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La controversia por la función del Banco Central

El proyecto oficialista que logró de manera sorprendentemente veloz dictamen en una comisión de Diputados disparó el debate; si bien tiende a legalizar una situación que ya ocurre de hecho, se teme que abra resquicios jurídicos que otorguen al Ejecutivo mayor injerencia en políticas básicas de esa entidad; temores y argumentos a favor de la iniciativa
Javier Blanco
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29 de abril de 2007  

El debate económico, que venía muy aletargado, se recalentó de manera imprevista.

Lo logró el proyecto de ley con incidencia en la economía que más polémica levantó en la Argentina de la poscrisis y que consta apenas de cuatro páginas (tres de ellas están dedicadas a explicitar sus fundamentos).

No es ilógico. Lo único que busca modificar es un artículo (el 3°) de la Carta Orgánica del Banco Central, que está compuesta por sesenta, agrupados en doce capítulos.

Pero, claro, se trata justo del que determina la razón de ser de la entidad monetaria, lo que ayuda a entender la razón del revuelo. A eso hay que agregarle que su discusión se planteó en tiempos de disputa electoral, con todo lo que implica en un país en el que las pasiones se desatan y desbordan con facilidad.

La estructura de la iniciativa que presentó en la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados la legisladora Mercedes Marcó del Pont (Frente para la Victoria-Capital) es simple.

Tanto, que se lo cuenta todo si se lo consigna así: donde dice “es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda” se deberá agregar “de un modo consistente con las políticas orientadas a sostener un alto nivel de actividad y asegurar el máximo empleo de los recursos humanos y materiales disponibles, en un contexto de expansión sustentable de la economía”.

Y en el cuatro párrafo de ese mismo artículo, donde dice “en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional”, propone que se agregue a la tarea monetaria y financiera la “cambiaria” y dispone además que deberá “coordinar su cometido con el Poder Ejecutivo Nacional”, aunque “sin estar sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones de este último respecto del manejo de los instrumentos de su competencia”.

“Todo lo demás no se toca”, aseguran los que defienden la iniciativa. “Por ahora”, responden con picardía los que se oponen a ella amparándose en una basta experiencia de alternativas que dicen plantearse con un objetivo, pero luego se alteran o terminan utilizándose para otros fines.

La economista Mercedes Marcó del Pont, impulsora de la modificación que la Comisión de Finanzas aprobó para dejarla en condiciones de que fuera debatida en el recinto, asegura que no entiende las razones de tanto revuelo. “Estuve más de ocho meses trabajando en ella, buscando antecedentes y comparaciones internacionales, estudiando las palabras adecuadas para usar”, dijo con tono de molestia por algunas de las críticas recibidas a LA NACION.

Pero alejada de las versiones que aseguran que el Gobierno habría instruido a sus legisladores para archivar al menos temporalmente el proyecto por la polémica desatada (no quiso opinar al respecto), sostiene que lo mejor que puede ocurrir es que “se debata”. “Lo que busqué es discutir una cuestión que se cae de maduro: no podemos sostener un criterio único para la actividad del Banco Central, que se instaló con la caja de conversión de Cavallo en 1992, cuando resignamos la soberanía cambiaria”, señaló entre otras cosas su autora (ver aparte otras consideraciones).

Lo concreto fue que la oposición política y los economistas y analistas no vinculados (profesional o ideológicamente) con el Gobierno reaccionaron con desconfianza ante la aparente aceleración que tuvo el trámite del proyecto en la comisión, una teoría que parece abonar la reacción de las autoridades del Banco Central, que juran no haber sido consultadas “ni oficial ni oficiosamente” sobre ella, a tal punto que su presidente, Martín Redrado, autorizó a sus voceros para que hicieran saber a la prensa que la consideraba “innecesaria e inoportuna”.

Esa sospecha fue la que llevó, por ejemplo, al diputado Carlos Raimundi (ARI-Buenos Aires) a no firmar el dictamen de la mayoría, pese a coincidir en que la idea de una “independencia absoluta” para el BCRA es “un planteo de los ortodoxos, con los que no coincido: el ente especializado en la cuestión monetaria y financiera no puede estar a la par, en términos de poder, de la conducción política; pero tampoco creo que deba transformarse en una oficina más del Gobierno”, opinó.

Raimundi, que se pronuncia por la generación de un mecanismo institucional de coordinación para establecer, por caso, las pautas de inflación –al estilo del Comité de Política Monetaria (Copom), de Brasil–, teme que detrás del apuro que observó por sacar la norma se esconda una “disputa interna del Gobierno”. Si con esta misma redacción, que prioriza defender el valor de la moneda, tuvimos una devaluación del 300%, no entiende la premura por cambiar esto justo ahora”, insistió.

