Cientos de jóvenes salen a las calles de Perú para exigir justicia por la muerte de un manifestante
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LA NACION
LIMA (AP) — Colectivos juveniles de Perú protagonizaron el sábado una nueva movilización para exigir la renuncia del presidente interino José Jerí y reclamar justicia por la muerte de un manifestante hace más poco más de una semana.
La denominada Generación Z inició sus protestas hace varias semanas en la capital, Lima, para expresar su rechazo al gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), quien fue destituida por el Congreso en medio de la indignación ciudadana ante la escalada de violencia en la nación andina.
Tras la salida de Boluarte, las protestas continuaron en contra de Jerí, quien durante su etapa como legislador votó a favor de una serie de iniciativas que los colectivos exigen que sean derogadas, argumentando que debilitan la lucha contra el crimen.
El pasado 15 de octubre, el cantante de música urbana Eduardo Mauricio Ruiz Sanz falleció durante una protesta en Lima, después de recibir un disparo que se atribuye a las fuerzas policiales. Entre policías y manifestantes, más de un centenar de personas resultaron heridas.
Rodrigo Noblecilla, abogado de la Familia Ruiz Sanz —quien participó en la marcha del sábado— declaró a radio RPP que buscan “justicia para Eduardo y para todos los muertos por las protestas” en el país.
La protesta inició en un parque de la capital, donde se congregaron ciudadanos y organizaciones sociales, sindicales y feministas para marchar hacia la sede legislativa.
Cargando ataúdes de cartón con cruces y la imagen de Ruiz Sanz, y de otras personas que han perdido la vida en distintas protestas de los últimos años, los asistentes avanzaron entre las calles de la capital en medio de consignas y el sonido de tambores, mientras ondeaban banderas del país.
El gobierno de Jerí decretó el miércoles un estado de excepción por 30 días en Lima que restringe varios derechos constitucionales con el objetivo de facilitar el trabajo policial y frenar el crimen, dijo.
Perú ha decretado estados de excepción sin éxito en otras ocasiones en un intento por frenar las extorsiones y asesinatos, los cuales subieron de 676 casos en 2017 a 2082 en 2024, según datos de la fiscalía. En tanto que las denuncias por extorsión aumentaron de 2305 en 2020 a 21.746 el año pasado.
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