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Inflación baja sin recesión: los caminos que explora el Gobierno

Carlos Pagni
Carlos Pagni LA NACION
Buscaría un acuerdo con gremios y empresas para que no haya presión salarial
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1 de octubre de 2007  

La inflación es incapaz de construir una alternativa electoral. Pero se está mostrando muy eficiente en desbaratar la alianza política que sostiene al Gobierno. La manipulación del índice de precios al consumidor (IPC) logró que Julio Cobos y Hugo Moyano, como antes Hebe de Bonafini, cuestionaran el tratamiento oficial del problema.

El desafío encuentra a Néstor y Cristina Kirchner desprovistos de estrategia. Guillermo Moreno, el secretario de Comercio Interior, les aconseja mejorar las mediciones, no los precios: elaboró un informe sobre el método que se aplica en Estados Unidos y Canadá para confeccionar los índices. Mientras tanto, la Casa Rosada busca en un acuerdo social imaginario la piedra filosofal que permita contener la inflación sin caer en un ajuste recesivo.

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Moreno describió en sus indagaciones el concepto de core inflation (inflación núcleo): es una categoría que permite formular un índice desprovisto de la volatilidad de algunos precios. En los Estados Unidos, por ejemplo, no registra los movimientos del petróleo ni de los alimentos. En cambio, da cuenta de los servicios, los automóviles, los salarios. Lo mismo sucede en Canadá. A diferencia de lo que ocurre hoy en la Argentina, aquellas economías confían el diseño de las políticas antiinflacionarias al Banco Central, que determina según ese criterio su estrategia monetaria.

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El Indec también segmenta el IPC. Por un lado, se registran precios controlados, como las tarifas de servicios públicos (que según el Ministerio de Planificación se ajustarán de a poco, a partir de febrero, tal como fue acordado). Por otro, se consignan los precios estacionales. A la tercera categoría, que en el hemisferio norte se denomina "inflación núcleo", el Indec la llama "resto". Moreno pretende darle a ese "resto", reformulado según una nueva muestra estadística, un tratamiento menos despectivo: que se mire allí cuando se hable de inflación. ¿No será contraproducente? Tal vez los precios que formen ese índice sean lo que todavía no se actualizaron, es decir, los que esperan una suba. Discusiones para enero: Kirchner quiere que la reforma la lleve a cabo su mujer.

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La expectativa del Gobierno es alcanzar un módulo que alivie al Tesoro de los abultados pagos que debe realizar por los bonos cuyo rendimiento está atado a la inflación. Con ese criterio se establecerá la muestra de precios del nuevo índice. Es una táctica audaz y no sólo desde el punto de vista judicial: el fisco necesitará cada vez más financiamiento externo los próximos dos años.

Sin hablar de otro desacierto, la primera dama suele reducir las críticas contra el Indec al interés de los bonistas. Ese argumento supone que el tenedor de un bono es un financista especulativo, que vive en Londres o Nueva York. Sin embargo, un economista como Alfonso Prat-Gay, candidato a convertirse en ministro si ganara las elecciones Elisa Carrió, sostiene que "de los 56.000 millones de dólares en bonos que ajustan por CER sólo 15.000 millones pertenecen a extranjeros. El resto está en poder de bancos, AFJP o individuos radicados en el país. Es decir: 3 de cada 4 de esos bonos están en manos de argentinos".

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Julio De Vido debería, entonces, corregir su visión. Al día siguiente de preguntar: "¿Quién le cree al Indec?", Moyano recibió la visita del ministro en su departamento de Barracas. "Negro, ¿te vas a pelear con el «Loco» Moreno? Tenés que luchar por la participación del trabajo en el producto, no por la suba de salarios. ¿O te volviste neoliberal y pedís por los bonistas?" Si se tiene en cuenta el diagnóstico de Prat-Gay, el camionero debería considerar esta última posibilidad. Por ahora sigue presionando por los sueldos: uno de sus voceros, el panadero Abel Frutos, acaba de decir que para el próximo año habrá aumentos del 30 por ciento.

La trama política

La presión salarial se inscribe en una compleja trama política. La escena laboral es la que más cambios promete para los próximos meses. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, es hoy candidato a diputado y se ignora si con un triunfo oficialista se quedaría en el Ejecutivo. Salvo la llamativa autopromoción de Aníbal Fernández en reportajes televisivos (hace pocos días recordó su paso por el área en la provincia de Buenos Aires: es cierto, durante el gobierno de Carlos Ruckauf), no hay indicios sobre ese cargo crucial. La incógnita es más inquietante si De Vido también se aleja: fue el principal gerente político de la relación entre Kirchner, los gremios y el empresariado en los últimos cuatro años.

En la Casa Rosada confían en disolver el conflicto social en un acuerdo entre funcionarios, empresarios y gremialistas. El propio Tomada exhumó un estudio con antecedentes europeos de pacto económico-social: allí se recomiendan los que se celebraron en Irlanda, Italia y Holanda en la década pasada. El texto está en manos de Cristina Kirchner. Hasta ahora, el artefacto es sólo una salida retórica para que la candidata evite dar respuesta a quienes se inquietan por las acechanzas que encuentra la Argentina en materia de inflación, inversión en infraestructura, solvencia fiscal y pujas salariales. Pero tampoco hay precisiones sobre esa concertación a la Gelbard. Cuando se la mira de cerca, aparece un problema evidente: la crisis de la CGT.

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A partir del jueves pasado, cuando en la Uocra se reunieron los representantes del 60% de los congresales de la central obrera, quedó en evidencia el vaciamiento al que está sometida la conducción de Moyano. Un dato relevante: también los colectiveros de Roberto Fernández abandonaron al camionero. Su capacidad de bloquear el transporte quedó reducida.

Los disidentes son hoy mayoría en la CGT. Su plan es dañino. No consiste en desplazar a Moyano, sino en aislarlo, cuando se aproxima la hora de acelerar la carrera de precios y salarios. Alberto Fernández, ofendido con quien lo denominó -citando a Marcelo Tinelli- "el López Rega del kirchnerismo", alienta esta dispersión sindical. Tal vez no sea la mejor estrategia. Porque es cierto que Moyano comenzó a partir: será cada vez más frecuente escucharlo hablar, como a Eduardo Duhalde, de la reconstrucción del peronismo. Pero no debería suponerse que quienes reemplacen a Moyano en la conducción sindical se muestren más contemplativos que el camionero.

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El próximo 17 de octubre habrá una escenografía ideal para observar el movimiento de estas piezas. Cristina Kirchner irá a La Matanza para celebrar el día del peronismo. Inaugurará una escuela sindical de la UOM, organización que aspira a relevar a Moyano en la conducción de la CGT. De nuevo hablará del acuerdo social. Pero tal vez sus palabras suenen anacrónicas. Sobre todo si se las compara con lo que declaró a este diario un dirigente sindical de los que acompañan al camionero: "El problema del Gobierno es que no advirtió que pacto social es lo que hubo los últimos cuatro años. Es lo que está terminando".

El jueves pasado, la iniciativa se debatió en la UIA. Allí, la idea de pactar con el Gobierno suele generar entusiasmo. Aunque esta vez se escucharon voces de cautela. El representante de uno de los máximos grupos económicos del país advirtió: "Si lo que se pretende es formular un horizonte de largo plazo, formidable. Pero si el Gobierno aspira a que hagamos el ajuste al que Kirchner se negó durante su gobierno, no deberíamos estar para eso". El amigo de Moyano, por lo visto, tenía razón.

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