Cerco judicial en torno a los activistas ecologistas en Europa
LA NACION
Varios países europeos están utilizando nuevos mecanismos jurídicos y policiales para restringir las manifestaciones medioambientales, como Italia, donde los cortes de carretera en señal de protesta son ahora un delito penal.
Tras alcanzar su punto máximo en Europa en 2019, el activismo ecologista representado por las "marchas por el clima" está en plena transformación.
Ante las advertencias de los científicos sobre las consecuencias del cambio climático, algunos movimientos adoptaron métodos más radicales, actuando sobre todo contra infraestructuras y grandes empresas.
"Existe una demonización de los activistas ecologistas", señaló Anna Di Ronco, criminóloga de la universidad de Bolonia, "porque estas acciones chocan con poderosos intereses económicos".
Según la investigadora, "la protección del mercado y de la economía justifica la adopción de nuevas leyes que criminalizan o impiden las manifestaciones".
En el Reino Unido, la ley 'Police, Crime, Sentencing and Courts Act', adoptada en 2022 por el gobierno conservador de Boris Johnson, permite a las fuerzas del orden restringir, e incluso prohibir, concentraciones públicas consideradas demasiado ruidosas.
En 2023 una ley de orden público complementó este arsenal jurídico al crear delitos penales para algunas de las formas de desobediencia civil más comunes, como "encadenarse a otra persona, a un objeto o al suelo", o cualquier "interferencia con el uso o funcionamiento de infraestructuras nacionales clave".
En julio de 2024, cinco activistas de Just Stop Oil fueron condenados a penas de entre cuatro y cinco años de prisión por haber preparado, durante una reunión en línea, una acción para bloquear la autopista M25 de Londres en noviembre de 2022.
Sus penas fueron reducidas en apelación a principios de marzo, con un máximo de 30 meses de prisión.
Después de eso, la organización, que exige el fin del uso de energías fósiles para 2030, anunció que ya no llevaría a cabo más acciones de gran impacto.
- Erosión de derechos civiles y políticos -
Aunque las penas de prisión efectiva siguen siendo poco frecuentes, las multas se multiplican y sus montos aumentan considerablemente.
En Italia, una ley contra los "ecovándalos", adoptada en enero de 2024, prevé entre 11.500 y 45.500 dólares de multa por daños a bienes culturales o paisajísticos.
Antes, esas sanciones oscilaban entre 1.700 y 11.500 dólares.
Las recientes acciones de activistas ecologistas que arrojaron pintura sobre monumentos, como La Scala de Milán o la Fontana de Trevi en Roma, están en el punto de mira de las autoridades.
"Las multas, a diferencia de otras penas en el derecho penal, pueden acumularse. Puedes colocar a alguien muy rápidamente en una situación financiera insostenible", destacó Olivier Cahn, profesor de Derecho en la universidad París Nanterre.
A estas nuevas leyes se suma "el uso de leyes originalmente concebidas para combatir el terrorismo y el crimen organizado contra los defensores del medio ambiente", recalcó Oscar Berglund, politólogo de la Universidad de Bristol y coautor de un informe sobre la criminalización de los activistas ecologistas.
En España, miembros del grupo ecologista Futuro Vegetal, conocido por acciones de vandalismo o bloqueos de carreteras, fueron acusados de "pertenencia a una organización criminal".
En Francia, el gobierno fue acusado de expulsar a activistas ecologistas extranjeros en el marco de unas manifestaciones celebradas en Sainte-Soline, en el oeste del país, en marzo de 2023.
Se trata de "prohibiciones administrativas de ingreso al territorio", en virtud de una ley antiterrorista de 2014 inicialmente prevista para yihadistas.
Posteriormente, el gobierno decretó la disolución del movimiento Les Soulèvements de la Terre, organizador de esas manifestaciones, en virtud de la llamada ley del separatismo, aprobada en 2021 para combatir el islamismo radical.
Una decisión que el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Francia, anuló en noviembre de 2023 al considerar que hubo "incitación a la violencia contra bienes, pero no suficiente para justificar una disolución".
Acusaciones similares se dirigen contra el colectivo alemán Letzte Generation, cuya rama austríaca cesó sus acciones desde agosto de 2024, al no ver "ninguna perspectiva de éxito".
"Estas persecuciones contra movimientos no violentos no tienen precedentes", observó Berglund, subrayando que estas leyes "normalmente se utilizan contra organizaciones mafiosas".
En Alemania, dichas leyes otorgan a las autoridades amplios poderes de investigación, como escuchas telefónicas, registros y vigilancia acústica de los domicilios.
"Medidas como estas no son necesarias", consideró el investigador, para quien "los derechos civiles y políticos de los ciudadanos europeos se están erosionando poco a poco".
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