Decomisan cargamento de armas en alta mar dirigido a Ecuador en operación conjunta con EEUU
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LA NACION
QUITO (AP) — Cerca de medio centenar de armas de grueso calibre que iban dirigidas a Ecuador, aparentemente para ser empleadas en actividades delictivas, fueron decomisadas en alta mar en una operación de la policía nacional en coordinación con efectivos de Estados Unidos, informaron el lunes autoridades gubernamentales y de la Marina.
El ministro del Interior, John Reimberg, dijo en su cuenta de X que, mediante trabajo coordinado, fueron interceptadas embarcaciones que transportaban ese cargamento que iba a ser ingresado a suelo ecuatoriano de forma ilegal. No dio detalles sobre la cantidad o el tipo de armamento.
Añadió que el arsenal incautado está siendo transportado a un puerto en las islas Galápagos, en medio del océano Pacífico y a 1000 kilómetros de las costas de Ecuador.
Desde inicios de 2021 este país sudamericano atraviesa una creciente ola de violencia criminal por parte de bandas que operan en coordinación con cárteles de Colombia y México para el tráfico de narcóticos, especialmente cocaína.
Un comunicado de la Marina precisó que el armamento encontrado estaba dentro de ocho bultos que flotaban en el espacio marítimo de Galápagos, cerca de los cuales navegaban dos embarcaciones, que no tenían, al igual que sus tripulantes, documentos de navegación. Los dos barcos y 50 tripulantes fueron detenidos.
Ese material bélico, dijo la Marina, estaba destinado presuntamente a “actividades delictivas dentro del país” y “vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado”.
En una fotografía del material incautado se puede observar cerca de medio centenar de armas de grueso calibre, algunas de ellas montadas sobre sendos trípodes que aparentan ser rifles de alta potencia y precisión. No se informó de dónde vino el armamento.
Según cifras oficiales, la violencia criminal ha provocado un aumento del delito de extorsión, sumando 23.090 casos el año pasado, lo que supone un 205% de incremento anual, mientras que los secuestros registrados fueron 2108, con un incremento de 193%. En tanto, la minería ilegal mueve US$3500 millones al año.
Las muertes violentas fueron 8248 en 2023 —cuando el país registró un récord— y 7063 en 2024, mientras que en lo que va del año suman 6797, según estadísticas del Ministerio del Interior.
Para hacer frente a esta escalada de violencia, el presidente Daniel Noboa decretó a inicios de 2024 el estado de conflicto armado interno, lo que permitió la acción conjunta de militares y policías en el control de la seguridad en las calles y en las cárceles, escenario de frecuentes y violentos motines.
Organismos de derechos humanos y de la oposición han denunciado el accionar desmedido de las fuerzas de seguridad.
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