Aumenta a 121 el número de muertos en redada policial contra banda de narcotráfico en Río de Janeiro
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LA NACION
RÍO DE JANEIRO (AP) — El número de muertos en una enorme redada policial dirigida a una banda de narcotraficantes en Río de Janeiro ha aumentado a al menos 121 personas, informaron las autoridades el jueves.
La operación comenzó el martes en dos de las favelas de la ciudad, desatando intensos tiroteos. Un número desconocido de personas resultaron heridas. Entre los muertos había cuatro policías, según los funcionarios.
El número de muertos aumentó de 119 a 121, pero no se disponía de más detalles sobre las dos nuevas muertes.
Organizaciones de derechos humanos han pedido investigaciones sobre las muertes, describiendo la operación como una de las más violentas en la historia reciente de Brasil.
La policía declaró que la redada siguió a una investigación de un año sobre la banda Comando Vermelho (Rojo) que controla el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en las comunidades de bajos ingresos de Complexo do Alemão y Penha. El grupo se originó en el sistema penitenciario de Río y ha expandido su influencia en los últimos años.
Durante la operación, la policía arrestó a 113 personas, incautaron 118 armas y confiscaron más de una tonelada de drogas, indicó la fuerza.
La violencia interrumpió la vida diaria en los barrios afectados. Las escuelas cerraron, una universidad local canceló las clases y se utilizaron autobuses para bloquear carreteras.
Río ha sido durante mucho tiempo escenario de redadas policiales mortales. En marzo de 2005, 29 personas murieron en la región de Baixada Fluminense, que limita con Río. En mayo de 2021, 28 murieron en una redada en la favela de Jacarezinho.
Sin embargo, la escala de la operación del martes no tuvo precedentes. La acción provocó protestas y acusaciones de uso excesivo de fuerza y llamados a la renuncia del gobernador de Río.
El jueves por la mañana, líderes comunitarios en Penha se reunieron en la sede del grupo de derechos humanos CUFA para preparar apoyo legal para las familias en duelo. Muchas tiendas permanecieron cerradas y la atmósfera era sombría.
La operación policial provocó un debate político nacional. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, inicialmente acusó al gobierno federal de no ofrecer asistencia.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, respondió diciendo que no había recibido ninguna solicitud de ayuda. También defendió la aprobación de un proyecto de ley estancado en el Congreso que integraría los sistemas de inteligencia policial estatal a nivel nacional, una medida que los analistas ven como una fuerte respuesta al crimen organizado.
Castro está afiliado al mismo partido que el expresidente Jair Bolsonaro y forma parte de la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los opositores de Lula buscaron vincular su gobierno con la redada.
El senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, publicó un video afirmando que Lula había abandonado Río de Janeiro.
El gobierno envió representantes al estado el miércoles y anunció la creación de una oficina de emergencia para combatir el crimen organizado en Río de Janeiro.
El jueves por la mañana, Lula firmó una ley que, según el gobierno, fortalece la lucha contra el crimen organizado. La nueva ley criminaliza la conspiración y la obstrucción de acciones contra grupos criminales y aumenta la protección para los funcionarios públicos y sus familias, incluidos los jubilados, siempre que estén en riesgo debido a sus deberes profesionales.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, anunció el jueves por la mañana que un comité del Senado comenzará a investigar la estructura, expansión y operaciones del crimen organizado en Brasil a partir de la próxima semana.
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Gabriela Sá Pessoa reportó desde San Pablo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
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