Suscriptor digital

Proponen aumentar la asignación por hijo

En el oficialismo plantean que es mejor que bajar el IVA
Alejandro Rebossio
(0)
28 de noviembre de 2007  

Que el 41% de personas que trabaja en negro reciba una asignación por cada hijo. Como la que perciben los empleados formales que cobran menos de $ 4000 mensuales. Esa es la propuesta que defendió ayer la diputada oficialista Mercedes Marcó del Pont en un debate sobre la mejora de la distribución del ingreso. Es su aporte al acuerdo social al que convocará la presidenta electa Cristina Fernández de Kirchner, de estrecha relación con Marcó del Pont.

"¿Cómo atendemos a los estratos bajos?", se preguntó la diputada por Capital Federal en un seminario organizado en el Palacio San Martín por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), de la que ella es vocal. "¿Será sacando el IVA a los alimentos? ¿O generalizando el acceso a la asignación por hijo? El impacto de esta medida en la reducción de la pobreza sería tres veces mayor que sacando el IVA", planteó Marcó del Pont.

Los empleados en blanco que ganan hasta $ 2000 reciben 100 mensuales por hijo y 400 si es discapacitado. Los de sueldos de 2000 a 3000 perciben 75 y 300, respectivamente. Los que cobran entre 3000 y 4000 se llevan 50 y 144.

La economista planteó que un país especializado en recursos naturales, materias primas (incluidas las industriales, como el acero y el aluminio) y sectores de bajos salarios "no puede tener una distribución equitativa del ingreso". En ese sentido, coincidió con otro expositor, Mario Cimoli, economista de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), que mostró un trabajo que demuestra que los países con estructuras económicas de mayor tecnología y más vinculadas al conocimiento cuentan con un mejor reparto de la riqueza.

Marcó del Pont defendió el papel redistributivo de las retenciones a las exportaciones no sólo porque "intentan" aislar los precios locales de los internacionales -actualmente en alza-, sino también porque el Estado se apropia con ellas de las ganancias "extraordinarias" de sectores como el agrícola y el petrolero. La diputada destacó también el papel "redistributivo" del gasto público mediante el financiamiento a pymes y a la incorporación de tecnología o la moratoria previsional.

En cambio, Javier Lindemboim, economista del Grupo Fénix, planteó que el desafío mayor para la equidad radica en modificar el reparto originario de la riqueza, antes de que el Estado intervenga después para redistribuirlo. Para ello, sugirió cambios impositivos y una revalorización del Consejo Nacional del Salario, la Productividad y el Empleo, para que no se concentre sólo en los sueldos, sino también en la productividad.

Daniel García Delgado, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), apoyó una reforma tributaria y un aumento del gasto social y educativo, pero también recomendó que el acuerdo social no imponga un techo salarial, sino que verse sobre la mejora de la distribución del ingreso, el dinamismo del mercado interno y el control de la inflación. Para ello reclamó crédito para las pymes, incorporación tecnológica, aumento de la productividad y una reforma de la coparticipación federal de impuestos para reducir la desigualdad territorial. Al cierre del seminario asistieron el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el vicepresidente y próximo gobernador bonaerense, Daniel Scioli.

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?