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Scioli pide más dinero para obra pública

Ante el problema del déficit, reclama transferencias específicas, pero aceptaría que la Nación decidiera el destino del dinero
Pablo Morosi
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24 de noviembre de 2007  

LA PLATA.- Cuando le faltan dos semanas y media para asumir, el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, admitió que dependerá de la ayuda financiera de Cristina Kirchner para administrar el territorio más grande y complejo del país. Sus colaboradores aspiran a cerrar un acuerdo con el nuevo gobierno nacional para garantizar el flujo de fondos en áreas sensibles vinculadas con la infraestructura social, especialmente en el conurbano.

El sucesor de Felipe Solá mantendrá el reclamo por una nueva ley de coparticipación federal, pero al mismo tiempo solicitará el envío de recursos para equilibrar las cuentas del Estado provincial y destinarlos a inversión en áreas como educación y salud. Asimismo, buscará sostener y ampliar el plan federal de obras de redes de agua, cloacas, servicios sanitarios y viviendas.

La intención del futuro gobernador es conseguir más dinero nacional, aunque sin la pretensión de decidir su destino, que seguiría en manos de la Casa Rosada. Esa sería la principal diferencia con el polémico fondo de reparación histórica del conurbano que tuvo Eduardo Duhalde durante los noventa.

Scioli dijo a LA NACION: "Cristina conoce bien la provincia, sabe de sus necesidades y confiamos plenamente en que esto se traducirá en un apoyo concreto para nuestra gestión en el marco de un proyecto integrado".

El principal operador político de Scioli y futuro jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, añadió: "Vamos a pedir colaboración de la Nación, no como un fondo especial como fue el del conurbano, sino fondos específicos para obras concretas, para apuntalar los servicios que presta la provincia e, incluso, para otorgar aumentos a ciertos sectores como los docentes".

Según Pérez: "La provincia, con el déficit que tiene, es muy difícil que pueda cumplir con cosas que debe hacer sin ayuda de la Nación".

El déficit bonaerense, revelado hace unos días a LA NACION por el propio Pérez, asciende a 3400 millones de pesos. Ese cálculo no incluye aumentos de salarios para unos 450.000 empleados públicos de la provincia ni inversiones en obras públicas y servicios que Scioli considera esenciales.

"Vamos a pedir que la Nación destine fondos para el área metropolitana. Nos interesa que nos giren los recursos y que se invierta en áreas sensibles", aseguró ayer uno de los principales colaboradores de Scioli en materia económica.

Y aclaró: "No pelearemos por administrarlos". Traducido, eso significa que el ministro de Planificación, Julio De Vido, mantendrá su fuerte influencia en la distribución de los recursos para obras en la provincia.

En la lista de obras pendientes, el gobernador considera urgente la necesidad de construir alcaldías para trasladar presos alojados en comisarías. Esta semana el futuro ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, adelantó que se piensa en 10 nuevas alcaldías para 2008. Sólo en su construcción requiere un presupuesto de 17 millones de pesos, según estimaciones del Ministerio de Justicia provincial.

Scioli no sólo espera la transferencia de recursos nacionales: la creación de una agencia de recaudación de la provincia -que debatirá la Legislatura provincial la próxima semana- es una de sus grandes apuestas para incrementar los ingresos públicos.

Esa entidad autártica estará a cargo de Santiago Montoya y tendrá un presupuesto de unos 450 millones de pesos. La gran novedad del proyecto presentado esta semana en la Legislatura es la facultad de celebrar convenios con entidades públicas y privadas para tercerizar la gestión del cobro de impuestos.

La agencia tendrá en su organigrama de conducción un consejo asesor. Su función será hacer un seguimiento trimestral del cumplimiento de los compromisos de gestión.

Ayer, la Asociación de Empleados de Rentas e Inmobiliaria (AERI) manifestó su malestar por la falta de consulta en la elaboración de la propuesta de Scioli y solicitaron una audiencia con carácter de urgente con el ministro de Economía provincial, Carlos Fernández.

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