Chile: dimite ministra de Defensa ante polémica por fallida compraventa de casa de Salvador Allende

SANTIAGO (AP) — La ministra de Defensa de Chile, Maya Fernández y nieta del expresidente Salvador Allende, presentó el lunes su renuncia al cargo en medio de la controversia generada por la fallida compraventa de la casa del exmandatario y la inminente apertura de un juicio político en su contra por una presunta infracción constitucional.

El mandatario Gabriel Boric informó a través de un comunicado emitido por presidencia que ha aceptado la renuncia de la titular y agradeció el “compromiso y trabajo desempeñado” por Fernández al frente de la cartera, que será asumida ahora por Adriana Delpiano, quien ejerció como ministra de Educación entre 2015 y 2018.

La decisión se produce dos meses después de que la fiscalía chilena abriera una investigación para averiguar la fallida compra de la vivienda del expresidente Salvador Allende —abuelo de Fernández-- por parte del Estado, un caso que ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Boric, ya que juristas y legisladores han apuntado que la operación violaría un artículo de la Constitución.

Asimismo, se da ante las crecientes críticas de la oposición y la inminente presentación de una acusación constitucional —como se conoce en Chile un juicio político con fines de destitución-- en contra de la ahora exministra de Defensa.

Aunque no ha brindado más detalles sobre las circunstancias de la dimisión, la vocera del gobierno, Aisén Etcheverry, indicó en una rueda de prensa que la renuncia se trató de una decisión “personal” de Fernández, quien “de manera muy responsable decide dar un paso al costado” en medio de las presiones.

La compraventa de la histórica casa de Allende generó controversias después de que el gobierno de Boric anunció el 31 de diciembre la adquisición del inmueble por más de 900.000 dólares con fines de convertirlo en una casa-museo para preservar el legado del exmandatario socialista.

Sin embargo, la transacción nunca llegó a ser concluida debido a una serie de errores técnicos y jurídicos, así como duras críticas de la oposición, que sostiene que la operación infringe un artículo de la Carta Magna que prohíbe a legisladores y ministros realizar contratos con el Estado.

A finales de enero, Fernández, una de las coproprietarias del inmueble, llegó a comparecer ante los fiscales en el marco del caso, así como la senadora socialista Isabel Allende, hija del expresidente y administradora del inmueble, y la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, destituida a inicios de año por el manejo de su cartera en el caso.

En los últimos meses, la tensión aumentó y llevó a que partidos de la oposición presentaran al Tribunal Constitucional un requerimiento para destituir a Allende de su escaño en el Senado, que sigue en debate, mientras que parlamentarios de la oposición han insistido en la destitución de Fernández a fin de evitar un proceso político en su contra.

Desde que el caso explotó, el presidente chileno —un confeso admirador del expresidente Allende y quien se propuso desde que asumió la presidencia en 2022 impulsar la preservación de su legado— ha evitado manifestarse públicamente sobre los hechos.

Elegido en 1970, Allende es una de las figuras más emblemáticas de la política chilena.

Tras tres años de gobierno, marcado por los problemas económicos y el conflicto con Washington por el temor a que instaurase un gobierno comunista, el socialista se suicidó el 11 de septiembre de 1973 durante el asalto al Palacio de La Moneda comandado por el general Augusto Pinochet.

El golpe de Estado militar encabezado por Pinochet, que incluyó el bombardeo del palacio presidencial de Santiago, donde se había refugiado Allende, marcaría el inicio de la dictadura militar que gobernaría el periodo más oscuro de la historia moderna de Chile, entre 1973 y 1990.

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