A fondo-armas, drogas y trabajo: en algunos pueblos venezolanos, rebeldes colombianos toman las decisiones
Por Sarah Kinosian
CARACAS, 2 sep (Reuters) - Poco después de que rebeldes de Colombia llegaran a un poblado en el noroeste de Venezuela, comenzaron a elegir a estudiantes de la escuela secundaria local para cultivar coca, la planta que se usa para producir cocaína, dijo a Reuters la directora de una escuela.
Cuatro años después, esos miembros del rebelde Ejército de Liberación Nacional -ELN-, operan como un gobierno local e importante empleador en una localidad del fronterizo estado Zulia, según una educadora y otros 14 lugareños, que hablaron bajo condición de anonimato y pidieron que no se nombrara a su comunidad porque temen represalias.
La guerrilla les paga a los locales, incluidos niños, para que realicen operaciones de narcotráfico, extorsiones y exploten minas de oro informales en ambos países, dijeron las personas. Los funcionarios de seguridad colombianos sostienen que las ganancias delictivas están financiando la insurrección de la guerrilla contra el gobierno colombiano.
El reclutamiento se ha intensificado desde el año pasado, dijeron los residentes, a medida que la pandemia del coronavirus ha profundizado la miseria en Venezuela, donde la economía ya estaba tambaleándose por los años de recesión económica e hiperinflación.
Cuando los insurgentes llegaron por primera vez, dijeron los pobladores, estaban flanqueados por líderes comunitarios locales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y proclamaron que estaban allí para brindar seguridad con la bendición del presidente Nicolás Maduro.
Pero su accionar, dijeron las fuentes, rápidamente se transformó en tiranía. Los rebeldes prohibieron a los residentes compartir información sobre las actividades del grupo, establecieron un estricto toque de queda desde las 18:00 hora local, vetaron las armas de fuego y controlaron a quiénes ingresaban al pueblo, señalaron.
Los rebeldes también trajeron dinero. Mientras contactaban a los alumnos para que trabajaran en los campos de coca, se ofrecieron a "pintar la escuela, arreglar las luces o lo que necesitáramos", dijo la directora en una entrevista. En 2020, de unos 170 estudiantes que estaban en la escuela, 90 se fueron con el ELN, agregó, dejando solo 80 niños en clases.
El gobierno colombiano ha afirmado durante mucho tiempo que Venezuela ofrece un puerto seguro a los rebeldes y que Caracas permite que la cocaína se mueva a través de su territorio para obtener una parte de las ganancias.
Maduro ha negado las acusaciones de narcotráfico, pero ha expresado su simpatía por la ideología izquierdista de los rebeldes y dio la bienvenida abiertamente a algunos líderes. El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios sobre las actividades del grupo guerrillero en el país.
Pablo Beltrán, segundo al mando del ELN, negó que el grupo esté involucrado en la producción de cocaína, narcotráfico u otras actividades ilícitas, o que reclute venezolanos para trabajar en tales operaciones.
Señaló que el grupo cobra un porcentaje a los grupos criminales que ingresan a zonas de cultivo de coca que controlan en Colombia. Reconoció que los venezolanos pobres, impulsados por la crisis económica de su país, sí trabajan en esas áreas, pero dijo que el ELN no les paga.
Beltrán agregó a Reuters que el ELN cruza a territorio venezolano, pero que la política del grupo era no tener una presencia permanente allí. Dijo que la relación de los grupos con las autoridades venezolanas a nivel local variaba de "muy buena" a "pésima", según la zona, pero que la política era "respeto a esas autoridades y no suplantarlas".
También negó que el ELN estuviera presente en Venezuela con la bendición de Maduro.
"Espero que apoyo moral", dijo Beltrán al ser consultado si contaban con algún apoyo del gobierno. Pero "al interior de las Fuerzas Armadas en Venezuela hay una posición de doctrina. El día que ellos perciban que hay una fuerza, como la nuestra estacionada, no solamente están perdiendo soberanía, sino que están violando su constitución".
Este relato se basa en las entrevistas con más de 60 venezolanos, incluidos religiosos, ganaderos y maestros, que viven en seis estados cercanos a la frontera con Colombia.
Reuters también habló con legisladores, activistas de derechos humanos, líderes indígenas, exoficiales militares venezolanos, dos desertores rebeldes y autoridades estadounidenses y colombianas familiarizadas con el creciente control de los rebeldes en esa región.
Las entrevistas revelan un retrato de áreas que están siendo transformadas por insurgentes armados que parecen aprovechar el declive del país. Los rebeldes, que solían esconderse en remotos y desolados parajes de Venezuela, se han mudado a centros poblados, mandando en algunos lugares junto al gobierno de Maduro y reemplazándolo en otros, dijeron residentes.
Se trata principalmente de guerrilleros del ELN y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, según residentes y documentos internos de inteligencia venezolana vistos por Reuters.
Los disidentes de las FARC rechazan el histórico acuerdo de paz alcanzado en 2016 entre ese grupo y el gobierno colombiano. Estos disidentes de las FARC no pudieron ser contactados para hacer comentarios.
Más de 1.000 miembros del ELN están operando en Venezuela, dijo el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ante la Organización de Estados Americanos en 2019.
Los rebeldes han llenado los vacíos en las arruinadas instituciones de Venezuela, entregando alimentos y medicinas, incluso aprobando proyectos de infraestructura en algunas áreas, señalaron habitantes a Reuters.
