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La Corte y una reforma necesaria

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10 de abril de 1998  

Mencionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es aludir, incuestionablemente, a la cabeza del Poder Judicial en el sistema constitucional argentino.

A nadie se le oculta ya la grave crisis en que se encuentra sumido este poder del Estado; tampoco es un secreto que no se vislumbra la solución de un problema que ha calado demasiado hondo, en un contexto en el que se hace cada vez más difícil distinguir justos de pecadores.

Pero, con todo, algo puede y debe hacerse. Si coincidimos en que un poder del Estado tiene necesariamente funciones políticas -de lo contrario, no sería poder-, rápidamente concluiremos en que la Corte, además de administrar justicia, cuando dicta sentencia interpretando la Constitución Nacional y cuando dirime las llamadas "cuestiones institucionales", de las que tanto se abusa, está haciendo política en el mejor sentido de la palabra.

Pero hay otra forma de hacer política con mayúsculas y es la que surge cuando se eligen las causas que la Corte va a considerar, aquellas en las cuales va a conocer, por usar el idioma judicial. Si la Corte seleccionase menos de 250 causas anuales, como lo hace su par de los Estados Unidos, al descartar miles de recursos estaría haciendo política descendente de la mejor. Estaría diciendo: estos son los temas que más importan a los ciudadanos de un país, considerados en su relación con el pacto supremo que los vincula con un estado determinado. Estaría señalando lo que es conforme a la Constitución Nacional y estaría marcando límites a los otros poderes, a los grupos de poder, a las instituciones y a los propios ciudadanos.

Lamentablemente, como lo señaló el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) en un estudio de hace ya algunos años, la calidad de las sentencias de grado inferior ha ido decayendo hasta un punto tal que hoy se admiten muchísimos más recursos extraordinarios -por las causales de la ley 48 o por recursos basados en la doctrina de la arbitrariedad- de los que puede atender el máximo tribunal. Es que con frecuencia la inequidad se reconoce como manifiesta y no se resiste la tentación de abrir el recurso. Conclusión: la Corte Suprema se atosiga de causas y no se puede dedicar bien a su misión primera: decir qué es lo que se adecua a la Constitución Nacional y qué es extraño a ella.

Se ha convertido en un tribunal de tercera instancia, que no es la función para la cual fue creada. Y de ese modo, aunque movida por razones loables, y estimables, ha desnaturalizado su misión y ha perdido majestad, dignidad; en definitiva, poder. El poder que debe tener _valga la repetición_ todo poder del Estado.

Por eso, una decisión que la Corte debería tomar, con el fin de iniciar un proceso de más largo alcance, es adoptar un procedimiento similar al de la Suprema Corte de los Estados Unidos _país que es fuente de nuestro sistema constitucional_ y establecer el máximo de causas que se sentenciarán por año, seleccionando las mismas con extremo rigor. Así se fallarían sólo aquellos casos de verdadera trascendencia nacional y se transmitirían la misión y la responsabilidad real de hacer justicia definitiva a las cámaras de apelaciones, y, en su caso, a los jueces de grado inferior.

El doctor Antonio Boggiano, desde la época en que era presidente de la Corte, en 1993, ha propuesto reiteradamente que la Corte Suprema adopte el procedimiento de dictar sentencias que sigue la Corte Suprema de los Estados Unidos. Considera que tal procedimiento mejoraría mucho la publicidad y transparencia de los actos de administración de justicia; esto es, el dictado de sus fallos. Y permitiría, también, que la Corte se concentrase, necesariamente, en la decisión de las causas de trascendencia, distrayendo menos tiempo en la consideración de causas sobre puntos no federales, que suelen circular y recircular indefinidamente en su órbita para terminar muchas veces con un escueto fallo basado en el art. 280 del Código Procesal. Ese procedimiento, que sería una novedad para la Corte argentina y sus jueces y funcionarios, tiene arraigada práctica en el país que la Argentina tomó como modelo para establecer su sistema constitucional.

Se trataría de una innovación valiente y sana, que mejoraría mucho la transparencia y publicidad de la administración de justicia, para beneficio de la República.

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