Greco: Miceli deberá dar información

Una jueza ordenó que la ministra respondiera preguntas de dos senadores radicales
Laura Serra
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5 de mayo de 2007  

El Gobierno no podrá escudarse en el silencio para sortear las esquirlas del caso Greco: la Justicia ordenó ayer a la ministra de Economía, Felisa Miceli, que en un plazo de cinco días respondiera al Senado cómo y por qué la cartera a su cargo dispuso el pago de 315 millones de pesos en bonos (587 millones en efectivo) al desaparecido grupo Greco.

El pago finalmente se frustró luego de que los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz alertaran sobre que ese monto millonario iba solapado bajo el rubro "pago a proveedores" en un proyecto de ley que el Gobierno había enviado en noviembre pasado al Congreso. Tras el revuelo inicial y con las primeras investigaciones del caso, se descubrieron presuntas irregularidades en el proceso de cálculo de la deuda a pagar a los Greco que había efectuado el equipo legal del Ministerio de Economía: al parecer, el grupo Greco tenía deudas con el Estado por unos 164 millones de pesos que no fueron consideradas en la liquidación de pago por casi 600 millones que aceptaron los abogados de la cartera económica.

Este es un punto de fundamental importancia sobre el cual los senadores radicales pretendieron obtener mayores precisiones del Ministerio de Economía. Fue en vano; las evasivas y el silencio eran la única respuesta.

Como último recurso para quebrar el hermetismo oficial, Sanz y Morales apelaron al decreto presidencial 1172/03 de acceso a la información pública, herramienta que fue largamente promocionada por el Gobierno para que los ciudadanos solicitaran información sobre la gestión.

Así fue como en enero, bajo el amparo del decreto 1172, los senadores enviaron un cuestionario a Miceli, en el que preguntaban, entre otras cosas, cómo se determinó el monto indicado como obligación a cancelar al grupo Greco. "¿Por qué no se apeló la homologación de la supuesta liquidación cuando los abogados estatales previamente habían señalado que la liquidación practicada no implicaba reconocimiento de indemnización alguna, y mucho menos saldo de obligación, toda vez que no se computaban las obligaciones del grupo Greco?", preguntaron.

Parciales

La cartera económica remitió las respuestas, pero según los legisladores sus contenidos eran "parciales, insuficientes y no respondían a lo sustancial, como indica el decreto". Por eso, en marzo presentaron a la Justicia una acción de amparo por mora.

La respuesta de la Justicia se conoció ayer: la jueza en lo contencioso administrativo María José Sarmiento dispuso que Miceli "en el plazo de cinco días evacue el informe previsto [...], oportunidad en que deberá ofrecer la totalidad de la prueba con que intente valerse". La magistrada actuó de acuerdo con lo dictaminado por el fiscal Fabián Canda, que se había pronunciado a favor del pedido de los senadores.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que la jueza no había instado al ministerio a dar información, sino que había corrido traslado de la demanda. Y aseguraron que todos los interrogantes de los radicales habían sido respondidos la semana pasada en la presentación del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el Congreso.

Morales y Sanz celebraron la resolución. "Esta acción sienta un importante precedente en materia del acceso a la información de los actos de gobierno y el manejo de la plata de la gente", aseguró Morales.

Sanz, titular del bloque de senadores radicales, agregó: "Fuimos a la Justicia con un amparo para que Miceli nos complete la difusa información acercada por un funcionario de ella. No le pedimos nada raro, sino que nos envíe las copias de los expedientes, cuáles fueron las decisiones, los procedimientos para autorizar el pago. Conocer qué pasó de verdad".

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