativos ya tuvieron un incremento de precios importante, tendrán una participación más alta", explicó el economista Camilo Tiscornia.

El Indec fue creado por la ley 17.622, sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1968. En el texto se incluyó un artículo que autoriza el secreto estadístico y expresamente señala que los datos obtenidos por los encuestadores "deberán ser suministrados y publicados exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran".

Precisamente el secreto estadístico se convirtió en los últimos meses en uno de los ejes de las peleas entre los técnicos del Indec y la Secretaría de Comercio Interior. Moreno habría intentado conocer la lista de 8000 comercios en los que los encuestadores relevan todos los meses 115.000 precios de más de 800 artículos que componen la canasta de referencia para elaborar el índice de costo de vida.

"El secreto estadístico es consustancial a todos los organismos de estadística del mundo. Cuando un encuestador visita un comercio, el que responde tiene que estar seguro de que sus datos sólo serán utilizados para elaborar los índices y que al día siguiente no lo van a estar inspeccionado. Darle la información a la Secretaría de Comercio o llegado el caso a la AFIP sería el certificado de defunción del Indec", sentencia el economista Víctor Beker, que ocupó la dirección nacional del organismo durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

A grandes rasgos, el diagnóstico es compartido por otro ex director del Indec que prefiere no revelar su nombre. "Si el organismo encargado de proveer la estadística deja de ser creíble, lo mejor que puede hacer es cerrar. Si hay un lujo que no se puede dar el Indec es el de dejar de aplicar en forma rigurosa la metodología internacional. Durante mi paso por el organismo, aún en situaciones extremas como la aplicación de precios máximos, seguimos utilizando la metodología al pie de la letra", explica el ex funcionario.

La historia de enfrentamientos entre el poder político y el Indec tiene varios hitos. Los antecedentes incluyen la creación de indicadores ad hoc como el índice "descarnado", cuando Martínez de Hoz decidió separar a la carne de las mediciones debido a los fuertes aumentos que tenía el producto o la medición que armó Lavagna para demostrar en 2004 que había medio millón menos de hogares pobres en la Argentina.

Juan Llach recuerda que en su paso por el equipo económico de Cavallo tuvieron que aceptar más de un dato del Indec que no era precisamente favorable a sus intereses. "A ningún ministro le gusta que se hagan públicas estadísticas negativas. Cuando se disparó el índice de desempleo para estar seguros encargamos una medición independiente y corroboramos que los datos del Indec eran correctos. Lo importante es que esa medición externa la hicimos en el mayor sigilo y sólo era conocida por la gente del Indec porque no queríamos mancillar la imagen pública del organismo", cuenta el ex funcionario.

Sin alcanzar la gravedad de los últimos desplazamientos de la cúpula mayor del organismo, la tarea del Indec ya venía siendo menoscabada por otras prácticas oficiales. El organismo trabaja con un cronograma anual de difusión de los distintos índices que respeta estrictamente, evitando cualquier filtración. Sin embargo, en los últimos meses distintos funcionarios del Palacio de Hacienda y hasta el propio presidente Kirchner anticiparon públicamente los resultados.

Después de la traumática salida de Bevacqua, el economista Luciano Laspina asegura que el Indec tendrá una prueba de fuego cuando mañana se conozca el índice de enero. Fuentes cercanas al organismo indican que el desplazamiento de Bevacqua se habría producido por la negativa de la funcionaria de aceptar el pedido de Moreno de no computar el 22% de aumento autorizado a la medicina prepaga. La intención de Moreno, según las versiones, es que el índice sólo refleje un alza del 2% en el rubro "servicios de salud" computando únicamente el incremento que recibirán los afiliados que acepten pasarse al régimen de copagos.

"Cuando se conozca el índice de enero vamos a comprobar si el organismo sigue trabajando seriamente y computa el aumento del 22% o acepta maquillar los datos. El impacto de las prepagas no es menor y si se computa íntegramente la suba agregaría entre 0,5 y 0,8% en enero", explica Laspina.

La pérdida de credibilidad de los índices oficiales, por su parte, no es un dato menor para la economía. El IPC no sólo funciona como información. También se lo utiliza para ajustar los bonos de la deuda atados al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) o definir las discusiones salariales. A estos usos hay que sumar su aplicación en otros campos de la economía.

"El IPC tiene un montón de aplicaciones que van más allá de las estadísticas en situaciones muy cotidianas como los alquileres de vivienda o la renta de un negocio. Si pierde credibilidad pueden resurgir otro tipo de mediciones o parámetros como pautar el alquiler de un bar en base al precio del café o tomar como actualización los valores de la soja", explicó Tiscornia.

Llach también advierte sobre los costos de que el Indec pierda su imagen de independencia. "Todo esto va a provocar que florezcan índices privados para medir la inflación, lo que tiene consecuencias muy negativas para el país. La información estadística es un bien público que debe estar al acceso de todos", explicó el economista.

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