AP recupera acceso a eventos de la Casa Blanca tras fallo judicial
LA NACION
Un juez federal ordenó el martes a la Casa Blanca que restablezca el pleno acceso de The Associated Press a la cobertura de actos presidenciales, basándose en la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense para asegurar que el gobierno no puede castigar a la agencia de noticias por el contenido de su discurso.
El juez de distrito Trevor N. McFadden, designado por el presidente Donald Trump, falló que el gobierno no puede tomar represalias contra la decisión de la AP de no acatar la orden ejecutiva del presidente de cambiar el nombre del Golfo de México. La decisión, aunque es una medida cautelar preliminar, le representa a la AP una gran victoria en un momento en que la Casa Blanca ha estado desafiando a la prensa en varios niveles.
“En virtud de la Primera Enmienda, si el gobierno abre sus puertas a algunos periodistas —ya sea al Despacho Oval, a la Sala Este o a cualquier otro lugar—, no puede luego cerrar esas puertas a otros periodistas debido a sus puntos de vista”, escribió McFadden. "La Constitución nos obliga a ello".
De momento se desconoce si la Casa Blanca tomaría medidas de inmediato para cumplir con el fallo de McFadden. El juez aplazó la implementación de su orden por una semana, dando tiempo al gobierno para responder o presentar una apelación. Poco después del fallo, a un reportero y un fotógrafo de la AP se les negó unirse a una caravana con el grupo de prensa de la Casa Blanca para cubrir la aparición de Trump ante el Comité Nacional Republicano del Congreso.
A la AP se le ha impedido formar parte del pequeño grupo de periodistas que cubren a Trump en el Despacho Oval o a bordo del avión presidencial desde el 11 de febrero, y esporádicamente ha tenido acceso a coberturas en actos en la Sala Este.
“Estamos satisfechos con la decisión del tribunal", declaró la portavoz de la AP, Lauren Easton. “El fallo de hoy ratifica el derecho fundamental de la prensa y del público a hablar libremente sin represalias del gobierno. Esta es una libertad que la Constitución de Estados Unidos garantiza para todos los estadounidenses”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien fue nombrada en la demanda, no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios. En la querella presentada el 21 de febrero, la AP demandó a Leavitt; a la jefa de despacho de la Casa Blanca, Susie Wiles, y al subjefe de despacho Taylor Budowich.
Trump ha actuado agresivamente contra los medios en varios frentes desde que asumió el cargo para un segundo mandato. La Comisión Federal de Comunicaciones tiene demandas abiertas contra ABC, CBS y NBC News. El gobierno ha intentado cortar fondos para servicios de noticias gubernamentales como Voice of America y amenaza con retirar financiación para emisoras públicas como PBS y NPR por ser supuestamente demasiado liberales en sus coberturas noticiosas.
La AP le había pedido a McFadden que decretara que Trump había violado el derecho constitucional de la AP a la libertad de expresión al tomar medidas porque no estaba de acuerdo con las palabras que utilizan sus periodistas. El juez había rechazado anteriormente la solicitud de la AP de revocar los cambios mediante una orden judicial.
Debido a su amplio alcance, la AP ha sido incluida por tradición en los grupos que son parte de la cobertura presidencial en eventos en lugares como el Despacho Oval o el avión presidencial. McFadden advirtió que su fallo no necesariamente significa que los retomará.
“El Tribunal no le ordena al gobierno que otorgue a la AP acceso permanente al Despacho Oval, la Sala Este o a cualquier otro evento de prensa", escribió. “No otorga un trato especial a la AP. De hecho, la AP no necesariamente tiene derecho al acceso permanente al ‘primer lugar en la fila’ del que gozó (con la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca). Pero tampoco puede recibir un peor trato que las agencias competidoras”.
El juez destacó que su decisión no prohíbe que funcionarios del gobierno elijan a qué medios dar entrevistas, o elegir qué preguntas de los periodistas deciden responder en una conferencia de prensa.
“Esta es una decisión importante”, dijo Katie Fallow, directora adjunta de litigios en el Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia. “La Primera Enmienda significa que la Casa Blanca no puede prohibir a los medios de comunicación cubrir al presidente simplemente porque no repiten su lenguaje preferido”.
Aunque hubo poca disputa durante la audiencia judicial del 27 de marzo sobre por qué Trump tomó represalias contra la AP —el presidente lo dijo claramente— el gobierno afirmó que le correspondía a él, y no a los corresponsales de la Casa Blanca o una añeja tradición, determinar quién puede formular preguntas al presidente y cuándo.
Desde que comenzó la disputa con la AP, la Casa Blanca ha tomado medidas para controlar quién puede cubrir al presidente en eventos más íntimos e incluso dónde se sientan los periodistas durante las conferencias de Leavitt, asegurando que ambos necesitan reflejar mejor los cambios sobre cómo la gente obtiene información.
Las decisiones de la AP sobre los términos que utiliza son seguidas por periodistas y otros escritores en todo el mundo a través de su manual de estilo. La agencia subrayó que seguiría usando Golfo de México, como se le ha conocido al cuerpo de agua durante cientos de años, aunque también hace notar la decisión de Trump de cambiarle el nombre a Golfo de Estados Unidos. Distintos medios han usado diferentes enfoques, algunos evitándolo por completo y limitándose a llamarlo únicamente el “Golfo”.
“Para cualquiera que piense que la demanda de The Associated Press contra la Casa Blanca del presidente Trump es sobre el nombre de un cuerpo de agua, piensen en un panorama más amplio", escribió Julie Pace, directora ejecutiva de la AP, en un editorial para The Wall Street Journal. "Realmente se trata de si el gobierno puede controlar lo que dices”.
Trump ha calificado a la AP, la cual fue fundada en 1846, de “lunáticos radicales de izquierda”, y dijo que “los mantendremos al margen hasta que acepten que es el Golfo de Estados Unidos”.
Para una agencia de noticias que depende de la velocidad como uno de sus principales puntos de venta, la AP llevó a su corresponsal en jefe de la Casa Blanca y a su fotógrafo a testificar ante McFadden sobre cómo su ausencia en la cobertura de ciertos eventos ha retrasado su transmisión de texto e imágenes. Su abogado, Charles Tobin, dijo que la AP ya ha perdido un contrato publicitario de 150.000 dólares de un cliente al que le preocupaba el veto de la Casa Blanca.
El abogado del gobierno, Brian Hudak, mostró cómo la AP ha podido usar transmisiones en vivo o fotos de otras agencias para difundir noticias, y señaló que la agencia asiste regularmente a las conferencias diarias de Leavitt.
McFadden dijo en el fallo del martes en el caso, Associated Press v. Budowich, et al, que el gobierno ha sido “descarado” sobre por qué ha excluido a la AP.
“El gobierno no ofrece otra explicación plausible para su trato a la AP", escribió. La Constitución prohíbe la discriminación por puntos de vista, incluso en un foro no público como el Despacho Oval”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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