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Drogas en la selva

Por Federico Caeiro (h.) Para LA NACION
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25 de enero de 2008  

La liberación de Clara Rojas y de Consuelo González Perdomo; la inicialmente fracasada misión humanitaria en la que participó el ex presidente Néstor Kirchner, y las recientes manifestaciones de la siempre intolerante presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en apoyo abierto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, grupo guerrillero de extracción marxista que ahora se proclama "bolivariano") y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) ponen a Colombia en nuestro foco de atención. Sin embargo, este conflicto, que el bello país sudamericano soporta desde hace muchos años, sigue teniendo facetas desconocidas por muchos.

Colombia cuenta con una enorme riqueza en biodiversidad, ya que posee ejemplares del 15% de todas las especies de plantas del planeta y es una de las áreas con mayor variedad de anfibios, mamíferos y aves. Esto se debe, en gran medida, a que más de la mitad de su territorio sigue siendo selva, por ahora.

El vínculo entre las drogas ilícitas, como la cocaína y la heroína, y la destrucción de los bosques tropicales no parece tan obvio. Sin embargo, esta relación se desarrolla peligrosamente desde dos frentes opuestos: por un lado, el proceso de cultivo de la hoja de coca, y por el otro, el combate de esos cultivos por parte de las autoridades mediante aspersiones aéreas con glifosato.

En primer lugar, para poder cultivar la planta de coca sin ser detectados por los organismos de seguridad los campesinos talan y queman miles de hectáreas de los frágiles bosques tropicales para proceder con sus cultivos (de no más de 1,5 hectáreas cada uno) al amparo de la selva.

El impacto es especialmente grave en los bosques amazónicos y también en los altoandinos, que sufren por esta causa una enorme pérdida en biodiversidad, que es una importante alternativa con que cuenta Colombia para salir del subdesarrollo.

En Colombia hay alrededor de 80.000 hectáreas sembradas de coca, distribuidas en veintitrés de los treinta y dos departamentos del país, y el número no parece decrecer. En 2004, por ejemplo, se descubrieron, dentro de un tercio de las 51 áreas naturales pertenecientes al sistema de parques nacionales naturales de Colombia, cultivos de coca que abarcaban en conjunto más de 11.500 hectáreas.

Insecticidas de alta toxicidad como el Etil-paration (tóxico para los insectos benéficos y la fauna) y herbicidas deletéreos como el Paraquat (altamente persistente en el ambiente) son empleados en forma indiscriminada por cultivadores de coca y amapola sin la debida capacitación para manejarlos ni con la adecuada protección personal, utilizando dosis que exceden las recomendaciones de los fabricantes. Con frecuencia, además, son almacenados dentro o cerca de las casas y de los alimentos de los propios campesinos.

Una de las regiones más ricas en biodiversidad es el Parque Nacional de la Macarena, donde no sólo se encuentran aún minas antipersonales enterradas por los guerrilleros y los paramilitares, sino que también se han localizado, en vuelos recientes, caminos quemados y árboles derribados en vistas al cultivo de la coca.

Los intrusos también han construido decenas de laboratorios de drogas en el parque, y en la aldea de Puerto Arturo acopian toneladas de gasolina, cemento, ácido hidrólico y otras sustancias químicas tóxicas necesarias para procesar las hojas de los cultivos y transformarlas en cocaína.

De más está decir que en los bosques donde se encuentran los laboratorios y las plantas de procesamiento no existe ningún sistema de manejo de desperdicios tóxicos, por lo que esos químicos mortales son vertidos en el suelo y en los arroyos y ríos que surten de agua potable a la población local.

Para hacer la pasta base de coca y heroína, una vez que se cosechan, las hojas de la coca y el látex de la amapola son procesados por los campesinos con otros químicos industriales, como ácido sulfúrico, acetona, permanganato de potasio y gasolina. Luego, la pasta es vendida a guerrilleros o paramilitares, que la refinan para convertirla en cocaína.

Los Estados Unidos son el principal consumidor de cocaína del mundo, y Colombia les provee del 90 por ciento de la cocaína y del 50 por ciento de la heroína que se comercializan allí.

Los cultivos destinados a la producción de drogas han destruido en Colombia 17.000 kilómetros cuadrados de selva y bosque en zonas que contienen la más alta diversidad biológica del mundo. Pero a esa destrucción se suma la causada por el propio Estado, mediante las fumigaciones realizadas en el marco del Plan Colombia, un programa de asistencia sostenido por Washington con cientos de millones de dólares, logística, inteligencia y hombres, que busca reducir el consumo de drogas en los Estados Unidos y fortalecer las fuerzas armadas de Colombia para derrotar a la guerrilla.

Por otra parte, también las comunidades indígenas colombianas pagan un alto precio ambiental y económico por la aspersión aérea -alentada por los Estados Unidos- de cultivos ilegales con el herbicida glifosato.

Así, daños a la salud humana, destrucción de cultivos lícitos y contaminación del agua son sólo algunos de los resultados globales de las operaciones antidrogas del Plan Colombia.

Al cabo de años de rociar plantaciones de coca con herbicidas y otras sustancias tóxicas, los Estados Unidos y Colombia no han logrado reducir la producción de cocaína, que se mantiene relativamente estable a lo largo de los años.

Tal vez ello se deba, en parte, a que las operaciones de fumigación son por demás imprecisas, ya que para erradicar de manera efectiva una hectárea de coca es necesario fumigar unas 11 hectáreas de bosques, proporción que tiende a aumentar debido a que los cultivos son cada vez más pequeños y se mimetizan con el entorno.

La fumigación gubernamental para destruir las plantas de coca ha provocado el desplazamiento de los cultivadores y los traficantes desde su territorio habitual hacia los parques nacionales, donde la aspersión aérea está prohibida. De modo que ahora están quemando allí miles de hectáreas de selvas vírgenes, a la vez que envenenan los suelos y las aguas con sustancias químicas.

En Colombia, el narcotráfico financia las actividades de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que, con sus acciones, también provocan consecuencias devastadoras para el ambiente.

Estos grupos han realizado más de setecientos ataques a oleoductos y ocasionado el derrame de más de 2,5 millones de barriles de crudo a lo largo de la frontera con Venezuela. Esto representa, aproximadamente, una cantidad de crudo diez veces mayor que la derramada por el buque-tanque petrolero Exxon Valdez en el estrecho del Príncipe Guillermo en 1989.

La droga añade así, a sus muchos y graves daños a la salud humana y social, su nefasta contribución a los cambios y desequilibrios climáticos e hidrológicos del planeta, como resultado del arrasamiento de la selva, que genera el desequilibrio de la autorregulación ecológica y el incremento de CO2 atmosférico, con el consecuente efecto invernadero.

Una reducción en el consumo de estas drogas ilícitas ocasionaría una disminución drástica en su producción en Colombia, lo que a su vez desaceleraría la deforestación y disminuiría la contaminación de los bosques tropicales.

El deterioro social y el nocivo impacto ambiental causados por el consumo y la producción de drogas como la cocaína y la heroína constituyen una amenaza aún mayor de lo que solemos percibir.

El problema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico no es sólo colombiano, sino también global. Quienes pagan por la cocaína y la heroína están pagando también por la devastación de la selva y del planeta.

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