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Ataque a la inocencia

Por Diana Cohen Agrest Para LA NACION
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11 de marzo de 2008  

Cuesta creerlo. El diario Río Negro difundió recientemente un polémico fallo, sobre un ex policía de 73 años que violó a una vecinita de 12 años y la dejó embarazada. Categórica prueba del contacto sexual resultó el niño que nació como consecuencia de esa unión y que, según el examen de filiación por ADN, es hijo del victimario. Pero para los jueces que resolvieron el caso, el embarazo no demuestra que haya existido penetración, y por eso la Cámara rechazó la acusación más grave (la violación) y condenó al imputado por un delito más leve (abuso deshonesto). En apenas cuatro años, el violador volverá a vivir pared de por medio con su vecinita y con su propio hijo. El periódico añade que la Cámara fundó su veredicto en que la niña nunca manifestó que el hombre la había penetrado. Por cierto, los motivos del fallo son tan difíciles de creer como el fallo mismo.

Sumidos en la incredulidad, en la indignación y en la impotencia, en el peor de los casos nos interrogamos cómo no legitimar la ilegítima justicia por mano propia. Y en el mejor, cómo reinstaurar la credibilidad de la Justicia.

Esta aberración procesal parece ser, como el dulce de leche, de cuño local. Según parámetros científicos internacionalmente aceptados, la pedofilia es un desorden psiquiátrico crónico. Un informe especial publicado hace unos meses por la Clínica Mayo de los Estados Unidos sostiene que, para calificar a alguien de pedófilo, es preciso que esa persona tenga al menos 16 años y que sea, al menos, cinco años mayor que el niño del que ha abusado. El 70% de los pedófilos son diagnosticados por otras parafilias, tales como la frotación, el exhibicionismo, el voyeurismo y el sadismo. En un estudio que incluyó 2429 adultos pedófilos, se concluyó que sólo el siete por ciento siente atracción exclusiva hacia los niños, porcentaje que prueba que la mayoría de los pedófilos son también agresores sexuales de adultos.

¿Qué hace de un individuo, un pedófilo? Según el mismo informe, la pedofilia es un tipo de orientación sexual y no una categoría superpuesta sobre una identidad homosexual o heterosexual. Esta calificación da lugar a diversos interrogantes: ¿el pedófilo es un inadaptado social? ¿Un psicópata, un perverso? ¿La gente elige serlo o, lisa y llanamente, se nace pedófilo? Si se nace, ¿puede algún tratamiento modificar esa orientación sexual? Desde la medicina, las respuestas son todavía controvertidas. A favor del modelo neurocerebral, se descubrió en estos individuos una prevalencia de discapacidades cognitivas, diferencias neuroendocrinas y un volumen disminuido de materia gris. Los investigadores suelen preguntarse si estos cambios se asocian a problemas en el desarrollo y maduración cerebral o son modificaciones cerebrales resultantes de experiencias de vida, tales como haber sido fìsicamente abusados de niños, relación diádica conocida como el "fenómeno del abusado-abusador".

¿Cuáles son las propuestas terapéuticas en uso? Hoy se aplican tres clases de tratamientos para los violadores, ninguno de los cuales es efectivo si no cuenta con el compromiso del involucrado: la castración quirúrgica, la castración química y los programas de rehabilitación.