También la que activó un proyecto alternativo, como despacho por la minoría, que escribió el diputado Federico Pinedo (Pro-Capital) y que plantea como misión primaria y fundamental del BCRA “preservar el poder adquisitivo de la moneda argentina", un concepto que a los miembros del bloque oficialista, que saben que la filosofía que impregna el actual modelo no considera la "inflación moderada" necesariamente un mal, les provoca urticaria.

Sin embargo, la iniciativa de Pinedo agrega seguidamente otro concepto: "Simultáneamente con ello, deberá [N. de la R.: refiriéndose siempre a la misión del BCRA] resguardar la estabilidad financiera y satisfacer la demanda de dinero adaptándola al volumen real de los negocios, de modo de posibilitar un desarrollo sustentable", reza.

En el "otro" concepto clave sostiene a la vez que en la formulación de sus políticas "el Banco deberá tomar en consideración la política económica general del Gobierno". "Coordinar deja abierta la puerta para que se le impongan cosas a una entidad autárquica, como tantas veces vimos en nuestra historia", sostiene un legislador que quiere dejar vedada esa posibilidad.

"Coordinar no es subordinar. Es una figura que existe en numerosos países de América latina, como Colombia, Venezuela, Honduras, con rango constitucional. Y se hace de hecho en Brasil, en el consejo monetario en el que conviven autoridades de Economía y su banco central", responde Marcó del Pont, quien dispara fuerte sobre el vocablo "negocio", que plasmó Pineda en su proyecto.

Debate entre los economistas

La discusión parlamentaria por el intento de reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que para muchos de concretarse le daría mayor injerencia al Ejecutivo sobre esta institución, se multiplicó entre los economistas aunque repitiendo los mismos vicios: lució "contaminado" por los ánimos electoralistas.

El economista y director de la petrolera estatal Enarsa, Aldo Ferrer, compañero de Marcó del Pont en el Plan Fénix, lo apoyó valorando el criterio de "coordinación" que plantea. "El Central debe ser, a la vez, autónomo y parte de una estrategia de desarrollo económico y de gobernabilidad." Su colega Eduardo Curia, asesor del gobierno en temas puntales, coincidió: "La entidad debe tener cierta autonomía instrumental, pero no puede tener objetivos de política económica que estén al margen de la política global", sostuvo.

Otro punto al que aluden los que defienden la reforma del artículo tercero en los términos planteados en el proyecto oficialista es que "blanquea una situación de hecho". ¿A qué aluden al referirse a ello? A una de las tareas que el BCRA debió intensificar en los últimos años. De hecho, la defensa de un dólar nominalmente alto (mediante millonarias y cada vez más costosas intervenciones en el mercado cambiario), que contraría el mandato de "preservar el valor" del peso definido hasta aquí como su misión prioritaria...

Entre los críticos se encolumnaron Aldo Pignanelli, ex figura clave del BCRA en los tiempos en que los encargados de conducir la entidad cambiaban casi con la misma periodicidad que los presidentes, y el economista Aldo Abram, entre otros.

Abram alertó que si el cambio termina por obligar al ente monetario "a cumplir las órdenes del Gobierno, lamentablemente la confiabilidad de la moneda será mucho menor" y eso puede derivar en "más inflación".

Pero Pignanelli fue más allá. Consideró que puede influir sobre el concepto de autonomía del BCRA, que los funcionarios que representaron a la Argentina en los juicios por la cesación de pagos lograron hacer valer en los tribunales internacionales. "Hay demandas de los fondos buitre que dicen que las reservas son embargables por la falta de independencia del BCRA y que recrudecieron después de que se recurrió a ellas para pagarle al FMI. Si este cambio se interpretara en ese sentido, podríamos hacerles un favor a los que demandan contra el país", dijo en declaraciones radiales.

Orlando Ferreres, por su parte, objeta la iniciativa desde un punto de vista más instrumental que repara en la experiencia pasada. "Hasta 1992 el BCRA tenía múltiples objetivos y logramos que no cumpla ninguno. Me parece que, si bien los presupuestos que plantea el proyecto pueden ser loables, lo mejor para entidades de este tipo es darles una misión específica como la que tienen hoy. Es, diría en honor a Peter Drucker, una cuestión de managemet."

Otros cuestionamientos toman en cuenta la inseguridad que generan estos cambios en tiempos de baja calidad institucional en la Argentina, una realidad difícil de soslayar.

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