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Trucos para eludir el costo político

El Gobierno prevé una inflación real del 15% y no quiere hablar del fracaso de los controles
Jorge Oviedo
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11 de marzo de 2007  

La “verdadera inflación” será de entre el 12 y el 15% este año. Eso es lo que aumentaría el índice de precios al consumidor si la medición se hiciera como se hizo hasta que el Gobierno decidió arrasar la independencia técnica y profesional de la institución de un modo en que no se atrevieron ni siquiera los gobiernos dictatoriales. La previsión pertenece a funcionarios de la propia administración, que incluso han encarado sondeos propios cuyos resultados, por supuesto, jamás serán revelados. A no ser, claro, que se produzca el milagro de que coincidan con la medición oficial manipulada. “El problema es que en la Argentina se ha instalado la sensación de que diez por ciento anual de inflación o un poco menos es un número bajo y aceptable y eso es así sólo comparando con nuestra historia; la verdad es que el registro es el doble del promedio de la región, y la verdadera variación será de alrededor del triple; son niveles muy altos”, dijo un miembro de la administración que prefiere que no se revele su nombre.

¿Un índice amañado es una señal de piedra libre para todos los agentes económicos? Pareciera que sí. La cuestión es si la opinión pública va a convalidar una medición cada vez más alejada de la realidad. Hasta diciembre podían argumentarse razonables cuestiones metodológicas. En enero el Indec intervenido dijo que el costo del turismo fue el mismo del año anterior, lo que a las claras ya no puede discutirse desde puntos de vista técnicos simple y sencillamente porque es falso.

Tal vez el Gobierno considere que parte de los aumentos en servicios privados que consume la clase media podrán ser afrontados por las familias con el aumento de ingresos producto de la disminución de la presión del impuesto a las ganancias.

El esquema sería: suben las cuotas de las empresas de medicina prepaga, el Indec no lo registra, pero la gente aunque lo ve no se queja demasiado, porque finalmente tiene un poco más de dinero con qué pagarlo. Las autoridades dicen que es para seguir impulsando el crecimiento, pero si el Estado al recaudar un poco menos reduce el ritmo de incremento del gasto, el efecto en el total de la economía será nulo, ya que gasto público será sustituido por gasto privado.

¿Es sostenible?

Pero el Gobierno parece estar en una encerrona. Porque al reducir la presión de Ganancias achica las fuentes del superávit fiscal. Si encima el índice aumenta fuertemente, crecen los pagos de la deuda pública. Parece que para la actual administración se acaba el tiempo de las soluciones sencillas.

"Kirchner es un pragmático total, con gran sentido de la oportunidad. Hasta ahora la inflación y el manotazo al Indec no han causado una demanda o crítica muy fuerte en la opinión pública, si las encuestas comienzan a mostrar un cambio de humor social por estas cuestiones, inmediatamente va a cambiar la actitud del Gobierno, por supuesto sin reconocerlo", sostiene alguien que dice conocer muy bien al Presidente y que tiene trato con él.

El cálculo es que una suba permanente de los precios podría generar en amplios sectores de la población la sensación de fracaso de las políticas oficiales. "Si eso pasa o si Kirchner advierte que el riesgo de que eso pase es muy alto tomará medidas de inmediato", dice la misma fuente.

Un economista que prefiere también evitar las iras presidenciales opinando desde el anonimato explica: "El problema de la economía es que, además de todas las enormes distorsiones que crecen todos los días, la oferta de bienes y servicios comienza a ser superada por la demanda; si el ingreso disponible de los demandantes sigue aumentando no puede pasar algo distinto de que los precios suban; el Gobierno debería hacer algo para atraer inversiones fuertes, intensas y en proyectos a mediano y largo plazo, pero eso no está a la vista".

Tampoco parece posible que el Gobierno deje de hacer crecer el gasto público en un año electoral o que tome medidas para reducir la demanda de bienes y servicios por parte de los particulares. La maraña de problemas comienza a ser cada vez más complicada. Es claro que el horizonte del Gobierno son las próximas elecciones y después se verá.

Por lo pronto, la medida de elevar el mínimo no imponible tiene algunas ventajas sobre otras posibles. Por ejemplo, Kirchner se podría haber decidido a elevar los haberes de los jubilados que cobran más de mil pesos mensuales, que sólo tuvieron una mejora del 13% en un período en que la inflación superó largamente el ciento por ciento.

Pero esa medida no tiene marcha atrás. El mínimo no imponible, en cambio, puede ser vuelto a bajar luego de las elecciones o, finalmente, si la inflación persiste, será licuado por ella.

Parte de la pérdida fiscal ocasionada por la rebaja de la presión se diluirá con los próximos aumentos salariales. La presión del tributo será menor, pero la base gravada será más alta.

El costo político a pagar no es un dato menor. En Gran Bretaña la falta de confianza del público en las estadísticas oficiales ha impulsado un cambio legal para garantizar la independencia técnica del organismo que las produce.

En Francia, en tanto, el organismo oficial creó un sistema que permite a cualquier residente en el país calcular la variación de su propio costo de vida con sólo ingresar en una página web y colocar datos de su consumo.

De ese modo pretende terminar la incredulidad de los ciudadanos respecto del índice general, que como su nombre lo indica refleja situaciones promedio o mayoritarias, pero no casos específicos. La antítesis del método argentino.

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