Boluarte prorroga estado de emergencia en Lima por crimen organizado
LA NACION
El gobierno de Perú anunció este sábado que extendió por 30 días el estado de emergencia en Lima para que los militares sigan apoyando a la policía en la lucha contra el crimen organizado, cuyas extorsiones se han disparado en el último año.
La medida rige desde el 17 de marzo para la capital de 10 millones de habitantes y el puerto vecino de Callao.
La presidenta Dina Boluarte, una de las más impopulares del mundo con un escaso apoyo del 2% en las encuestas, dispuso mediante decreto prorrogar la medida por un mes, según informó el Ministerio del Interior en una nota de prensa.
Bajo el estado de emergencia, la policía "mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas", señaló la cartera.
Asimismo, las autoridades podrán restringir o suspender determinadas libertades públicas como el derecho de reunión y la inviolabilidad de domicilio.
El estado de emergencia regirá por 30 días más para casi un tercio de los 34 millones de peruanos, residentes en Lima y Callao.
De acuerdo con el Ministerio del Interior, desde que entró en vigor la medida de excepción se han "asestado importantes golpes a la criminalidad organizada".
"Se ha logrado la desarticulación de bandas dedicadas a la extorsión y al tráfico ilícito de drogas, así como la captura de sus principales operadores", añadió en el comunicado.
Miles de peruanos se han movilizado este año contra la extorsión en una serie de protestas que han debilitado la imagen del gobierno de Boluarte.
Sólo en Lima, en lo corrido del año han sido asesinados 16 conductores por grupos criminales que los extorsionaban, según la Asociación Nacional de Integración de Transportistas.
Las bandas del crimen organizado exigen el pago de hasta 50.000 soles (13.500 dólares) mensuales a las empresas de transporte. Cuando se rehúsan, atacan a tiros a los vehículos, incluso con pasajeros dentro.
Según la policía, en los primeros cuatro meses de 2025, se han registrado 9.097 denuncias por extorsión en el país. La cifra supera las 7.632 denuncias del mismo período en 2024, y las 6.321 de 2023.
vel/ad
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