Corte suprema argentina confirma condena a prisión por corrupción de expresidenta Cristina Fernández

BUENOS AIRES (AP) — La Corte Suprema argentina ratificó el martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández por corrupción, lo que deja a la líder del peronismo opositor y principal figura política de las últimas dos décadas a las puertas de un arresto.

Los tres jueces de la corte, la máxima instancia judicial, rechazaron el recurso de queja presentado por Fernández (2007-2015) en marzo pidiendo que se revisara la sentencia por el delito de administración fraudulenta dictada en 2022 por un tribunal federal y luego ratificada por la principal cámara penal, según la resolución del tribunal a la que tuvo acceso The Associated Press.

De esta forma quedó vigente la pena de cárcel e inhabilitación, por lo que Fernández no podrá competir en septiembre por una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, tal como había anunciado.

Ahora el tribunal oral que dictó el fallo condenatorio hace tres años deberá disponer el arresto de la dirigente peronista, quien se considera víctima de una persecución judicial orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político. Se espera que la defensa de Fernández solicite el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, uno de los atenuantes que contempla la ley.

La también exvicepresidenta (2019-2023) fue condenada en 2022 tras ser hallada culpable de haber cometido un fraude millonario al Estado durante su presidencia mediante la asignación irregular de fondos estatales a un empresario allegado para la realización de obras públicas.

Cuando se conoció el fallo, decenas de militantes del peronismo le manifestaron su apoyo a la dirigente, que se encontraba reunida con senadores de su fuerza política en la sede del partido. En tanto, grupos cortaban algunos caminos de acceso a la ciudad y sindicatos afines al peronismo anticiparon huelgas y marchas en contra de la decisión de la Corte.

Fernández afirmó la víspera que, si iba presa, el peronismo seguirá de pie. “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor. No hay solución para el país con esta política.

Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones (legislativas de octubre) no haya alternativa organizada para conducir un proceso político que requiere patriotismo y coraje”, insistió en alusión a las consecuencias que podrían acarrear las políticas de ajuste del presidente ultraderechista Javier Milei.

El abogado Gregorio Dalbón, uno de los representantes legales de Fernández, anunció que “vamos a llevar este caso ante todos los organismos internacionales de derechos humanos: la Comisión y la Corte Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y todos los foros multilaterales donde se defienda el Estado de Derecho”.

“Cristina está siendo juzgada por un sistema que ya la condenó sin pruebas, sin juicio y sin justicia. Lo que está en juego no es solo su libertad, sino el pacto democrático”, argumentó el abogado.

La causa judicial, que comenzó en 2016, comprobó irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) —difunto marido de Fernández— y en los que ella fue mandataria.

Según la justicia, durante esos gobiernos tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública y estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (algo más de US$70 millones, al cambio actual).

Las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20%.

Fernández ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados y denunció que muchas de las pruebas fueron sumadas fuera de los plazos legales y sin que su defensa tuviera acceso a ellas. Ese planteo fue el que presentó ante la Corte Suprema y fue rechazado el martes.

La exmandataria tiene por delante un complicado escenario judicial. El 6 de noviembre comenzará a ser juzgada como presunta jefa una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a empresarios vinculados con la obra pública.

Otro proceso, aún sin fecha de inicio definida, girará en torno a la firma de un memorando de entendimiento con Irán en 2013. Según la justicia ello habría permitido el encubrimiento de los iraníes imputados por la justicia argentina en la causa por el atentado terrorista de 1994 contra una asociación judía en Buenos Aires.

En un tercer caso será juzgada bajo la acusación de lavado de activos y asociación ilícita por un presunto esquema mediante el que empresarios favorecidos con obra pública habrían pagado alquileres de propiedades pertenecientes a la exmandataria y a sus hijos como retorno de las adjudicaciones.

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Las periodistas de The Associated Press Almudena Calatrava y Débora Rey contribuyeron en esta nota.

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