Archivan investigación sobre familiares de la nueva gobernadora de Puerto Rico
LA NACION
SAN JUAN (AP) — El nuevo secretario de Recursos Naturales de Puerto Rico ha archivado una investigación sobre alegatos de construcción ilegal en una zona protegida en la costa suroccidental de la isla, lo que desató el clamor del público.
La orden administrativa, publicada el jueves por la noche, se emitió después de que la gobernadora Jenniffer González —quien juramentó para el cargo la semana pasada— dijo que la investigación iniciada en el gobierno anterior es una “persecución política”.
La pesquisa apuntaba a presuntos infractores, incluidos los suegros de González, quienes están acusados de talar manglares ilegalmente, y de ampliar y remodelar una plataforma o muelle en su casa en La Parguera, que fue designada reserva natural en 1979 y es conocida por su bahía bioluminiscente.
González y sus suegros —José Vargas e Irma Llavona— han negado las acusaciones.
El jueves, González nombró a Waldemar Quiles para que sea secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) de Puerto Rico. La gobernadora dijo también que la investigación forma parte de un “proceso político” que ocurrió el año pasado antes de las elecciones primarias de su partido, en las que venció a Pedro Pierluisi, quien quería ser reelegido. El exgobernador ha negado previamente que esto se tratara de un supuesto ataque político.
La primera orden administrativa de Quiles fue archivar la investigación y, entre otras cosas, legalizar la presencia de viviendas en La Parguera mediante una cuota que los propietarios deben pagar cada cinco años.
“Eso es ilegal”, dijo Pedro Saadé, un abogado puertorriqueño y experto en derecho ambiental, quien señaló que existe un procedimiento establecido para otorgar concesiones sobre bienes del dominio público.
“¿Cómo tú vas a hacer como primer acto eximir a rajatabla y en forma amplia, todo un renglón de usos ilegales de bienes de dominio público?”, preguntó Saadé sobre la acción del secretario.
En una entrevista telefónica, expresó su preocupación de que la orden establezca un precedente y haga retroceder las protecciones para otras áreas en Puerto Rico mientras la isla batalla con un número creciente de desarrollos ilegales.
El viernes, la presidenta de la sección del Sierra Club en Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, pidió que se rescinda la nominación de Quiles como secretario de Recursos Naturales y criticó su orden.
“Esta acción es una afrenta directa contra la protección ambiental y la justicia”, declaró Vázquez. “Es inaceptable que el secretario del DRNA, cuya misión debería ser salvaguardar nuestros recursos naturales, utilice su posición para beneficiar a los suegros de la gobernadora”.
“Legalizar retroactivamente construcciones que han impactado negativamente una reserva natural protegida no es sólo irresponsable, es ilegal”, añadió Vázquez.
Las primeras estructuras se construyeron en La Parguera alrededor de la década de 1960. Las casas endebles de los pescadores han sido reemplazadas en su mayor parte por viviendas de lujo que los ambientalistas dicen que deben ser eliminadas.
La investigación, que proponía una multa de 25.000 dólares contra los suegros de González, fue encabezada por Anaís Rodríguez, exsecretaria de Recursos Naturales. Ella declaró a la estación de radio WKAQ el año pasado que la investigación contra los suegros de González debería continuar bajo el nuevo gobierno.
El viernes, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, escribió en Facebook que la cámara alta le pedirá a Quiles que explique su orden administrativa. Escribió que los remedios para evitar el “procesamiento selectivo” requieren “cautela, transparencia y firmeza, de modo que se evite caer en lo que podría parecer, percibirse o en efecto ser un beneficio o privilegio selectivo”.
En declaraciones escritas dadas a conocer el viernes, Quiles dijo que su orden administrativa había sido preparada por el gobierno anterior, y que reconoce los derechos adquiridos de las personas que tienen viviendas en La Parguera y establece responsabilidades con las que deben cumplir.
“De esta manera, terminamos con el limbo jurídico que ha perdurado por décadas, el cual ha sido detrimental tanto para los propietarios de las residencias en la Parguera, como para el gobierno de Puerto Rico”, afirmó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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