Corte Internacional de Justicia: Presencia de Israel en territorios palestinos ocupados es ilegal
LA HAYA, Holanda (AP) — La Corte Internacional de Justicia dijo el viernes que la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados es ilegal, y pidió poner fin a dicha presencia y a detener de inmediato la construcción de asentamientos, emitiendo una condena generalizada y sin precedentes del dominio israelí sobre las tierras que capturó hace 57 años.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu criticó rápidamente el dictamen no vinculante emitido por el panel de 15 jueces de la CIJ, y alegó que los territorios forman parte de la "patria” histórica del pueblo judío. Pero la rotunda amplitud de la decisión podría repercutir en la opinión internacional y avivar los movimientos a favor del reconocimiento unilateral de un Estado palestino.
Los jueces señalaron una amplia lista de políticas, entre ellas la construcción y expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, el uso de los recursos naturales de la zona, la anexión e imposición de un control permanente sobre las tierras, y las políticas discriminatorias contra los palestinos, todo lo cual —señaló— viola el derecho internacional.
La CIJ declaró que Israel no tenía derecho a la soberanía en los territorios, que violaba las leyes internacionales contra la adquisición de territorios por la fuerza y que obstaculizaba el derecho de los palestinos a la autodeterminación. Afirmó que otras naciones estaban obligadas a no “prestar ayuda o asistencia para mantener” la presencia de Israel en los territorios. Según un resumen del dictamen de más de 80 páginas leído por el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, Israel debe poner fin de inmediato a la construcción de asentamientos y eliminar los existentes.
El “abuso por parte de Israel de su condición de potencia ocupante” hace que su “presencia en el territorio palestino ocupado sea ilegal”, falló el tribunal, afirmando que debe ponerse fin a su presencia “lo antes posible”.
El dictamen de la CIJ, solicitado por la Asamblea General de la ONU tras una petición palestina, se produjo en el contexto del devastador ataque militar israelí contra Gaza, desencadenado por la incursión liderada por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre. En un caso aparte, la CIJ está estudiando una demanda sudafricana según la cual la campaña de Israel en Gaza equivale a un genocidio, un acusación que Israel refuta vehementemente.
La CIJ declaró que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad —donde Estados Unidos, firme aliado de Israel, tiene derecho de veto— deben estudiar “las modalidades precisas” para poner fin a la presencia de Israel en los territorios.
Israel, que normalmente considera que Naciones Unidas y las cortes internacionales son injustas y parciales, no envió un equipo jurídico a las audiencias. En su lugar, presentó comentarios por escrito, afirmando que las preguntas formuladas a la CIJ son prejuiciosas y no abordan las preocupaciones israelíes en materia de seguridad. Funcionarios israelíes han afirmado que la intervención de la CIJ podría socavar el proceso de paz, estancado desde hace más de una década.
“El pueblo judío no es conquistador en su propia tierra: ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria”, dijo Netanyahu en un comunicado emitido por su oficina, utilizando los términos bíblicos para referirse a Cisjordania. “Ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica, y del mismo modo, la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra patria no puede ser cuestionada”.
En declaraciones a la salida de la CIJ, Riad Malki, asesor del presidente palestino Mahmud Abás, señaló que el dictamen representaba un “momento decisivo para Palestina, para la justicia y para el derecho internacional”.
Afirmó que otras naciones deben ahora “respetar las claras obligaciones" señaladas por el tribunal. "Ninguna acción de ningún tipo... para apoyar la ocupación ilegal de Israel”.
Hamás recibió con satisfacción la decisión de la CIJ y afirmó en un comunicado que deben tomarse “medidas serias sobre el terreno” en respuesta.
Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en la guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos quieren las tres zonas para un Estado independiente.
Israel considera que Cisjordania es un territorio en disputa, cuyo futuro debe decidirse en negociaciones, por lo que ha trasladado población allí en asentamientos para consolidar su dominio. Se ha anexionado Jerusalén Este en un movimiento que no está reconocido internacionalmente, y se retiró de Gaza en 2005 pero mantuvo el bloqueo del territorio después de que Hamás tomara el poder en 2007. En general, la comunidad internacional considera que las tres zonas son territorio ocupado.
La decisión del tribunal afecta al núcleo de la ambigüedad de la administración israelí de los territorios. Israel no se ha anexionado Cisjordania, aunque los grupos de colonos le han presionado para que lo haga, pero la considera parte de su patria y la ha tratado como una extensión de la nación. Junto con los asentamientos, se ha apropiado de grandes franjas del territorio como “tierras estatales”. Al mismo tiempo, el gobierno de Netanyahu ha rechazado repetidamente la creación de cualquier Estado palestino. La Autoridad Palestina de Abás se ha limitado a controlar enclaves divididos y dispersos por Cisjordania.
Los palestinos presentaron sus argumentos en las audiencias celebradas en febrero, junto con otros 49 países y tres organizaciones internacionales. En las audiencias, Malki acusó a Israel de segregación racial e instó a la CIJ a declarar que la ocupación israelí de las tierras que pretenden los palestinos es ilegal y debe terminar inmediata e incondicionalmente para que sobreviva cualquier esperanza de un futuro con dos Estados.
Erwin van Veen, investigador principal del grupo de reflexión Clingendael de La Haya, declaró antes del dictamen que una sentencia que declarara que las políticas de Israel infringen el derecho internacional “aislaría aún más a Israel internacionalmente, al menos desde un punto de vista jurídico”.
Dijo que tal fallo eliminaría “cualquier tipo de sustento legal, político y filosófico del proyecto de expansión israelí”. También podría aumentar el número de países que reconocen un Estado palestino, en particular en el mundo occidental, siguiendo el ejemplo reciente de España y Noruega e Irlanda, dijo.
No es la primera vez que se pide a la CIJ que emita su opinión jurídica sobre las políticas israelíes. Hace dos décadas, la CIJ dictaminó que la barrera de separación de Cisjordania por parte de Israel era “contraria al derecho internacional”. Israel boicoteó aquellos procedimientos, alegando que estaban motivados políticamente.