La castración quirúrgica consiste en la extirpación de los testículos. Pese a su irreversibilidad, este procedimiento puede no ser suficiente para extirpar el problema de raíz. Se ha probado que, si bien impide la penetración, no inhibe otros comportamientos sexuales, practicados, si cabe, con mayor violencia. Aunque sus resultados son altamente controvertidos incluso hay quienes, aun tratados físicamente, ingirieron testosterona y reincidieron , esa práctica persiste en seis territorios de los Estados Unidos, en Suiza y Alemania. La castración química es una alternativa menos traumática, pues, aunque desalienta la producción de testosterona, no es mutilante, mantiene la integridad corporal (se limita a reducir o anular la función eréctil) y es temporaria. Medicamentos indicados en el tratamiento del cáncer de próstata disminuyen la libido del paciente y, por tanto, sus deseos y fantasías sexuales. El problema es que el deseo no es meramente biológico ni es reductible a lo corporal. Pero además, la violación es un mecanismo de sometimiento que va más allá de la gratificación sexual. Si a un violador agresivo se le provoca impotencia, puede expulsar esa agresividad por otras vías y convertirse en un asesino. Aun así, la castración química ya se aplica en algunos lugares (California y Florida, en los Estados Unidos). Hace dos años, Francia impulsó un programa piloto con un grupo de 48 delincuentes reincidentes, todos voluntarios. Desde entonces, los franceses estudian extender el tratamiento. Los obstáculos pragmáticos son que se requieren seguimiento, monitoreo continuo y evaluación psiquiátrica, por lo que se calcula una erogación anual de cinco mil a veinte mil dólares en los Estados Unidos. Es claro que, por más que los costos locales no sean comparables, no parecen existir aquí suficiente interés ni, por ende, fondos públicos destinados a desalentar este flagelo social.

Por último, la psicoterapia cognitivo-conductual, asociada a un tratamiento farmacológico, resulta, por el momento, el mejor abordaje, pues busca evitar la reincidencia. Según consignaba el diario madrileño El País , el único estudio hecho en España sobre recidivas en este tipo de delitos, realizado con internos de Barcelona, llegó a la conclusión de que el 18% de los que no habían asistido a los programas de rehabilitación había reincidido tras cuatro años de libertad, mientras que la tasa había bajado al 4,1% entre los que sí habían recibido tratamiento.

El rechazo o la aceptación de estas terapias de prevención son expresiones de dos perspectivas morales no siempre reconciliables: o rechazamos toda práctica lesiva de la dignidad humana que contraríe la humanidad de las penas (si así fuera, ¿acaso el agresor sexual no se ha autoexcluido de la comunidad moral?) o evitamos, en principio, las consecuencias futuras en víctimas inocentes.

Pese a los numerosos proyectos legislativos presentados, estas políticas reguladoras de la delincuencia sexual -a juzgar por el fallo rionegrino- parecen estar muy lejos de nuestra realidad. No se trata de imponer penas infamantes, tales como la fijación de stickers en las lunetas de los autos para identificar al pedófilo (medida adoptada por el Estado de Luisiana), pero sí de estipular que el médico tiene la obligación legal de denunciar toda sospecha de pedofilia y los jueces, la de impedir la reincidencia y, tras la excarcelación, ordenar a los victimarios un seguimiento sociojudicial con el fin de lograr su readaptación y, a la par, prevenir el riesgo potencial de personas indefensas. Un paso adicional dado por numerosos países (entre otros, España, Gran Bretaña y Estados Unidos) es la creación de un registro de datos genéticos de delincuentes sexuales. Jurídicamente, es un problema para nada menor, pues en nuestra legislación el poder penal sólo se aplica por lo que el delincuente hace (derecho penal de acto) y no puede aplicarse por lo que el delincuente es (derecho penal de autor). Si se castiga una patología -y si ésta es de índole genética-, desde el derecho penal es inimputable. Y si es una patología socioadquirida, el derecho penal exige medidas de seguridad curativas, pasadas por alto en el fallo rionegrino.

Tal vez certera expresión de la desidia estatal es la de un condenado cordobés que, en un acto de autorreconocimiento tan pavoroso como sobrecogedor, llegó a suplicar: "Señores jueces, yo no me voy a recuperar a esta altura. Pasé casi la mitad de mi vida en la cárcel. Les pido que me condenen a la pena de muerte, porque cuando salga voy a reincidir". Ya había cumplido dos penas por abuso sexual infantil. Esta vez, lo condenaron por haber abusado de siete nenas. Le esperan 20 años de cárcel. Y estará libre a los cincuenta y tantos. Un buen momento para recomenzar.

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