Colombia. La JEP califica de genocidio la matanza de más de 5.700 miembros de Unión Patriótica durante décadas

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia (JEP) —el tribunal surgido de los acuerdos de 2016— ha calificado de genocidio el exterminio que mató a unas 5.730 personas, entre simpatizantes, candidatos, cargos públicos y miembros de la Unión Patriótica (UP), surgida en 1985 como parte de una propuesta de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La JEP ha determinado que, en el marco del Caso 06, son genocidio los crímenes contra Unión Patriótica que dejaron al menos 8.924 víctimas, entre ellas 5.729 asesinadas o desaparecidas, y 3.200 que sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, arrestos arbitrarios y violencia sexual.

Asimismo, ha responsabilizado de estos hechos a cinco generales retirados del Ejército de Colombia, quienes se sirvieron del apoyo de los grupos paramilitares para llevar a cabo estos ataques sistemáticos para los que se llevó a cabo previamente una campaña para estigmatizar y demonizar al partido.

La retórica que colocaba a Unión Patriótica como "brazo político de las FARC" y se difundía desde las agencias de Inteligencia militar acabó por justificar la violencia contra el partido, así como el abandono del resto de las estructuras del Estado, ha recordado en su fallo la JEP.

La JEP ha identificado tres modalidades de exterminio: el asesinato de campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP; de funcionarios, líderes locales y cargos electos en núcleos urbanos, y la masacre y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido.

Los cinco oficiales tienen ahora 30 días hábiles para aceptar o rechazar las acusaciones. En caso de reconocer los hechos, la JEP podría imponer penas de entre cinco y ocho años de restricción de movimientos. De no hacerlo, sus casos pasarán a otra instancia y podrían enfrentarse a condenas de hasta 20 años de prisión.

Hace ahora un mes, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió perdón en nombre del Estado por estos hechos que se repitieron durante 28 años con asidua impunidad entre las décadas de los 80 y 90, una vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se pronunciara en 2024 a favor del partido.

"El Estado colombiano debe pedir perdón, no ofrecerlo, porque es corresponsable de un genocidio político", dijo Petro en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), en Santa Marta.

La Corte IDH señaló entonces que los crímenes contra Unión Patriótica se cometieron con "la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades" en respuesta al rápido ascenso del partido entre el electorado, en especial en zonas con presencia guerrillera y campesina.

El fallo puso de relieve la "alianza" que se gestó entre grupos paramilitares y amplios poderes económicos y de la política tradicional para "contrarrestar" el empuje de estas siglas durante el nuevo escenario político.

No fue hasta 2022, con la llegada del presidente Petro al poder, que el partido entró por primera vez a ser parte de un gobierno dentro de la coalición Pacto Histórico, después de que hasta dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal, en 1986, y Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990, fueran asesinados.

Desde diciembre de este año, el partido forma parte de una alianza junto a Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista Colombiano, denominada Pacto Histórico, con personería jurídica propia y reemplazando a la coalición homónima que aglutinó a las fuerzas que auparon a Petro.