Muchos dijeron que la presencia de los rebeldes había reducido la delincuencia callejera. Pero todos los lugareños que hablaron con Reuters también dijeron que les temían. Un habitante de otro poblado en Zulia comparó vivir bajo el régimen del ELN con "vivir en una prisión con ojos siempre mirando".
Un joven de 16 años que abandonó la escuela secundaria de las afueras de la ciudad de Maracaibo, capital de Zulia, dijo que trabajaba turnos de 12 horas en una finca de coca del ELN, recogiendo hojas hasta que le sangraban las manos. Aún así, dijo que recibe tres comidas al día y gana el equivalente a 200 dólares al mes, una fortuna en gran parte de Venezuela.
Antigua alianza
Después de que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, se permitió a las FARC y al ELN operar más abiertamente dentro de Venezuela, según funcionarios, residentes, analistas, autoridades estadounidenses y colombianas y exguerrilleros.
Lo que comenzó como una alianza de revolucionarios con ideas afines y enemigos comunes se ha transformado en una asociación criminal centrada en el tráfico de drogas, oro y otros esquemas ilícitos, dijo Bram Ebus, quien ha informado sobre las actividades de la guerrilla en Venezuela para el International Crisis Group, un grupo de expertos con sede en Bruselas.
Esas alianzas se han convertido en un sustento financiero para las guerrillas y para los venezolanos que se extienden desde pequeños poblados hasta los corredores del poder en Caracas, dijo a Reuters Ebus, ocho exmilitares venezolanos y dos exrebeldes disidentes de los acuerdos de paz con las FARC.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Maduro de presuntamente encabezar una organización de tráfico de drogas que trabajaba con las FARC para inundar Estados Unidos con cocaína, ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela en ese momento, Jorge Arreaza, calificó los cargos como infundados. El Ministerio de Información no respondió a una solicitud de comentarios sobre supuestos vínculos financieros entre funcionarios del gobierno y grupos guerrilleros colombianos.
Autoridades estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, expresaron su preocupación por cuan atrincherados estarían los rebeldes colombianos en Venezuela.
La nación OPEP también ha rastreado la expansión de grupos armados de Colombia en su territorio, según Manuel Christopher Figuera, exgeneral y exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Venezuela, que huyó del país en 2019.
Figuera mostró a Reuters mapas que dijo fueron producidos en 2018 por una de las agencias de inteligencia del país que indicaban las supuestas ubicaciones de los operativos del ELN y las FARC en Venezuela y su rango de presuntas actividades.
Reuters no pudo verificar la autenticidad de los mapas, que llevan la insignia del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la (Cesppa). El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios y las llamadas a la agencia para solicitar comentarios no fueron respondidas.
Aunque el gobierno es aliado de los rebeldes colombianos, la relación no siempre ha sido amistosa. En marzo, el Ejército de Venezuela lanzó una ofensiva contra disidentes de las FARC en el estado fronterizo de Apure después de que Maduro dijera que el grupo fue enviado por Colombia para desestabilizar el país.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, negó el reclamo de Maduro y describió la disputa como un conflicto por el control de las rutas del narcotráfico.
Habitantes de Apure, donde miles huyeron de los combates, dijeron a Reuters que han visto a las guerrillas consolidar el poder de manera constante durante los últimos cinco años, expandiendo sus actividades ilícitas mientras asumen en gran medida el papel de aplicación de la ley.
Un ganadero local dijo que se han metido en la regulación económica, diciéndoles a los agricultores lo que pueden cobrar por el queso y la carne de res.
"Ellos son el gobierno", agregó el ganadero sobre los rebeldes. El gobernador de Apure no respondió a la solicitud de comentarios.
Los indígenas venezolanos dijeron que los guerrilleros también les han trastornado su vida y los han apodado "botas de goma" por su calzado plástico alto y negro.
En el estado Amazonas, rico en minerales, más de una docena de líderes indígenas señalaron a Reuters que en los últimos años los rebeldes han intensificado la extracción ilegal de oro y coltán, un mineral que se encuentra en los teléfonos móviles.
En marzo, líderes de tres tribus presentaron una denuncia ante la oficina estatal de derechos humanos alegando que "un gran número" de indígenas venezolanos han sido "esclavizados y extorsionados por un grupo irregular de colombianos", identificados como disidentes de las FARC, que los obligaron a trabajar en minas de oro.
La oficina de derechos humanos de Amazonas reconoció que había recibido la denuncia, pero no hizo más comentarios.
Algunos venezolanos dan crédito a los rebeldes por mantener a flote a sus familias.
En Apure, un agricultor de maíz de 42 años dijo que no ha visto a su hermano mayor desde que las FARC lo reclutó a la fuerza hace ocho años. Pero todos los meses sin falta, sostuvo, su hermano llama a su madre y envía 120 dólares, dinero del que él y sus ancianos padres dependen para sobrevivir.
En Zulia, un maestro que pidió ser identificado solo por su primer nombre, Armando, dijo que los niños son escasos en su escuela secundaria porque muchos trabajan para el ELN en cultivos de coca o en cruces fronterizos extorsionando a migrantes y comerciantes.
Armando comprende el atractivo del dinero de las drogas. Dijo que él también comenzó a cosechar coca para el ELN en 2017 para complementar su salario de 3 dólares al mes en la enseñanza. No tiene planes de detenerse. "Sientes vergüenza", dijo, "pero ves comida para tus hijos en cada hoja que recoges". (Reporte de Sara Kinosian. Editado en español por Javier Leira)
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