Bruselas desoye a España y Francia y considera el sistema energético actual "la mejor opción" para Europa
La Comisión Europea ha defendido este jueves que el actual mercado energético es "la mejor opción" para usuarios y empresas en Europa y ha desoído las peticiones de España, Francia e Italia para reformarlo y mejorar la protección de los consumidores.
"El actual modelo de precios es la mejor opción para los usuarios y negocios europeos", ha señalado la comisaria de Energía, Kadri Simson, tras la reunión de ministros del ramo de los Veintisiete.
Simson se ha hecho eco de las conclusiones preliminares del informe de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), para recordar que establecer mecanismos de fijación de precios alternativos pueden suponer un riesgo para la descarbonización rentable, los intercambios transfronterizos y la seguridad del suministro.
Con todo, ha señalado que el modelo actual "no es perfecto" y que la UE debe estudiar la flexibilidad de la red, incluidos el almacenamiento, los interconectores, las redes inteligentes y la respuesta a la demanda. "El trabajo sobre todas estas cuestiones está en curso", ha defendido.
De esta forma, Bruselas ha vuelto a hacer oídos sordos a la petición liderada por España en coordinación con Francia, Italia, Rumanía y Grecia para abordar una reforma a medio y largo plazo del sistema marginalista que fija los precios de la electricidad.
La comisaria estonia ha insistido en que el precio de la luz ya no se encuentra en su máximo de octubre, aunque los precios altos seguirán hasta la próxima primavera. Según ha señalado, la situación no afecta de igual manera a todos los Estados miembros y son aquellos que tienen más dependencia del gas los que están sufriendo un mayor impacto por la escalada de precios.
En todo caso, ha defendido los instrumentos puestos en marcha por el Ejecutivo europeo para aliviar la escalada de precios y subvencionar parte de las facturas a los colectivos más vulnerables. "Veinte Estados miembros han tomado ya medidas para mitigar el impacto en sus ciudadanos y negocios (..) en nuestra evaluación preliminar, estas medidas ascienden a más de 3.400 millones de euros", ha apuntado.
Bruselas también ha descartado una manipulación en el mercado de emisiones europeo, asegurando que el informe de los reguladores europeos no constata ninguna evidencia. Esta era otra de las denuncias del Ejecutivo español que señaló una creciente especulación en este sector que incide en el aumento del precio de la luz.
Sobre cómo aumentar en el futuro la protección de los consumidores minoristas, otra de las demandas de España, Simson ha señalado la necesidad de aumentar la información y el abanico de contratos energéticos. "En este contexto, también se deben considerar soluciones energéticas flexibles e instrumentos de cobertura a más largo plazo", ha subrayado.
España reclama transformar el mercado eléctrico
España ha vuelto a poner sobre la mesa de los Veintisiete la necesidad de abordar una reforma del modelo eléctrico, al considerar que el sistema marginalista para fijar precios está desprotegiendo a los consumidores.
En este sentido, la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Energética, Teresa Ribera, ha pedido una reforma a medio y largo plazo, ante la posición "inmovilista" de Alemania y otros ocho países del norte, que defienden el funcionamiento del actual sistema.
Ribera ha reclamado un debate "abierto" de aquí a abril, cuando la ACER presente el informe final para estudiar cómo proteger a los consumidores en un contexto de transición 'verde'. A su juicio, la UE debe reformar un sistema que beneficia el alza de los precios y que "no refleja los costes reales" de la energía.
España llegaba a la reunión reclamando junto a Francia, Italia, Rumanía y Grecia, revisar la regulación europea para proteger más a los consumidores y fortalecer la posición de la UE frente a los mercados internacionales del gas, facilitando contratos de suministro a medio y largo plazo con la garantía de un marco único a nivel europeo. Frente a este bloque, otros nueve países, entre ellos Alemania, Dinamarca y Finlandia, ya han mostrado su rechazo frontal a acometer reformas a nivel comunitario.
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