Cuestionado juez abre proceso a funcionaria del presidente en Guatemala

Un juez considerado "corrupto" y "antidemocrático" por Estados Unidos y la Unión Europea, abrió este viernes un proceso a una funcionaria cercana al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, detenida por una causa contra el partido oficialista Semilla.
"Se dicta auto de procesamiento" contra Ligia Hernández, jefa del Instituto de la Víctima, arrestada el martes, dijo el cuestionado juez Fredy Orellana en la audiencia de primera declaración, al afirmar que "existen indicios racionales suficientes" contra la funcionaria, exdiputada de Semilla.
En la audiencia, la fiscal Leonor Morales imputó a Hernández los supuestos delitos de financiamiento electoral no registrado y obstrucción para la "fiscalización electoral de fondos".
Según la fiscal, también sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, Hernández como secretaria general adjunta del partido en 2019 "ocultó" información sobre aportes financieros a la agrupación.
Ahora la fiscalía tendrá tres meses para ampliar la investigación mientras Hernández, quien se abstuvo de declarar, seguirá en prisión preventiva en un cuartel militar de la capital "por peligro de fuga", según dispuso Orellana.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) inició en 2023 una cuestionada investigación contra Semilla después de que Arévalo dio la sorpresa al colarse al balotaje presidencial, lo que encendió las alarmas entre las élites acusadas de corrupción.
El caso se basa en supuestas anomalías en la conformación del partido, entre ellas una presunta trama de lavado de dinero por la que la cuestionada fiscalía también ha buscado retirarle la inmunidad a Arévalo.
Semilla está suspendido por orden de Orellana, quien está sancionado por Estados Unidos por considerarlo "corrupto". En febrero, la Unión Europea también sancionó al juez y a la fiscal Morales por "socavar" la democracia.
El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, condenó "enérgicamente" el miércoles la detención de Hernández y rechazó "los continuos esfuerzos [de la fiscalía] por criminalizar a los actores democráticos y anticorrupción".
La fiscal general, Consuelo Porras, sancionada también por Washington y Bruselas, libra una disputa sin tregua contra Arévalo.
El presidente socialdemócrata, quien asumió el poder en enero, carece de facultades para remover a Porras, cuyo mandato culmina en mayo de 2026.
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