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Graves consecuencias

Por Víctor A. Beker Para LA NACION
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4 de febrero de 2007  

Los hechos de dominio público ocurridos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) no tienen precedente en la historia de las estadísticas oficiales de la Argentina. Ni siquiera los gobiernos militares se atrevieron a tanto.

La sospecha es que se pretenda introducir en el órgano rector de las estadísticas oficiales una metodología similar a la utilizada en el Mercado de Liniers. Como es sabido, allí circulan, en papel sin membrete, los precios que pueden pagar los compradores de carne.

Se teme que, del mismo modo, el Indec reciba las listas de precios a utilizar en la confección del índice de precios al consumidor en lugar de los obtenidos por los encuestadores en los relevamientos mensuales a los comercios.

Hoy se trata de los precios, mañana será el índice de desempleo -ya se anunció que deberá ser de un dígito- y más tarde la tasa de crecimiento del PBI.

La ciudadanía no puede permitir que la información económica no sea fiable.

No sólo ello vulnera el derecho constitucional a la información, sino que sus consecuencias sobre el funcionamiento económico del país pueden ser de enorme gravedad.

La sociedad debería movilizarse en solidaridad con el personal del Indec, en defensa del derecho a la información y debería demandar del Parlamento la sanción de una ley que convierta al Indec en un organismo autónomo y autárquico con independencia del poder político de turno.

Sólo así la Argentina será un país en serio.El autor es economista y fue director nacional de estadísticas del Indec entre 1984 y 1987.

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